La Fiscal¨ªa reclama m¨¢s de 100 a?os de c¨¢rcel para el juez y el fiscal que iniciaron la investigaci¨®n del ¡®caso Cursach¡¯ en Baleares
El ministerio p¨²blico les acusa de autorizar detenciones ilegales y filtrar informaci¨®n secreta. El caso, que arranc¨® como una gran trama de corrupci¨®n policial, acab¨® en la absoluci¨®n de todos los procesados
La Fiscal¨ªa reclama 239 a?os de prisi¨®n, en total, para el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel ?ngel Subir¨¢n, que dirigieron durante a?os la instrucci¨®n del caso Cursach, la causa que investigaba una supuesta trama de connivencia entre la polic¨ªa local de Palma y el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca, Bartolom¨¦ Cursach. La Audiencia Provincial de Baleares absolvi¨® el mes pasado a todos los acusados despu¨¦s de que la fiscal¨ªa ¡ªya con otros responsables al frente¡ª retirara, en las ¨²ltimas sesiones del juicio, todos los cargos que pesaban sobre ellos. Ahora, esos mismos fiscales reclaman casi 600 a?os de c¨¢rcel para el exjuez, el exfiscal y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Polic¨ªa Nacional de Baleares por presuntos delitos de revelaci¨®n de secretos, detenci¨®n ilegal, obstrucci¨®n a la justicia y prevaricaci¨®n judicial cometidos durante los a?os que estuvieron al cargo de las pesquisas contra el magnate del ocio mallorqu¨ªn.
El escrito de acusaci¨®n, de 32 p¨¢ginas y remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, est¨¢ firmado por Tom¨¢s Herranz y Fernando Bermejo, ambos fiscales de Madrid designados por la Fiscal¨ªa General del Estado para dirigir la investigaci¨®n sobre su excolega Subir¨¢n y el resto de investigadores. Reclaman 118 a?os de c¨¢rcel para Penalva por un delito de revelaci¨®n de secretos, 15 delitos de detenci¨®n ilegal, dos de obstrucci¨®n a la justicia y dos de prevaricaci¨®n judicial. Para Subir¨¢n solicitan una condena de 121 a?os y ocho meses de c¨¢rcel por los mismos delitos y suman adem¨¢s uno de falso testimonio. Para los cuatro agentes de la Polic¨ªa Nacional las penas solicitadas van de los 83 a los 110 a?os de c¨¢rcel por un rosario de delitos similares. El ministerio p¨²blico tambi¨¦n reclama elevadas penas de inhabilitaci¨®n para el juez y el fiscal ¡ªm¨¢s de 150 a?os para cada uno¡ª, as¨ª como el pago de multas: alrededor de 100.000 euros para los seis acusados, a quienes tambi¨¦n se pide que indemnicen de forma solidaria, en concepto de da?os morales, a las quince personas que fueron injustamente privadas de libertad. El juez Penalva fue jubilado por incapacidad por el Consejo del Poder Judicial en julio de 2021; el fiscal Subir¨¢n se jubil¨® en junio de 2020 a los 59 a?os. Ambos hab¨ªan sido apartados de la instrucci¨®n del caso meses antes.
A lo largo del escrito, los fiscales Herranz y Bermejo desgranan las presuntas ilegalidades cometidas por los instructores durante a?os de investigaci¨®n, que naci¨® en 2013 del supuesto ama?o de un concurso de ascenso en la Polic¨ªa Local de Palma y se fue ampliando con m¨²ltiples piezas separadas que indagaban desde un presunto trato de favor de los agentes municipales a los negocios de Cursach hasta el concurso de adjudicaci¨®n del servicio de aparcamiento regulado de Palma. Los fiscales mencionan una a una hasta 27 presuntas filtraciones que los acusados realizaron a medios de comunicaci¨®n que publicaron despu¨¦s la informaci¨®n en forma de noticia. Acusan al exjuez Penalva de crear en 2016 un grupo de WhatsApp para compartir informaci¨®n sobre la causa que posteriormente terminaba en los medios de comunicaci¨®n sin que ninguno de los acusados ¡°impidiera o evitara tal divulgaci¨®n, ni investigara qui¨¦n filtraba tal informaci¨®n¡±.
La acusaci¨®n se centra en los presuntos delitos cometidos por los seis acusados durante la instrucci¨®n del llamado caso Ora, que investig¨® el ama?o de un concurso para la adjudicaci¨®n del servicio de estacionamiento regulado de la capital balear y que culmin¨® con la detenci¨®n de doce personas. Los fiscales son cr¨ªticos con la apertura de esta pieza separada, basada, dicen, en la declaraci¨®n de un testigo protegido de contenido ¡°completamente inconcreto y especulativo¡±. Sostienen los fiscales que buena parte de esa investigaci¨®n se bas¨® en un informe elaborado por uno de los agentes de polic¨ªa acusados y que fue realizado ¡°sin el estudio de las propuestas t¨¦cnicas¡± y careciendo de los conocimientos necesarios. ¡°Pese a que los polic¨ªas investigadores hab¨ªan reconocido las carencias de sus conocimientos sobre contrataci¨®n administrativa y con un m¨ªnimo o inexistente bagaje indiciario se decidi¨® conjuntamente por los acusados la detenci¨®n de las citadas 12 personas¡±, dicen los fiscales, que tambi¨¦n desgranan una cascada de presiones a detenidos, investigados y testigos.
Entre los episodios plasmados en el documento figura la lectura a algunos investigados, por parte del juez, de las declaraciones de otras personas envueltas en la causa que pasaron de imputados a testigos, con el objetivo de disuadirles para que reconsiderasen su versi¨®n de los hechos. Los fiscales tambi¨¦n acusan al fiscal y a los polic¨ªas de amenazar a los investigados con ¡°dormir en los calabozos¡±, presionarles para delatar a algunos implicados o mantenerlos en los calabozos de la Jefatura de Polic¨ªa presion¨¢ndoles para que declararan contra otros implicados. Y sostienen que el juez ten¨ªa decidida la medida de prisi¨®n provisional contra dos de los acusados, un empresario y un funcionario que pasaron 21 d¨ªas en prisi¨®n, antes de escuchar su declaraci¨®n en el juzgado. El escrito tambi¨¦n ahonda en la ¡°meta¡± de los investigadores de demostrar la implicaci¨®n del concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma, ?lvaro Gij¨®n, en las investigaciones del ama?o del concurso p¨²blico y les acusa de ¡°decidir entre todos¡± las detenciones de sus padres y su hermano para ejercer presi¨®n sobre el pol¨ªtico.
El duro escrito de la fiscal¨ªa supera con mucho al que present¨® el propio empresario Bartolom¨¦ Cursach, que reclama una condena de 32 a?os y medio para Penalva y 37 y medio para Subir¨¢n.
El caso Cursach finaliz¨® su periplo en los tribunales el pasado diciembre con la absoluci¨®n de los 17 investigados que llegaron a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial. En una de las ¨²ltimas sesiones del juicio el fiscal Tom¨¢s Bermejo, que ahora firma el escrito de acusaci¨®n, pidi¨® perd¨®n entre l¨¢grimas a los acusados, a los que reconoci¨® su condici¨®n de v¨ªctimas de una injusticia. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial reclam¨® que se investigase a los principales instructores del caso.
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