Una docena de condenados por el Tribunal Supremo en el ¡®caso ERE¡¯ recurren al Constitucional

Doce de los 15 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andaluc¨ªa condenados por el Tribunal Supremo el pasado verano en la pieza pol¨ªtica del caso ERE han recurrido en amparo la sentencia ante el Tribunal Constitucional; entre ellos, los expresidentes Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves. Los exdirigentes, condenados algunos por prevaricaci¨®n continuada y otros tambi¨¦n por malversaci¨®n, consideran que el Supremo vulner¨® sus derechos fundamentales, y han ido recurriendo el fallo de forma escalonada desde el pasado octubre hasta esta primavera. Este lunes, el Constitucional decide si acumula una decena de esos recursos para que todos sean resueltos de manera conjunta, como ya decidi¨® con los de Chaves y Magdalena ?lvarez, exministra y exconsejera andaluza de Econom¨ªa y Hacienda.

La Sala Segunda del Supremo conden¨® el pasado septiembre a los exdirigentes de la Junta por crear ¡°un sistema fraudulento¡± para distribuir ayudas sociolaborales a empresas en crisis durante una d¨¦cada. El sistema de pagos fue dise?ado para ¡°evitar todo control administrativo¡± por parte de la Intervenci¨®n General, seg¨²n el fallo del alto tribunal, que confirmaba la sentencia previa de la Audiencia de Sevilla. De los 12 exdirigentes de la Junta que han recurrido el fallo, ocho fueron condenados por malversaci¨®n y siete de ellos han ingresado en prisi¨®n.

El ¨²nico que no ha entrado en la c¨¢rcel es Gri?¨¢n, que, tras finalizar su tratamiento contra un c¨¢ncer, est¨¢ ahora pendiente de la decisi¨®n de los m¨¦dicos del Instituto de Medicina Legal andaluz. ¡°En los pr¨®ximos meses el tribunal estudiar¨¢ si admite a tr¨¢mite los recursos o no. Pero hay matices: algunos piden la suspensi¨®n de la pena y otros no¡±, advierten fuentes del Constitucional al ser preguntadas por la conectividad de los casos que puede provocar su acumulaci¨®n.

Los ex altos cargos piden esa unidad de criterio para lograr agilidad en la tramitaci¨®n y ¡°dar una soluci¨®n conjunta y coherente a todos los recursos¡±, seg¨²n incide en su escrito el exconsejero andaluz de Presidencia Gaspar Zarr¨ªas. Los recursos remarcan que dos de los cinco jueces del Supremo emitieron votos particulares rechazando la condena a c¨¢rcel de Gri?¨¢n y de otros cuatro condenados por malversaci¨®n.Jos¨¦ Manuel Herrero, abogado del exconsejero de Empleo Jos¨¦ Antonio Viera, en prisi¨®n tras su condena a siete a?os de c¨¢rcel y 18 de inhabilitaci¨®n, sostiene: ¡°El Supremo considera una serie de actos de prevaricaci¨®n que son actos pol¨ªticos y de Gobierno, que no ten¨ªan ning¨²n informe contrario de la Intervenci¨®n, sino informes favorables. No eran actos susceptibles del Derecho penal. Adem¨¢s, el Supremo introdujo un relato f¨¢ctico suplementario que no estaba en el relato de hechos de la Audiencia de Sevilla¡±.

La admisi¨®n a tr¨¢mite de los 12 recursos la decidir¨¢ la Sala Segunda del Constitucional, cuya ponente es Inmaculada Montalb¨¢n, propuesta por el PSOE en 2021 y vicepresidenta del ¨®rgano desde enero. ¡°Tenemos m¨¢s posibilidades ahora que con el antiguo tribunal de mayor¨ªa conservadora¡±, dice, esperanzado, un letrado. Lo que el Constitucional decida sobre la sentencia del Supremo afectar¨¢, adem¨¢s, a las 140 piezas de la macrocausa de los ERE que a¨²n est¨¢n pendientes de juicio, tras 12 a?os de instrucci¨®n.

Si el alto tribunal admite los recursos deber¨¢ estudiar la validez tanto de la condena por prevaricaci¨®n como de la de malversaci¨®n. El coraz¨®n del debate sobre la prevaricaci¨®n incide en el valor que debe darse a los proyectos de Presupuestos de la Junta andaluza, que conten¨ªan la partida de ayuda a las empresas en crisis. ¡°Los proyectos de ley elevados por el Consejo de Gobierno no pueden declararse ilegales pues han sido convertidos en ley por virtud de su aprobaci¨®n parlamentaria¡±, censura el escrito presentado por Magdalena ?lvarez, el primero de todos los presentados ante el Constitucional, el pasado octubre.

¡°La cuesti¨®n m¨¢s relevante¡±, a?ade el abogado que pide preservar su identidad, ¡°es considerar un proyecto de ley como un acto resolutivo a efectos de prevaricaci¨®n¡±. ¡°Es radicalmente novedoso estimar prevaricadora una resoluci¨®n aut¨®noma como fue un proyecto de ley¡±. Sobre la malversaci¨®n, apunta, ¡°la especial enjundia es que se determine se existi¨® malversaci¨®n sin valorar si las ayudas se dedicaron a un bien ileg¨ªtimo¡±.

Zarr¨ªas, condenado a inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n continuada, considera en su escrito que se ha lesionado su derecho a la presunci¨®n de inocencia y a la legalidad penal: ¡°La sentencia condenatoria nos ofrece una motivaci¨®n materialmente incomprensible y jur¨ªdicamente indefendible¡±, sostiene. El recurso del exconsejero abunda: ¡°Se le conden¨® sin que hubiera dictado ni colaborado en el dictado de ninguna resoluci¨®n en asunto administrativo, en la medida en que no merecen tal consideraci¨®n los acuerdos o tr¨¢mites dictados en el proceso de la elaboraci¨®n de una norma con rango de ley¡±.