El Constitucional ampara al presunto testaferro de Zaplana en el ¡®caso Erial¡¯ porque se dificult¨® su defensa
El tribunal estima que se vulneraron los derechos de Francisco Grau, a quien se le neg¨® informaci¨®n para recurrir su ingreso en prisi¨®n provisional
El Tribunal Constitucional ha concedido amparo a Francisco Grau, estrecho colaborador del expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana (PP) y pieza clave en el caso Erial, una presunta trama de cobro de comisiones y blanqueo de dinero procedente del Plan E¨®lico de esa comunidad. La sentencia dictada por la Sala Primera del tribunal considera que los letrados de la defensa de este caso fueron privados de la informaci¨®n necesaria para recurrir la prisi¨®n provisional que se hab¨ªa acordado contra Grau. La misma medida se tom¨® tambi¨¦n con respecto de Zaplana, quien, sin embargo, no la impugn¨®. El Constitucional estima que el secreto del sumario no era motivo suficiente para negar a los defensores el acceso a los datos m¨¢s relevantes de las diligencias de investigaci¨®n.
El fallo anula, por tanto, los autos denegatorios de la informaci¨®n solicitada, y estima que en el caso de Grau se vulner¨® su derecho a la libertad personal y su derecho de defensa. El Constitucional ya hab¨ªa dictado algunas resoluciones anteriores en esta l¨ªnea, pero ha querido que esta impugnaci¨®n sirva para complementar y consolidar esa doctrina. La sentencia sobre Grau, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo, subraya que se debe ¡°avanzar en esa progresiva definici¨®n del derecho de acceso a las actuaciones¡± judiciales.
En el caso Erial est¨¢n acusadas 15 personas, entre ellas Eduardo Zaplana y su presunto asesor y testaferro, que deber¨¢n ser juzgadas posiblemente a lo largo de este a?o. El procedimiento penal se remonta a 2018, cuando el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Valencia decret¨® la prisi¨®n provisional de Grau, comunicada y sin fianza. El juzgado no dio conocimiento a la defensa de los principales indicios en los que se basaba su decisi¨®n, lo que provoc¨® la presentaci¨®n a lo largo de varios meses de una cadena de recursos que fueron rechazados, sin que Grau fuera puesto en libertad. Su defensa plante¨® la dificultad de argumentar a fondo la solicitud de que se dejara sin efecto su situaci¨®n de prisi¨®n preventiva sin tener acceso a la informaci¨®n en que se sustentaba la continuidad de la medida, aunque las sucesivas resoluciones s¨ª hac¨ªan alusi¨®n a la existencia de un supuesto riesgo de fuga. Grau qued¨® en libertad provisional en febrero de 2019.
La defensa present¨® entonces un recurso de amparo ante el Constitucional, al que se adhiri¨® la Fiscal¨ªa. Y ahora la sentencia ha reconocido que se vulneraron derechos fundamentales de Grau. El fallo razona que ¡°el privado de libertad¡± puede solicitar "la entrega de los materiales en que se apoye la medida en cualquier momento del procedimiento¡±, de modo que pueda ¡°contar con la informaci¨®n contrastada que le permita evaluar la cobertura f¨¢ctico-legal de la prisi¨®n provisional y, si as¨ª lo estima conveniente, cuestionar su legalidad¡±.
El Constitucional puntualiza que ese derecho de acceso a informaci¨®n relevante ¡°comprende solo los elementos esenciales para impugnar la legalidad de la prisi¨®n provisional y no todas las actuaciones, pero en ese alcance no puede ser objeto de restricci¨®n en virtud de la declaraci¨®n del secreto de las actuaciones¡±. Aunque los efectos pr¨¢cticos de la sentencia en el caso de Grau ya no existen porque est¨¢ en libertad, esta doctrina deber¨¢ ser tenida en cuenta y aplicada por los juzgados y tribunales que se hallen ante supuestos similares.
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