La Audiencia Nacional propone juzgar a un exsenador del PSOE por participar en un encargo a Villarejo

Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, magistrado de la Audiencia Nacional, ha propuesto juzgar al comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al exsenador socialista Francisco Rodr¨ªguez Mart¨ªn por su implicaci¨®n en un supuesto proyecto de espionaje encargado en 2011 por la compa?¨ªa Pers¨¢n contra el grupo Martinsa-Fadesa. El juez considera acreditado que la trama accedi¨® a ¡°informaci¨®n reservada¡± de las v¨ªctimas, como el tr¨¢fico de llamadas telef¨®nicas, obrante en ¡°bases de datos de acceso restringido¡±, por la que se lleg¨® a pagar m¨¢s de medio mill¨®n de euros al equipo de Villarejo. El instructor atribuye a los implicados delitos de cohecho y de revelaci¨®n de secretos.

En un auto dictado este martes, Garc¨ªa-Castell¨®n explica que este plan de espionaje se bautiz¨® como Proyecto Saving y que surgi¨® ante las ¡°dificultades¡± que ten¨ªan los responsables de Pers¨¢n, una sociedad sevillana dedicada a la fabricaci¨®n de detergentes, para reclamar una deuda al grupo empresarial Martinsa-Fadesa, que hab¨ªa sido presidido por Fernando Mart¨ªn. El juez detalla que el apoderado de la compa?¨ªa hispalense, Jos¨¦ Moya, ya fallecido, contact¨® en verano de 2011 con el comisario Villarejo a trav¨¦s de un intermediario, el exsenador Francisco Rodr¨ªguez Mart¨ªn, para poner en marcha el encargo, cuya ¡°finalidad ¨²ltima ser¨ªa la obtenci¨®n de informaci¨®n comprometida que permitiese una posici¨®n de fuerza ante una eventual negociaci¨®n¡±.

Moya hab¨ªa firmado en diciembre 2007 un contrato para adquirir ¡°un derecho de opci¨®n de venta frente a Fernando Mart¨ªn sobre un paquete de acciones de Martinsa¡±, seg¨²n apunta el sumario. Pero, cuando quiso ejercitarlo en mayo de 2010, se top¨® con que Martinsa-Fadesa hab¨ªa decretado en julio de 2008 suspensi¨®n de pagos y la declaraci¨®n voluntaria de concurso de acreedores, y con que Fernando Mart¨ªn hab¨ªa ¡°ocultado¡± la ¡°citada compra de acciones por parte de Moya, no figurando, por tanto, como acreedor en el procedimiento concursal¡±.

Esta situaci¨®n provoc¨® que, supuestamente, Pers¨¢n se hiciese con los servicios del grupo de Villarejo. De esta forma, seg¨²n la resoluci¨®n del juez, el Proyecto Saving constaba de tres fases. La primera buscaba ¡°la recuperaci¨®n del estatus jur¨ªdico de Moya¡±. La segunda, ¡°que se dispusiese de capacidad negociadora para beneficiar los intereses del propio Moya¡±. Y la tercera, ¡°cobrar o dejar de aparecer como deudor ante la CECA (Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorro) en raz¨®n a una suma importante de dinero, cifrada en 1.000 millones de euros¡±.

Garc¨ªa-Castell¨®n a?ade que se han encontrado indicios de que la trama recab¨® datos confidenciales de, entre otros, Antonio Fern¨¢ndez L¨®pez y Victoriano L¨®pez Pinto, presidente y director general respectivamente de Ahorro Corporaci¨®n, un holding de servicios financieros con participaci¨®n en Martinsa-Fadesa. ¡°Moya consideraba responsables de su situacio?n no solo a Fernando Marti?n, sino principalmente a Antonio Ferna?ndez, la persona que le aconsej¨® realizar la operacio?n de compra de acciones¡±, relata el juez Garc¨ªa-Castell¨®n en otro escrito.

Francisco Rodr¨ªguez Mart¨ªn, alias Curro, fue senador del PSOE por Sevilla durante la VIII legislatura (2004-2008) y ejerci¨® supuestamente como intermediario entre la trama y Pers¨¢n, ya que fue quien ¡°indujo¡± a Moya a contratar a Villarejo.

Las pesquisas sobre el Proyecto Saving se han llevado a cabo dentro de la Pieza 25 del macrosumario del caso Villarejo, que acumula ya m¨¢s de medio centenar de l¨ªneas de investigaci¨®n. De momento, el comisario jubilado solo ha sido juzgado por tres de ellas, y se encuentra pendiente de conocer la sentencia.