La ¨²ltima leyenda del contrabando en Galicia y exalcalde del PP se sienta en el banquillo

La investigaci¨®n de Vigilancia Aduanera por contrabando de tabaco contra el influyente alcalde de Ribadumia (Pontevedra) Jos¨¦ Ram¨®n Barral, Nen¨¦, por la que acab¨® detenido y forzado a dimitir en 2001, languideci¨® durante 23 a?os en un juzgado de Vilagarc¨ªa de Arousa. Cuando el caso parec¨ªa abocado al archivo, despu¨¦s de que el n¨²mero de acusados quedase reducido a menos de la mitad, con tres de ellos ya fallecidos, la Audiencia Provincial de Pontevedra abre juicio contra Barral y la organizaci¨®n que supuestamente dirig¨ªa desde la alcald¨ªa para mover los alijos.

Tras el intento frustrado de la Fiscal¨ªa de alcanzar un acuerdo, la causa por contrabando llega a juicio como la m¨¢s antigua de Espa?a. El tribunal de la secci¨®n cuarta de la Audiencia sentar¨¢ al presunto alcalde contrabandista en el banquillo el pr¨®ximo 26 de julio, con al menos tres jornadas de juicio previstas, seg¨²n confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Barral, de 78 a?os y que cumpli¨® 18 a?os con el bast¨®n de mando, es una de las leyendas vivas del contrabando de tabaco en Galicia y la supuesta prueba de los viejos v¨ªnculos de la pol¨ªtica con los tabaqueros. Su juicio cierra tres d¨¦cadas de historia en la que las redes de contrabandistas consiguieron enormes fortunas, amparadas por la corrupci¨®n policial y en un ambiente pol¨ªtico propicio. En 2004, la Fiscal¨ªa de Pontevedra dio por agotado el negocio en Galicia.

El exalcalde del PP, que siempre ha negado su relaci¨®n con el contrabando, afronta una condena de 10 a?os y medio de prisi¨®n y una multa de 15 millones de euros por presuntos delitos de contrabando, cohecho y asociaci¨®n il¨ªcita. Aunque la acusaci¨®n lleg¨® a implicar a familiares directos del expol¨ªtico, el fiscal retir¨® la acusaci¨®n contra todos ellos excepto su hermano Feliciano Barral, que entonces era presidente de la ejecutiva local del PP, para quien solicita una condena de seis a?os de c¨¢rcel.

La parte econ¨®mica del caso se centr¨® en Suiza, donde la Agencia Tributaria busc¨® la supuesta hucha que Barral guardaba en bancos del pa¨ªs helv¨¦tico y en los que presuntamente lavaba dinero del contrabando, pero finalmente no se encontr¨®. Esta investigaci¨®n retras¨® a?os la instrucci¨®n hasta que, en 2016, lleg¨® el escrito de acusaci¨®n del fiscal. El ministerio p¨²blico mantuvo los cargos contra el expol¨ªtico gracias a que se evit¨® la prescripci¨®n por la existencia de un delito de cohecho.

Las pruebas de contrabando que esgrime la acusaci¨®n, entre ellas decenas de pinchazos telef¨®nicos, sit¨²an a Barral en su despacho de la alcald¨ªa. Ni en los a?os dorados para los tabaqueros, ni en pleno estallido de la redada que desmantel¨® el mayor cartel de contrabandistas de la r¨ªa de Arousa (del que salieron los hist¨®ricos narcotraficantes), hab¨ªan aparecido datos contundentes para incriminarlo en el negocio. De hecho, en la hist¨®rica huida de contrabandistas a Portugal para escapar de una redada en diciembre de 1983, Barral ocupaba la alcald¨ªa de su pueblo. Entonces ya varios informes policiales deslizaban su posible doble vida.

Fue su cuarta mayor¨ªa absoluta la que se le atragant¨® al alcalde. En 1996, Aduanas logr¨® judicializar la investigaci¨®n que lleg¨® a atribuir a Barral la propiedad de dos pesqueros y un buque mercante para introducir en Espa?a y otros pa¨ªses de la UE tabaco de procedencia extracomunitaria. Los investigadores situaron al alcalde en la c¨²pula de un entramado integrado por personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca, una actividad con la que en dos a?os habr¨ªa defraudado 4,3 millones de euros.

Aduanas documenta al menos tres operaciones cuya organizaci¨®n atribuye al que en aquellos momentos era el todopoderoso regidor de Ribadumia y miembro destacado del PP de Manuel Fraga en la provincia de Pontevedra gracias a sus v¨ªnculos con el empresario Vicente Otero, Terito, amigo personal del entonces presidente de la Xunta. La investigaci¨®n detalla c¨®mo el 25 de febrero de 1999, un avi¨®n de Aduanas avista el barco nodriza y el pesquero que iba a alijar el cargamento.

Soplos en la alcald¨ªa

La Fiscal¨ªa sostiene que Barral ¡°manten¨ªa estrechos lazos de amistad con guardias civiles, y simult¨¢neamente dispon¨ªa de informaci¨®n sobre las actuaciones de Vigilancia Aduanera¡±. La informaci¨®n que estos funcionarios supuestamente facilitaban al exalcalde para garantizar el traslado de los alijos a Galicia lleg¨® incluso a suspender dos operaciones programadas por la organizaci¨®n en los meses de febrero y octubre de 1999, sostiene la acusaci¨®n.

Cuando ya hab¨ªa un auto de abordaje dictado por la Audiencia Nacional, Barral recibi¨® supuestamente una filtraci¨®n de dos funcionarios aduaneros y suspendi¨® el transbordo. El fiscal se?ala llamadas que los informadores hacen a su despacho del Ayuntamiento y en las que tambi¨¦n le advierten de que sus comunicaciones han sido interceptadas. Aun as¨ª, el regidor emprende otro intento con Aduanas pis¨¢ndole los talones. En octubre de 2000 aborta de nuevo la operaci¨®n cuando sus lugartenientes identifican unos veh¨ªculos Aduanas que vigilaban una reuni¨®n de Barral en una de sus bodegas.

La investigaci¨®n de Vigilancia Aduanera consigue su objetivo el 14 de mayo de 2001, cuando llega al puerto de Vigo el buque que transportaba cuatro contenedores con 432.000 cajetillas de la marca Magnum Especial, camufladas entre madera contrachapada. Horas despu¨¦s, los agentes detuvieron al alcalde en su casa de Ribadumia y, aunque qued¨® en libertad provisional, Barral se vio forzado a dimitir tras 18 a?os en el cargo. ¡°Nadie bajo sospecha puede regir los destinos de un pueblo, que est¨¢ por encima de todo¡±, proclam¨® sobre su marcha en un pleno extraordinario abarrotado de seguidores.