El Supremo deja al diputado del PP Alberto Casero a un paso del banquillo

El Tribunal Supremo ha dejado este viernes al diputado del PP Alberto Casero a un paso del banquillo. El magistrado Andr¨¦s Palomo ha dado por terminada la instrucci¨®n contra el parlamentario popular por prevaricaci¨®n administrativa y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en relaci¨®n con cinco contratos de servicios, patrocinio o convenios firmados cuando era alcalde de Trujillo (C¨¢ceres) en 2017 y 2018, en los que, supuestamente, se salt¨® los procedimientos administrativos legales. En su auto, el instructor da 10 d¨ªas al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusaci¨®n o pida el sobreseimiento. Tras conocerse la decisi¨®n del Supremo, Casero comunic¨® su baja como militante del PP, pero amag¨® con quedarse el acta de diputado. Horas despu¨¦s, comunic¨® al partido su renuncia al esca?o, lo que le hace perder su condici¨®n de aforado y el alto tribunal ya no ser¨¢ competente para juzgarle, por lo que, previsiblemente, remitir¨¢ de nuevo la causa al juzgado de Trujillo.

Casero, quien en febrero de 2022 salt¨® a la fama por su error en la votaci¨®n que propici¨® que se aprobara la reforma laboral en el Congreso, declar¨® en junio ante el instructor del Supremo y admiti¨® que, durante su etapa como alcalde, firm¨® algunos contratos que no se ajustaron al procedimiento legal, pero defendi¨® que solo hubo ¡°irregularidades administrativas¡±, nunca un delito. Sus explicaciones no convencieron al instructor, que en septiembre pidi¨® a la Sala de lo Penal que solicitara permiso al Congreso para poder actuar contra el parlamentario. La C¨¢mara lo vot¨® en octubre y sali¨® adelante por unanimidad.

El paso dado por el tribunal contra el diputado popular llega horas despu¨¦s de que el presidente del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, volviera a criticar la actuaci¨®n del Gobierno en el caso Mediador, una trama corrupta radicada en Canarias entre cuyos cabecillas se encuentra el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El PSOE suspendi¨® de militancia a Fuentes Curbelo horas despu¨¦s de enterarse de su supuesta implicaci¨®n en la red y forz¨® su renuncia al acta de diputado. El n¨²mero tres del PSOE, Santos Cerd¨¢n, se lo exigi¨® en un tenso encuentro cara a cara.

En el auto notificado por el Supremo este viernes sobre el diputado del PP, el magistrado explica que los hechos que se atribuyen a Casero apuntan a que, durante su etapa como alcalde, concert¨® con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo ¡°todo tipo de formalidad¡± exigida por la ley. El instructor a?ade que, aunque en alguno de los supuestos, se trataba de contratos menores y la normativa era relativamente laxa, s¨ª establec¨ªa requisitos que Casero se salt¨®. El entonces regidor, seg¨²n el Supremo, obvi¨® ¡°formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resoluci¨®n por parte del ¨®rgano de contrataci¨®n aprobando el gasto, con justificaci¨®n de su necesidad y la posterior aportaci¨®n de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato¡±.

Para el magistrado, la conducta relatada encaja dentro del delito de prevaricaci¨®n administrativa y ¡°no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretaci¨®n con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jur¨ªdico; con vedadas contrataciones verbales o sin tramitaci¨®n ni publicidad alguna en los supuestos que la cuant¨ªa lo requer¨ªa, elusi¨®n de los mecanismos de control, asunci¨®n directa de pagos por la integridad de los servicios que adem¨¢s de peri¨®dicos se prestaban a entidad en la que el municipio s¨®lo era una parte; plenamente subsumibles en el il¨ªcito de prevaricaci¨®n¡±.

Asimismo, considera que los hechos encajan tambi¨¦n en un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos que sanciona a la autoridad que tiene a su cargo los caudales por raz¨®n de sus funciones ¡°y que lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones p¨²blicas, los separa de las mismas, y extray¨¦ndolos del control p¨²blico con ¨¢nimo de lucro los incorpora a su patrimonio haci¨¦ndolos propios o consiente que otro lo haga¡±.

El delito de malversaci¨®n se ha reformado recientemente para distinguir aquellos casos en los que hay un ¡°¨¢nimo de lucro¡± para s¨ª mismo o para un tercero, castigados con mayor pena, de los que no, para los que se prev¨¦ un castigo menor. Aunque el instructor atribuye en su auto a Casero ese ¨¢nimo (lo que le podr¨ªa enfrentar a una pena de dos a ocho a?os de c¨¢rcel), el magistrado deja abierta la puerta a que se apliquen modalidades m¨¢s suaves recogidas en la reforma penal, como el art¨ªculo 252, que castiga al funcionario p¨²blico que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, ¡°las infrinja excedi¨¦ndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, cause un perjuicio al patrimonio administrado¡±.

Adem¨¢s de esta opci¨®n, el instructor sugiere a las acusaciones que valoren la posibilidad de aplicar el nuevo art¨ªculo 433, una modalidad atenuada de malversaci¨®n (de uno a cuatro a?os de c¨¢rcel) prevista para la autoridad que d¨¦ al patrimonio p¨²blico ¡°una aplicaci¨®n p¨²blica diferente de aquella a la que estuviere destinado¡±. Este es el tipo que el Gobierno pact¨® con ERC incluir en la reforma con la idea de que fuera el que se atribuyera a los l¨ªderes del proc¨¦s condenados o acusados de malversaci¨®n. Sin embargo, el Supremo rechaz¨® aplicarlo alegando que el desv¨ªo de fondos para organizar el refer¨¦ndum ilegal de independencia del 1-O no puede considerarse un fin p¨²blico. En el caso de Casero, el instructor apunta a que podr¨ªa valorarse este delito, pero solo para aquellos servicios que efectivamente se prestaron.

El magistrado da por finalizada la instrucci¨®n una vez que la Sala de Apelaci¨®n del Supremo ha estimado un recurso presentado por Casero contra un auto del juez, del 16 de enero de 2022, que rechaz¨® que hubiese acabado el plazo de investigaci¨®n judicial se?alado en la ley (plazo m¨¢ximo de 12 meses desde el inicio de la causa salvo pr¨®rroga por complejidad). La sala dio la raz¨®n al diputado y declar¨® que el 15 de junio de 2022 acab¨® la fase de instrucci¨®n de este caso, por lo que las medidas de investigaci¨®n posteriores a esa fecha no podr¨ªan fundar las resoluciones que el instructor tenga que adoptar sobre la continuaci¨®n del proceso o su archivo. Esa decisi¨®n, no obstante, no afecta al suplicatorio pedido en septiembre por el juez, seg¨²n aclara la sala.

El instructor explica en su auto de este viernes que esa resoluci¨®n de sus compa?eros de sala tiene escasas consecuencias pr¨¢cticas porque los indicios del caso figuraban en el expediente que el juzgado de Trujillo remiti¨® al Supremo, e incluso en gran medida en la documentaci¨®n que la Fiscal¨ªa envi¨® al juzgado con la denuncia que dio origen al caso, por lo que el escrito con el que el magistrado del alto tribunal da ahora por cerrada la instrucci¨®n ¡°observa escrupulosamente¡± la decisi¨®n de la Sala de Apelaci¨®n de atender exclusivamente a las diligencias de investigaci¨®n llevadas a cabo antes del 15 de julio de 2022.

La investigaci¨®n contra Casero se centra en cinco contratos, que costaron al Ayuntamiento de Trujillo m¨¢s de 100.000 euros. El primero es el de un psic¨®logo que firm¨® Casero en marzo de 2017 para que asistiera a v¨ªctimas violencia de g¨¦nero. En el auto por el que da por finalizada la investigaci¨®n, el instructor recoge que Casero ¡°no inform¨® ni aport¨® al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruy¨® expediente de contrataci¨®n, ni recab¨® informe del ?rgano de contrataci¨®n sobre la necesidad del servicio, ni se aprob¨® el gasto¡±. Tampoco consta que el psic¨®logo ¡°realizara efectivamente los servicios por los que present¨® factura y ello teniendo en cuenta que las actividades relacionadas con las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero se canalizaban a trav¨¦s de la Comisi¨®n de Violencia de G¨¦nero, a la que no le consta ninguna actuaci¨®n¡± por parte del profesional fichado supuestamente por el entonces alcalde.

Meses despu¨¦s, Casero suscribi¨® otro convenio de 25.000 euros con la C¨¢mara de Comercio de Per¨² ¡°sin dar cuenta a los servicios econ¨®micos y jur¨ªdicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a informaci¨®n p¨²blica ni publicarse en el BOE¡±. ¡°No inform¨® a los servicios econ¨®micos, ni jur¨ªdicos, del Ayuntamiento, ni aport¨® la copia del dicho convenio a la Intervenci¨®n del Ayuntamiento. El referido convenio no fue aprobado previamente, ni en el pleno, ni por resoluci¨®n de Alcald¨ªa, y el mismo no se someti¨® a informaci¨®n p¨²blica, ni se public¨® en el BOE¡±, advierte el magistrado sobre la actuaci¨®n de Casero. El interventor municipal rechaz¨® abonar las dos facturas presentadas por la C¨¢mara de Comercio peruana, que ha llevado al Consistorio a los tribunales reclamando el abono, pero todav¨ªa no hay sentencia.

El alto tribunal subraya otro contrato de 2017 por el que el entonces alcalde de Trujillo pact¨® verbalmente aportar 18.000 euros a un acto que organizaba la entidad Asociaci¨®n Cultural Bon Vivant, con la que ya en julio de 2018 cerr¨® otro contrato de patrocinio en el que se compromet¨ªa, adem¨¢s, a asumir ¡°otros costes¡± por importe de 9.349 euros, m¨¢s IVA. Ambos fueron suscritos ¡°sin seguir procedimiento administrativo alguno¡±. Finalmente, el Supremo detalla otros dos asuntos de 2018: la contrataci¨®n de ?caro Consultores en Comunicaci¨®n para organizar un acto por importe de 14.303 euros m¨¢s IVA y la concertaci¨®n con Radio Interior S. L. de un contrato de servicios de comunicaci¨®n y promoci¨®n de la Feria del Queso de Trujillo por m¨¢s de 15.000 euros. Para este ¨²ltimo, Casero supuestamente emple¨® el procedimiento propio del contrato menor cuando la cuant¨ªa imped¨ªa hacerlo por este m¨¦todo.