Justicia convoca al comit¨¦ de huelga de los funcionarios para intentar llegar a un acuerdo que acabe con la protesta

El Ministerio de Justicia ha dado esta tarde el primer paso para iniciar una negociaci¨®n con los funcionarios judiciales, que se movilizan desde abril y mantienen huelga indefinida desde el 22 de mayo para reclamar mejoras salariales y laborales. El departamento que dirige Pilar Llop ha convocado al comit¨¦ de huelga el pr¨®ximo 6 de junio para lo que ser¨¢ la primera reuni¨®n entre ambas partes desde que los funcionarios iniciaron su protesta, seg¨²n han informado representantes de los trabajadores. La convocatoria se ha producido despu¨¦s de que, por la ma?ana, los funcionarios anunciaran un endurecimiento de sus medidas de presi¨®n dirigidas a la ministra de Justicia, a la que acusan de guardar un ¡°indolente silencio¡± frente a su protesta.

Los funcionarios presentaron este jueves un escrito en el Ministerio en el que exig¨ªan que se convoque de forma ¡°inmediata¡± al comit¨¦ de huelga para buscar una salida al conflicto. Y advert¨ªan: si el Gobierno no atiende su reclamaci¨®n, presentar¨ªan una denuncia ante la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo contra Llop y el Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodr¨ªguez, por vulneraci¨®n del derecho fundamental de libertad sindical. Seg¨²n los representantes de los trabajadores, el ministerio est¨¢ incumpliendo el deber que establece el art¨ªculo 8.2 del decreto de relaciones laborales (com¨²nmente conocido como ¡°Decreto de huelga de 1977¡å) de convocar al comit¨¦ de huelga durante la duraci¨®n de la protesta. ¡°Creemos que la actitud antisindical de estos responsables pol¨ªticos raya la prevaricaci¨®n¡±, aseguraban los trabajadores en una nota conjunta de los cuatro sindicatos que promueven la protesta (CSIF, STAJ, CC OO y UGT).

Los funcionarios de justicia, un colectivo formado por 45.000 personas, dependen org¨¢nicamente del Gobierno central, aunque la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas tienen transferida la gesti¨®n de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamaci¨®n en dos cuestiones que son competencia directa del ministerio que dirige Pilar Llop: el complemento general del puesto (una retribuci¨®n de car¨¢cter b¨¢sico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que est¨¢ ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la Ley de Eficiencia Organizativa que tramitaba el Gobierno y que se ha quedado en el aire con la disoluci¨®n de las Cortes tras la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. Los sindicatos cifran en m¨¢s de un 80% el seguimiento de la huelga, mientras los datos de Justicia (solo sobre los trabajadores de los ¨®rganos centrales y de las comunidades sin las competencias transferidas) sit¨²an el seguimiento este jueves en el 24,82% de la plantilla.

Los sindicatos reclaman un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la l¨ªnea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administraci¨®n de justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto est¨¢ en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales. Pero entre un conflicto y otro se col¨® la amenaza de huelga de los jueces y fiscales y el Gobierno se centr¨® en este asunto para evitar la protesta de un poder del Estado en plena campa?a electoral. Adem¨¢s, la revisi¨®n de retribuciones de jueces y fiscales est¨¢ regulada por ley y se estaba incumpliendo desde hace 20 a?os.

Pero los damnificados de esa negociaci¨®n, que acab¨® con acuerdo, han sido los funcionarios. Justicia pospuso los contactos hasta solucionar el otro conflicto, m¨¢s tarde anunci¨® que dejar¨ªa pasar los comicios del 28 de mayo y, despu¨¦s, el fin precipitado de la legislatura volvi¨® a dejar en el aire las conversaciones con los funcionarios. ¡°Cada d¨ªa que pasa sin convocatoria de reuni¨®n, queda patente el nulo inter¨¦s de este ministerio por una justicia que se hunde y su clasismo y rancio corporativismo que le lleva a negar el di¨¢logo y la negociaci¨®n a 45.000 empleados p¨²blicos mientras que s¨ª lo hace con la ¨¦lite judicial¡±, denunciaron los sindicatos en la nota difundida este jueves.

Adem¨¢s de la amenaza de denuncia hacia la ministra y su secretario de Estado, los sindicatos han anunciado otras medidas con las que pretenden elevar la presi¨®n sobre el Ejecutivo. Van a dirigir un escrito al secretario general de Justicia, a los secretarios de Gobierno y secretarios coordinadores ¡°advirtiendo que no se va a aceptar ninguna presi¨®n para que un funcionario realice funciones que no est¨¢n recogidas en la ley mientras que no se retribuyan adecuadamente y para que no se realice sin su presencia ninguna actuaci¨®n que tenga que ser firmada por el/la LAJ [los letrados de la Administraci¨®n de Justicia]¡±. Esta, la asunci¨®n de labores que no les corresponden a ellos, sino a los letrados, es uno de los argumentos de los funcionarios para exigir un incremento salarial. ¡°En caso de tener conocimiento de alguna presi¨®n sobre esta cuesti¨®n se denunciar¨¢ en la instancia correspondiente¡±, aseguran.