Miles de funcionarios de justicia se manifiestan en Madrid para lograr una subida salarial y contra la ley de eficiencia que tramita el Gobierno

Miles de funcionarios de Justicia llegados de toda Espa?a ¡ª10.000 seg¨²n los sindicatos y 7.000 seg¨²n la polic¨ªa¡ª se han manifestado este mi¨¦rcoles en Madrid para reclamar un incremento salarial y cambios en la Ley Org¨¢nica de Eficiencia Organizativa (Loeo) que tramita el Gobierno. La manifestaci¨®n ha discurrido, con muchos gritos y un ruidoso acompa?amiento de silbatos, meg¨¢fonos y sirenas, entre los ministerios de Justicia y de Hacienda y Funci¨®n P¨²blica, separados por algo m¨¢s de un kil¨®metro. Sus titulares, Pilar Llop y Mar¨ªa Jes¨²s Montero, han sido las destinatarias de la mayor¨ªa de los mensajes y lemas lanzados por los manifestantes. Gritos como ¡°No m¨¢s funciones sin retribuciones¡± o ¡°Llop, escucha, Justicia est¨¢ en la lucha¡±, que a medida que la marcha se fue acercando a la sede de Hacienda cambiaron por ¡°Montero escucha, abre ya la hucha¡±.

La manifestaci¨®n ha sido convocada por los cuatro sindicatos ¡ªCSIF, CCOO, UGT y STAJ¡ª que impulsan los paros parciales (de tres horas al d¨ªa) que se est¨¢n registrando desde el lunes en los tribunales de toda Espa?a. La marcha se ha hecho coincidir con la jornada de huelga de 24 horas convocada para este mi¨¦rcoles y cuyo seguimiento cifran los sindicatos en m¨¢s de un 80%. Justicia y la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas con las competencias transferidas no han dado todav¨ªa datos. En el Pa¨ªs Vasco, han secundado el paro el 50% de los funcionarios, seg¨²n los datos aportados por el Departamento de Igualdad, Justicia y Pol¨ªticas Sociales.

¡°Lanzamos un grito de protesta porque estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden y que hacen que la justicia funcione. Queremos que esas funciones se reconozcan de una vez por todas en la ley org¨¢nica y se nos retribuyan de manera justa¡±, explicaba al inicio de la manifestaci¨®n Javier Jord¨¢n, del CSIF, el sindicato mayoritario del sector. Los funcionarios de la administraci¨®n de Justicia dependen org¨¢nicamente del Gobierno central, aunque la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas tienen transferida la gesti¨®n de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Murcia, Baleares y Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamaci¨®n es dos cuestiones que son competencia directa del Ejecutivo central: el complemento general del puesto (una retribuci¨®n de car¨¢cter b¨¢sico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que est¨¢ ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la ley de eficiencia organizativa.

Los sindicatos reclaman un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la l¨ªnea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administraci¨®n de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto est¨¢ en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales. Aunque los representantes de los trabajadores defienden que la movilizaci¨®n de ahora no es ¡°consecuencia¡± de los logros conseguidos por los letrados, la mayor¨ªa admite que ese acuerdo ha precipitado su protesta.

A la manifestaci¨®n de Madrid se han sumado funcionarios desplazados desde todas las comunidades en coches y autobuses. Una de ellas es Mar¨ªa del Carmen Collado, que trabaja en el Juzgado de lo Social 22 de Barcelona. El martes a las 22.15 se subi¨® a un autob¨²s en la estaci¨®n de Sants junto a decenas de compa?eros y han llegado a Madrid a las 6.15. ¡°Nos manifestamos porque hemos asumido en los ¨²ltimos a?os m¨¢s funciones sin que nos paguen m¨¢s dinero. La mayor¨ªa de las funciones de los letrados las hacemos en realidad nosotros¡±, advierte, dejando entrever el malestar que comparten muchos funcionarios de la administraci¨®n de Justicia con el cuerpo de letrados. ¡°Ellos nos delegan muchas de las funciones que tienen asignadas¡±, lamenta Collado.

A la reivindicaci¨®n salaria, los funcionarios suman su rechazo a la tramitaci¨®n que se est¨¢ haciendo de la ley de eficiencia organizativa, que prev¨¦ la posibilidad de encomendar tareas de tribunales con mucha carga de trabajo a personal de otros destinos o fusionar las tareas de distintos juzgados. ¡°La ley acaba con el derecho que tenemos ahora de poder elegir un destino. Con la ley van a poder obligarnos a rotar entre destinos que tengan m¨¢s carga y necesiten refuerzos¡±, explica Encarna Salgado, funcionaria del Juzgado 7 de Primera Instancia de Alcal¨¢ de Henares. ¡°No solo tenemos una reivindicaci¨®n salarial, pedimos tambi¨¦n que no dejen participar en la ley de eficiencia¡±.

Justicia ha convocado para este jueves la primera reuni¨®n con los sindicatos que impulsan la huelga para intentar acercar posturas. Los representantes de los trabajadores calculan que cada d¨ªa de paro se est¨¢n suspendiendo centenares de miles de actuaciones en los juzgados, desde juicios a declaraciones, notificaciones, citaciones y comparecencias a embargos, desahucios, diligencias del registro civil e institutos de medicina legal y de toxicolog¨ªa.

El primer balance estad¨ªstico del seguimiento activado este lunes por el Colegio de la Abogac¨ªa de Madrid para conocer el impacto de la huelga revela un porcentaje medio de suspensiones del 21% de los se?alamientos en los dos primeros d¨ªas. Con un 87,5% de vistas suspendidas, los juzgados de lo Social fueron los m¨¢s afectados en la jornada del lunes, que se sald¨® con un total del 30% de se?alamientos suspendidos en Madrid. En la jornada del martes, en la que se suspendieron el 12% de los se?alamientos, los ¨®rganos m¨¢s afectados fueron la Audiencia Provincial Penal, donde apenas se celebraron el 3% de las vistas; los juzgados de Alcorc¨®n, con un 100% de se?alamientos suspendidos; y los de Colmenar Viejo y Getafe, con un porcentaje de suspensiones del 71% y 68% respectivamente.

Los n¨²meros se repiten en el resto de provincias y en tribunales superiores. Un juicio previsto para este mi¨¦rcoles en la Audiencia Provincial de Palma contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija ha tenido que ser aplazado para el 3 de mayo por la huelga, mientras que la Audiencia Nacional ha suspendido de forma indefinida el juicio a Francisco Camps por su presunta implicaci¨®n en el caso G¨¹rtel.