Un matrimonio, acusado de yihadismo y luego absuelto, ser¨¢ indemnizado con medio mill¨®n porque les ¡°rompieron su proyecto vital¡±

?l estuvo preso 1.044 d¨ªas, aislado, solo. Ella pas¨® 333 d¨ªas entre rejas, en otra c¨¢rcel. Sus dos hijos, de 1 y 4 a?os entonces, tuvieron que irse con su familia de origen a Marruecos. La familia lo perdi¨® todo, qued¨® rota. ?l hab¨ªa sido detenido y encarcelado en mayo de 2016 como supuesto cabecilla de una red de captaci¨®n yihadista y ella corri¨® la misma suerte en enero de 2017. A?os despu¨¦s, ambos fueron absueltos de los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista, pero ya les hab¨ªan roto ¡°su proyecto vital¡±. El proyecto, seg¨²n dice ahora la Audiencia Nacional en alusi¨®n al hombre, de ¡°una persona joven con una vida familiar estable, integraci¨®n laboral desde largo tiempo con un salario de 3.642 euros al mes y buenas perspectivas con dos hijos de 4 a?os y 1 a?o de edad, un proyecto de compra de vivienda vigente mediante contrato firmado en 2016...¡å. La Audiencia ha condenado al Estado a indemnizar con 495.386 euros (m¨¢s intereses) a la pareja por la prisi¨®n indebida que padecieron y que provoc¨® en el hombre una ¡°ruptura de la personalidad por acontecimiento catastr¨®fico¡±, que le ha dejado una incapacidad del 76%.

El hombre fue arrestado durante una operaci¨®n de la Guardia Civil en Pinto y Ciempozuelos, en la Comunidad de Madrid, con otras tres personas que estaban acusadas de controlar webs y grupos de mensajer¨ªa para hacer proselitismo yihadista. Entonces se destac¨® que uno de los detenidos era un ciudadano marroqu¨ª conocido en Espa?a por su trabajo como cazatalentos en una multinacional.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela lo mand¨® a prisi¨®n provisional el 5 de mayo de 2016 y ah¨ª estuvo hasta el 13 de marzo de 2019, casi tres a?os. A su esposa la metieron en la c¨¢rcel el 24 de enero de 2017 y sali¨® el 22 de diciembre de ese a?o: 333 d¨ªas. Los condenaron en 2018 en primera instancia, pero el Tribunal Supremo anul¨® la sentencia y, en el nuevo juicio, fueron absueltos porque no hab¨ªa ¡°ning¨²n dato objetivo¡± que acreditase las imputaciones.

Antes de esto, la pareja viv¨ªa feliz. Ten¨ªan 38 y 37 a?os y criaban a sus dos hijos, que estaban escolarizados en centros p¨²blicos. Hab¨ªan dado casi 30.000 euros para la entrada de un piso; ¨¦l ten¨ªa contrato indefinido en una gran empresa. Ella estaba tramitando la nacionalidad e intentaba homologar su t¨ªtulo de Psicolog¨ªa mientras cuidaba a los ni?os. Todo esto salt¨® por los aires.

Nada m¨¢s ser detenido, la empresa de ¨¦l lo despidi¨® y, cuando sali¨® absuelto, prefiri¨® indemnizarlo a readmitirlo. Su nombre apareci¨® en las redes sociales y su huella digital qued¨® manchada para siempre (motivo por el que aqu¨ª se omiten sus nombres). Cuando la encarcelaron a ella, les bloquearon las cuentas bancarias, le subieron el precio del piso que iban a comprar, les denegaron la nacionalidad espa?ola, les quitaron la documentaci¨®n... y los menores tuvieron que irse a Marruecos, de donde proced¨ªa la pareja, para quedar a cargo de familiares. El hombre se intent¨® suicidar.

La sentencia de la Secci¨®n Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, adelantada por la agencia Europa Press, describe as¨ª lo que pas¨®: ¡°El tiempo de prisi¨®n (...) dur¨® casi 3 a?os, rompiendo con ello su proyecto vital (persona joven con una vida familiar estable, integraci¨®n laboral desde largo tiempo con un salario de 3.642 euros/ mes y buenas perspectivas laborales), con dos hijos de 4 a?os y 1 a?o de edad, un proyecto de compra de vivienda vigente mediante contrato firmado en 2016). La prisi¨®n le priv¨® sin duda de mantener su vida personal y familiar, con el dolor que ello provoca; m¨¢s en este caso, en que los dos hijos de 4 y 1 a?os de edad debieron quedar a cargo de la madre y posteriormente quedaron privados de la presencia de la madre y del padre, debiendo marchar a Marruecos para permanecer a cargo de los abuelos¡± [en realidad, a cargo de un hermano de ¨¦l].

La pareja solicit¨® una indemnizaci¨®n de 739.470 euros por todo este calvario, que provoc¨® en ¨¦l ¡°una ruptura de la personalidad por acontecimiento catastr¨®fico¡± de tal magnitud que en julio de 2021 la Comunidad de Madrid le reconoci¨® un grado de discapacidad del 76% y, posteriormente, una dependencia de grado II. ¡°En definitiva, existe un da?o psiqui¨¢trico muy grave, irreparable e irreversible que afecta a la identidad y al proyecto de vida¡±, dice la sentencia.

Y todo este anormal funcionamiento de la Justicia, ?cu¨¢nto vale? En el caso de ¨¦l, recibir¨¢ 320.000 euros por los da?os ps¨ªquicos, otros 125.000 por los ingresos perdidos y otras cantidades hasta completar una indemnizaci¨®n de 450.886 euros. Para ella, 45.000 euros por los da?os morales y f¨ªsicos. Y, si quieren borrar el da?o reputacional que a¨²n se puede comprobar en las redes, el tribunal de la Audiencia Nacional (¨®rgano que orden¨® la detenci¨®n, conden¨® a ambos, los absolvi¨® y ahora dicta indemnizaci¨®n) le dice a los afectados que lo intenten ellos en Google y en la Agencia de Protecci¨®n de Datos.