Funcionarios de Justicia se encierran en varios juzgados para exigir que el Gobierno negocie su subida salarial
Los trabajadores de los juzgados de Madrid, Barcelona, Murcia, Cartagena y Navarra han decidido mantener asambleas permanentes
Varios grupos de funcionarios de Justicia se han encerrado este mi¨¦rcoles en sedes judiciales de Madrid, Barcelona, Murcia, Cartagena y Navarra como una nueva medida de presi¨®n al ministerio que dirige Pilar Llop, al que reprochan que no les llame para negociar el conflicto laboral abierto desde abril. Seg¨²n ha informado Comisiones Obreras, el personal de Justicia, en huelga indefinida desde el 22 de mayo, celebraba asambleas en juzgados de toda Espa?a y en estas cinco ciudades han decidido permanecer all¨ª ¡°de forma continuada e indefinida¡±. ¡°No hay ninguna intenci¨®n de sentarse a negociar. Ven que el barco se hunde y seguimos en la misma situaci¨®n¡±, lamenta en declaraciones a EL PA?S Luis Calero, responsable de Justicia de CC OO. ¡°Seguimos en la misma situaci¨®n, la gente en huelga y el Gobierno y el Ministerio neg¨¢ndose a buscar una salida al conflicto¡±, a?ade el representante de los trabajadores.
Los sindicatos CC OO, CSIF, STAJ y UGT hab¨ªan convocado este mi¨¦rcoles asambleas por toda Espa?a para informar sobre las nuevas medidas de presi¨®n acordadas por el comit¨¦ de huelga, como manifestaciones en Madrid programadas para el 27 de junio y 13 julio; manifestaciones en todas las capitales de provincia el 29 de junio y contactos con los partidos pol¨ªticos para que se pronuncien y asuman las reivindicaciones si llegan al Gobierno. Adem¨¢s, los trabajadores est¨¢n ci?endo su jornada laboral a la ¡°ejecuci¨®n estricta¡± de las funciones que la ley atribuye a cada cuerpo de funcionarios, exigiendo la presencia de jueces y letrados de la Administraci¨®n de Justicia (LAJ) en las actuaciones que determina la ley y que hasta ahora, aseguran, asum¨ªan los funcionarios.
El iniciado ahora es el segundo encierro que protagonizan los funcionarios de Justicia, despu¨¦s de que cinco miembros del comit¨¦ de huelga permanecieran en el Ministerio de Justicia tres d¨ªas, del 6 al 9 de junio para intentar forzar una negociaci¨®n despu¨¦s de que la reuni¨® a la que le hab¨ªa convocado el departamento de Llop acabara sin acuerdo. El conflicto entre los funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia y el Gobierno est¨¢ enquistado desde el pasado abril, cuando los trabajadores empezaron a movilizarse para reclamar un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la l¨ªnea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administraci¨®n de justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo.
Los 45.000 funcionarios de justicia dependen org¨¢nicamente del Gobierno central, aunque la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas tienen transferida la gesti¨®n de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamaci¨®n en dos cuestiones que son competencia directa del Ministerio: el complemento general del puesto (una retribuci¨®n de car¨¢cter b¨¢sico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que est¨¢ ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la Ley de Eficiencia Organizativa que tramitaba el Gobierno y que se ha quedado en el aire con la disoluci¨®n de las Cortes tras la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. Los sindicatos cifran en m¨¢s de un 80% el seguimiento de la huelga, mientras los datos de Justicia (solo sobre los trabajadores de los ¨®rganos centrales y de las comunidades sin las competencias transferidas) situaron el seguimiento este martes en el 22,85% de la plantilla.
En un comunicado, los sindicatos recuerdan que, tras 65 d¨ªas de movilizaciones, solo se han producido tres reuniones, lo que supone, seg¨²n denuncian, ¡°una actitud incomprensible, irresponsable e ilegal del Ministerio de Justicia, amparada por el de Hacienda y el presidente del Gobierno, que est¨¢n demostrando que no les importa ni la prestaci¨®n de este servicio p¨²blico ni las condiciones laborales del personal que lo atiende¡±.
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