El Gobierno paraliza una iniciativa de Ayuso que complicaba la aplicaci¨®n de la ley de eutanasia a las personas con discapacidad

El Gobierno ha optado por un choque ideol¨®gico de fondo con Isabel D¨ªaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un ambiente ya de campa?a electoral: el Consejo de Ministros ha paralizado este martes, con un recurso de car¨¢cter suspensivo ante el Tribunal Constitucional, una norma del Ejecutivo madrile?o que, seg¨²n la interpretaci¨®n de La Moncloa, complica la aplicaci¨®n de la ley de eutanasia que entr¨® en vigor en junio de 2021. El Gobierno entiende que D¨ªaz Ayuso, que siempre se ha manifestado en contra del derecho a la eutanasia acerc¨¢ndose as¨ª a los sectores cat¨®licos m¨¢s conservadores, se ha extralimitado en sus competencias al tratar de frenar con una norma auton¨®mica una ley estatal. El recurso ante el Constitucional suspende autom¨¢ticamente la norma impugnada durante al menos cinco meses, de acuerdo con el art¨ªculo 161 de la Constituci¨®n.

La norma recurrida es la disposici¨®n adicional segunda de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2023, de creaci¨®n de la Agencia Madrile?a para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, aprobada el 15 de febrero. El recurso llega a las puertas de la campa?a y despu¨¦s de otro choque fuerte entre los dos gobiernos a cuenta del veto que impuso Ayuso a la presencia del ministro F¨¦lix Bola?os en el palco del desfile militar durante la fiesta auton¨®mica del Dos de Mayo.

Pero esta vez no es una cuesti¨®n de protocolo sino muy de fondo: el Gobierno de Pedro S¨¢nchez entiende que Madrid quiere torpedear la ley a?adiendo en esta comunidad el requisito de contar, para solicitar la eutanasia, con una autorizaci¨®n judicial que la norma estatal no prev¨¦, y complicando as¨ª que se ejerza este derecho sancionado por la mayor¨ªa del Congreso. El Ejecutivo lanza as¨ª un aviso pol¨ªtico: no pasar¨¢ ni un intento de impedir la aplicaci¨®n de leyes como la de eutanasia o del aborto. De fondo hay una batalla ideol¨®gica en la que el PSOE defiende sus leyes progresistas de derechos ¡ªmatrimonio homosexual, aborto, eutanasia¡ª frente al PP.

Con la ley del matrimonio homosexual el PP fracas¨® en el Constitucional, que la aval¨® en 2012, y la del aborto tampoco logr¨® anularla porque el tribunal aparc¨® el recurso durante m¨¢s de una d¨¦cada ¡ªjusto este martes, la nueva mayor¨ªa progresista del Constitucional ha dado luz verde a esa norma¡ª. El PSOE y Unidas Podemos conf¨ªan en que suceda lo mismo con la ley de eutanasia, tambi¨¦n recurrida por los conservadores. El Constitucional tendr¨¢ una mayor¨ªa progresista durante los pr¨®ximos nueve a?os.

El texto que el Gobierno impugna de esa disposici¨®n adicional de la Comunidad de Madrid es el siguiente: ¡°En todo caso, cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuaci¨®n que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de car¨¢cter representativo para el ejercicio de la capacidad jur¨ªdica o se determine de manera expresa en la resoluci¨®n que estableci¨® el apoyo, se tramitar¨¢ un procedimiento de jurisdicci¨®n voluntaria para la solicitud de autorizaci¨®n judicial¡±. Es ah¨ª donde el Gobierno entiende que Madrid est¨¢ colocando una autorizaci¨®n judicial a?adida sin tener competencias para hacerlo.

El recurso que presenta el Ejecutivo sostiene que esa norma auton¨®mica ¡°incide en dos materias cuya competencia es estatal: la legislaci¨®n procesal y la legislaci¨®n civil¡±, porque entra a regular ¡°los supuestos en que debe recabarse autorizaci¨®n judicial por parte de quien ostente la funci¨®n representativa de la persona con discapacidad¡±. Eso, seg¨²n los servicios jur¨ªdicos de La Moncloa, vulnera el art¨ªculo 149.1.6? de la Constituci¨®n y supone una injerencia en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, la de Enjuiciamiento Civil y la de la Jurisdicci¨®n Voluntaria. ¡°En este sentido, la precitada exigencia de autorizaci¨®n judicial en el marco de un procedimiento de jurisdicci¨®n voluntaria implica que dicha ley auton¨®mica, de una parte, extiende la intervenci¨®n judicial a supuestos no previstos en legislaci¨®n estatal y, de otra parte, constituye una norma de orden procesal en tanto instituye un procedimiento de jurisdicci¨®n voluntaria a tal fin¡±, dice el texto del Gobierno, que ahora tendr¨¢ que estudiar el Constitucional.