El Constitucional reivindica que ¡°la vida prenatal¡± no queda desprotegida en la sentencia del aborto

El Tribunal Constitucional afirma en su sentencia sobre el aborto que la vida prenatal no queda desprotegida por el aval que ha dado a la ley sobre interrupci¨®n voluntaria del embarazo, consagrando el sistema de plazos como plenamente ajustado a la Carta Magna. Frente a las tesis del recurso del PP y las cr¨ªticas de los magistrados del bloque conservador, el tribunal razona que, por el contrario, dicho sistema de plazos es una garant¨ªa para la protecci¨®n del bien jur¨ªdico del nasciturus [el concebido pero no nacido], al fijar tiempos y establecer requisitos, fuera de los cuales el aborto puede encajar en figuras penales que subsisten.

Ahora bien, la sentencia deja muy clara la diferencia entre vida prenatal y persona. En este sentido, el texto subraya que el tribunal ¡°ha afirmado de forma inequ¨ªvoca que la titularidad del derecho a la vida proclamado por el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n corresponde exclusivamente a quienes han nacido y cuentan, por el hecho del nacimiento, con personalidad jur¨ªdica plena, sin que quepa extender esta titularidad a quienes han sido concebidos pero todav¨ªa no han nacido¡±.

El fallo razona en este sentido que ¡°quien no es persona no puede ser, no es, titular de derechos, ni, por ende, de derechos fundamentales¡±. El Constitucional estima, por tanto, en el caso de la vida prenatal: ¡°No nos encontramos, pues, ante el derecho fundamental mismo, sino ante un bien jur¨ªdico constitucionalmente protegido¡±. A?ade que este concepto de la vida prenatal se ajusta a los tratados internacionales ratificados por Espa?a.

El tribunal explica que los textos internacionales atribuyen la titularidad del derecho a la vida y de los restantes derechos en ellos proclamados, a la ¡°persona¡±. En este sentido, el ¨®rgano de garant¨ªas afirma que ni de la literalidad de los mencionados textos, ni de la argumentaci¨®n del recurso del PP, ni de la jurisprudencia y pr¨¢ctica internacionales puede concluirse que exista fundamento suficiente para deducir una obligaci¨®n de los Estados de reconocer ¡°la titularidad del derecho fundamental a la vida al nasciturus¡±.

La sentencia tambi¨¦n menciona que la Comisi¨®n Europea de Derechos Humanos se pronunci¨® por primera vez sobre esta cuesti¨®n en su decisi¨®n de 13 de mayo de 1980, relativa a la admisibilidad de un caso concreto relativo al Reino Unido, en el que hab¨ªa riesgo para la vida o salud de la mujer gestante (indicaci¨®n m¨¦dica). El tribunal subraya que en aquel momento la Comisi¨®n declar¨®, en t¨¦rminos an¨¢logos a los pronunciamientos que en 1985 se recoger¨ªan en la sentencia que dict¨® el propio Constitucional sobre el sistema de indicaciones para la pr¨¢ctica legal del aborto, que ¡°no cab¨ªa reconocer al feto un derecho a la vida (¡­) en sentido absoluto, derecho que solo cabe reconocer en toda su amplitud a los nacidos¡±.

Tambi¨¦n destaca el tribunal que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que no existe ning¨²n consenso europeo sobre la definici¨®n cient¨ªfica y jur¨ªdica de los inicios de la vida, ni sobre la naturaleza o el estatuto del embri¨®n o feto, por lo que ¡°el punto de partida del derecho a la vida entra dentro del margen de apreciaci¨®n de los Estados¡±.

El Constitucional razona asimismo que ¡°de acuerdo con lo expuesto, el respeto al derecho fundamental de la mujer a la integridad f¨ªsica y moral (art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n), en conexi¨®n con su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad (art¨ªculo 10.1 del mismo texto), exigen del legislador el reconocimiento de un ¨¢mbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma aut¨®noma y sin coerci¨®n de ning¨²n tipo, la decisi¨®n que considere m¨¢s adecuada en cuanto a la continuaci¨®n o no de la gestaci¨®n¡±.

El fallo considera que respetando ese ¨¢mbito m¨ªnimo que garantice a la mujer un razonable ejercicio de sus derechos, corresponde al legislador determinar el modo en que han de limitarse los derechos constitucionales de la mujer ¡°con el fin de tutelar la vida prenatal, como bien constitucionalmente protegido, siempre teniendo en cuenta que ¡®todo acto o resoluci¨®n que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el fin perseguido¡¯¡±, como el tribunal ha dicho en diversas resoluciones.

El aborto, solo en supuestos excepcionales

En referencia a los plazos en que es posible legalmente la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, el tribunal defiende la proporcionalidad de la ley, y afirma que ¡°a partir del momento de la viabilidad fetal, se otorga una clara prioridad a la tutela de la vida prenatal sobre los derechos constitucionales de la mujer, que se entiende han quedado suficientemente garantizados a trav¨¦s de las opciones concedidas a la gestante con anterioridad a ese momento¡±. A partir de ah¨ª ¡°tan solo se permite la interrupci¨®n del embarazo en supuestos absolutamente excepcionales en los que, o bien no cabe hablar de ¡®vida¡¯ prenatal en sentido propio, dada la falta de viabilidad del feto, o existe un grav¨ªsimo compromiso no solo de los derechos de la mujer gestante sino tambi¨¦n de integridad f¨ªsica y moral del propio feto¡±.

El tribunal subraya asimismo que ¡°el modelo de plazos supone no solo un mecanismo de protecci¨®n de la vida prenatal, sino tambi¨¦n, y rec¨ªprocamente, una medida restrictiva de los derechos de la mujer¡±. El fallo argumenta que dicha restricci¨®n se traduce en la exigencia de que, con posterioridad a la semana catorce de gestaci¨®n, concurran circunstancias adicionales a la libre voluntad de la mujer para la interrupci¨®n legal del embarazo. Esta limitaci¨®n ¡ªprosigue la sentencia¡ª es constitucional ¡°porque obedece al leg¨ªtimo fin de proteger la vida prenatal¡±, y resulta ajustado ¡°al canon de proporcionalidad exigido por este Tribunal para la constitucionalidad de cualquier limitaci¨®n de derechos fundamentales, as¨ª como al modelo gradual de protecci¨®n de la vida prenatal acogido por la propia sentencia 53/1985¡å.

Por ello mismo, el fallo rechaza el argumento del recurso sobre la ¡°absoluta prevalencia¡± que a juicio del PP concede la ley del aborto a los derechos constitucionales de la mujer. El tribunal estima a este respecto que ¡°el legislador ha optado por limitar el derecho de la mujer a decidir libremente acerca de su propio sustrato corporal y su proyecto de vida, a las primeras 14 semanas de gestaci¨®n, periodo en que la vida prenatal se encuentra todav¨ªa en un estado muy embrionario y, consiguientemente, hipot¨¦tico o potencial¡±.

La sentencia reitera que ¡°partiendo de ello, no cabe afirmar en modo alguno que la ley, ante el conflicto entre derechos fundamentales y bienes jur¨ªdicos que la interrupci¨®n voluntaria del embarazo genera, haya dado prevalencia absoluta a los derechos constitucionales de la mujer¡±. A juicio del tribunal, lo que hace el legislador es definir ¡°el ¨¢mbito m¨ªnimo que considera ¡®razonable¡¯ para que la mujer tenga una oportunidad real y efectiva de hacer valer sus derechos constitucionales¡±. En consecuencia, el tribunal estima que ¡°el dise?o legal de una tutela gradual de la vida prenatal correlativa a una limitaci¨®n gradual de los derechos fundamentales de la mujer¡± resulta ¡°plenamente ajustado a la Constituci¨®n¡±.