La reforma de la ley franquista de Secretos Oficiales se aplaza de nuevo

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales, un vestigio del franquismo que a¨²n condiciona la democracia espa?ola 47 a?os despu¨¦s de la muerte del dictador, tendr¨¢ que seguir esperando. Algunas fuentes gubernamentales alegan que en los meses que quedan hasta las elecciones generales, previstas para final de a?o, no hay tiempo para tramitarla y que el Gobierno tiene otras prioridades para la recta final de la legislatura. Otras fuentes del Ejecutivo sostienen, por su parte, que a¨²n ser¨ªa posible sacarla adelante, p...

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales, un vestigio del franquismo que a¨²n condiciona la democracia espa?ola 47 a?os despu¨¦s de la muerte del dictador, tendr¨¢ que seguir esperando. Algunas fuentes gubernamentales alegan que en los meses que quedan hasta las elecciones generales, previstas para final de a?o, no hay tiempo para tramitarla y que el Gobierno tiene otras prioridades para la recta final de la legislatura. Otras fuentes del Ejecutivo sostienen, por su parte, que a¨²n ser¨ªa posible sacarla adelante, pero reconocen que no hay fecha para que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el texto, y condicionan su remisi¨®n a las Cortes a que se logre un acuerdo previo con los grupos parlamentarios y a contar con el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todav¨ªa pendiente.

El Consejo de Ministros aprob¨® el 1 de agosto del a?o pasado el anteproyecto de ley de Informaci¨®n Clasificada, que vendr¨ªa a derogar la norma vigente desde 1968 y retocada en 1978, antes de la entrada en vigor de la Constituci¨®n. El Gobierno respond¨ªa as¨ª a una vieja a demanda de historiadores, investigadores, documentalistas y periodistas, que denuncian desde hace a?os que Espa?a es uno de los pocos pa¨ªses que no tienen un plazo de desclasificaci¨®n autom¨¢tica de documentos, de forma que aquellos que un d¨ªa se declararon secretos lo siguen siendo indefinidamente. Tambi¨¦n se trataba de adaptar la legislaci¨®n espa?ola a las de la OTAN y la Uni¨®n Europea para facilitar el intercambio de documentos clasificados con socios y aliados.

A partir de entonces se inici¨® el tr¨¢mite de consulta del texto antes de su aprobaci¨®n en segunda vuelta por parte del Gobierno. Se aplic¨® incluso un procedimiento de urgencia y se redujo a solo siete d¨ªas h¨¢biles el plazo para presentar alegaciones por parte de ciudadanos y ONG. Sin embargo, el anteproyecto encall¨® cuando le toc¨® el turno a los ¨®rganos consultivos del Estado y todav¨ªa est¨¢ pendiente el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque no es imprescindible ¡ªel CGPJ ha superado con creces el plazo que tiene para emitir su opini¨®n¡ª, fuentes gubernamentales alegan que prefieren esperar a la ¡°tramitaci¨®n completa¡± del texto y a contar con la opini¨®n del Poder Judicial sobre el mismo antes de remitirlo al Congreso.

M¨¢s dif¨ªcil parece lograr el consenso previo de los otros grupos para asegurarse de que no naufraga en el Congreso. Cuando se conoci¨® el anteproyecto, los socios del PSOE, desde Unidas Podemos al PNV, se mostraron muy cr¨ªticos, entre otros aspectos, con el plazo excesivamente largo ¡ª50 a?os ampliables a 65¡ª para desclasificar los altos secretos. Aunque La Moncloa mostr¨® inter¨¦s en consensuar el texto con el Grupo Popular, apelando a que se trata de un ¡°asunto de Estado¡±, la posibilidad de lograr un pacto con el partido de Alberto N¨²?ez Feij¨®o en un a?o salpicado de citas electorales resulta remota.

Durante los ¨²ltimos meses, seg¨²n las fuentes consultadas, se han introducido algunos cambios en el texto ya conocido. A petici¨®n de las asociaciones de la prensa, se ha reconocido a los periodistas la capacidad para recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la clasificaci¨®n de un documento como secreto, una posibilidad que hasta ahora se limitaba a quienes estuvieran ¡°directamente afectados por su contenido¡± o acreditasen un ¡°derecho o inter¨¦s leg¨ªtimo¡± en el mismo, lo que dejaba la interpretaci¨®n en manos del juez. Tambi¨¦n se ha aclarado, seg¨²n las fuentes consultadas, que las multas de hasta tres millones previstas por difundir informaci¨®n clasificada como secreta no se aplicar¨¢n a quienes ejerzan el derecho constitucional a la informaci¨®n; algo que, seg¨²n el Gobierno, estaba ¡°impl¨ªcito¡± en el texto inicial y que ahora se deber¨ªa poner blanco sobre negro.

Aun as¨ª, son muchos los puntos pol¨¦micos de la ley, como la amplitud de asuntos que pueden ser clasificados (de los ¡°intereses econ¨®micos e industriales¡± de Espa?a al ¡°funcionamiento de los servicios p¨²blicos¡±) o la cantidad de autoridades que pueden clasificar (incluidos embajadores y responsables de polic¨ªas auton¨®micas). Otro tema controvertido es que no est¨¢ previsto desclasificar autom¨¢ticamente (ni siquiera pasados 65 a?os) los secretos anteriores a la entrada en vigor de la ley, lo que deja en manos del Gobierno, previa petici¨®n de parte, hacer p¨²blicos o no los papeles clasificados del franquismo o de la Transici¨®n.

Otro miembro del Gobierno reconoce que el Ejecutivo ¡°tiene otras prioridades para la ¨²ltima fase de la legislatura¡±, que se ha visto complicada por las tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos por la ley trans, la del solo s¨ª es s¨ª o la de bienestar animal. El objetivo, aduce la misma fuente, es poner en primer plano la pol¨ªtica econ¨®mica y social y no abrir otros frentes. La decisi¨®n de acelerar la nueva ley de Informaci¨®n Clasificada la tom¨® Pedro S¨¢nchez tras el estallido del caso Pegasus ¨Dla intervenci¨®n de los m¨®viles de decenas de l¨ªderes independentistas, incluido el del presidente catal¨¢n, Pere Aragon¨¨s¨D, como una forma de pasar p¨¢gina a la pol¨¦mica tras el relevo de la directora del servicio secreto CNI, Paz Esteban. Sin embargo, una vez pactado el Presupuesto de la Generalitat entre ERC y los socialistas catalanes, aquella crisis ha quedado definitivamente atr¨¢s.

En las ¨²ltimas dos d¨¦cadas se han abordado al menos media docena de intentos de reformar la ley de Secretos Oficiales, todos frustrados. Desde 2016, el PNV ha presentado sucesivas proposiciones de ley para cambiarla pero, tras ser admitidas a tr¨¢mite, han quedado varadas en la mesa del Congreso hasta la disoluci¨®n de las Cortes. Ahora tambi¨¦n.