El CGPJ pide que se reforme la ley para poder sancionar a los jueces por difundir mensajes en sus redes sociales

Los mensajes publicados en redes sociales por magistrados y jueces empiezan a ser un quebradero de cabeza para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No cuando el juez opina sobre cuestiones jur¨ªdicas o laborales o da pinceladas de su vida personal, que en la mayor¨ªa de los casos no generan problema, pero s¨ª cuando se lanza a valorar, a veces incorporando exabruptos, asuntos pol¨ªticos, el trabajo de otros compa?eros o temas de actualidad que le pueden hacer perder su apariencia de imparcialidad. Para intentar ponerle coto a los casos m¨¢s graves, el CGPJ ha pedido que se actualice la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), de 1985, para poder sancionar conductas que la ley no contempla porque no exist¨ªan cuando se aprob¨®.

La reclamaci¨®n ha surgido a ra¨ªz del caso de Manuel Pi?ar, magistrado del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el juez que en julio de 2018 conden¨® a cinco a?os de prisi¨®n y seis de p¨¦rdida de la patria potestad a Rivas por dos delitos de secuestro de menores, pena que luego rebaj¨® el Tribunal Supremo e indult¨® el Gobierno. La autoridad disciplinaria del CGPJ le abri¨® en marzo expediente a Pi?ar por falta muy grave (ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales) o grave (falta de consideraci¨®n respecto de los ciudadanos) por varias publicaciones realizadas en su cuenta de Facebook. Pero el Consejo ha cerrado la investigaci¨®n sin sancionar al juez tras comprobar que ninguno de los art¨ªculos de la ley que regulan los castigos a los jueces encajan con los hechos cometidos por Pi?ar.

La investigaci¨®n parti¨® de la denuncia presentada por el abogado de Rivas, que entreg¨® pruebas de numerosos mensajes publicados por Pi?ar (quien borr¨® esos textos cuando el CGPJ empez¨® a investigarle), en los que cargaba contra el Gobierno, especialmente por las pol¨ªticas de Igualdad, a las que calific¨® de ¡±bazofia¡± y ¡°comunismo feminazi¡±. Carg¨® especialmente a dirigentes del PSOE y Podemos (¡±la izquierda se est¨¢ convirtiendo en un cartel de narcos¡±, dijo) y hasta contra el Tribunal Supremo, sobre el que, tras la sentencia del caso de los ERE, escribi¨®: ¡°Esto demuestra hasta qu¨¦ punto tenemos una basura de justicia y la principal el Tribunal Supremo¡±. En la queja de Ar¨¢nguez, el abogado expuso que todas esas publicaciones ¡°rebasan con creces los l¨ªmites de la libertad de expresi¨®n, m¨¢xime teniendo en cuenta que son proferidas por un aplicador del Derecho¡±, seg¨²n recogi¨® Europa Press.

La resoluci¨®n del CGPJ tras archivar la investigaci¨®n sugiere que los mensajes del juez son reprochables, pero que, con la ley en la mano, actualmente no se puede actuar contra ¨¦l. ¡°La publicaci¨®n por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones ¨Dcon independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan¨D, cuando en tal medio no se hace invocaci¨®n expresa de su condici¨®n profesional o cuando sea factible entender que su intervenci¨®n se hace a t¨ªtulo particular como mero ciudadano carece de tipicidad a fecha de hoy¡±, se?ala el promotor de la autoridad disciplinaria. En este mismo sentido, la Comisi¨®n Permanente ¡ªel m¨¢ximo ¨®rgano de decisi¨®n tras el pleno¡ª ha acordado tomar conocimiento del archivo del expediente ¡°advirtiendo la conveniencia de que por parte del legislador se valore la necesidad de proceder a una revisi¨®n y actualizaci¨®n de los tipos disciplinarios contemplados en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial¡±.

No es la primera vez que el CGPJ archiva investigaciones disciplinarias por opiniones vertidas en redes. En mayo de 2022 descart¨® sancionar un juez de Barcelona que hab¨ªa pedido en Twitter, bajo seud¨®nimo, ¡°tumbar¡± cualquier recurso que se presentara desde la Generalitat, y aseveraba que actuar as¨ª ¡°no ser¨ªa prevaricar, sino reciprocidad¡±.

El juez Manuel Pi?ar ha explicado a EL PA?S que el expediente disciplinario ahora archivado ¡°era un sinsentido¡± que, asegura, le ha causado un ¡°grave da?o¡± a ¨¦l y a su entorno, por lo que afirma que est¨¢ estudiando interponer una querella contra los miembros de la comisi¨®n permanente del CGPJ que votaron la apertura del expediente, ¡°sin perjuicio de acciones de responsabilidad contra el Consejo¡±. Y m¨¢s a¨²n, Pi?ar asegura que existe ¡°un acoso del Consejo a determinados miembros de la judicatura, consecuencia de que al mismo accedan personas vinculadas a partidos pol¨ªticos¡±.

En cualquier caso, Pi?ar asegura que el desenlace de su expediente no pod¨ªa ser otro que el del archivo porque ¡°ya se sab¨ªa que no se puede sancionar disciplinariamente a ning¨²n juez por actos de su vida privada, fuera del ¨¢mbito de su actuaci¨®n profesional sin hacer alusi¨®n a su condici¨®n de juez. Y menos a¨²n por unas supuestas publicaciones que se han obtenido son garant¨ªas de veracidad y sin dictamen pericial de autenticidad, como exige la jurisprudencia¡±. Pi?ar considera que hoy d¨ªa es f¨¢cil alterar pantallazos ¡°y por eso la jurisprudencia exige una verificaci¨®n desde la fuente. La comisi¨®n permanente sab¨ªa esto, porque ya lo dec¨ªa el promotor en su informe y fue muy lejos al no tomarlo en consideraci¨®n y decidir abrir expediente disciplinario¡±.

Por otra parte, Carlos Ar¨¢nguez, el letrado que denunci¨® al juez, ha comentado a este diario que respeta la decisi¨®n, a¨²n discrepando de la idea de que el juez no estaba identificado como tal: ¡°Se identificaba como jefe en magistratura¡±, comenta el abogado, ¡°y numerosos jueces y magistrados le respond¨ªan a sus publicaciones como compi o ¡®compa?ero¡¯. Tambi¨¦n los letrados que comentaban se dirigen a ¨¦l como ¡®su se?or¨ªa¡¯ y, adem¨¢s, si hubiera querido ser an¨®nimo, hubiera elegido un nombre que no lo identificara o hubiera cerrado sus publicaciones a sus amigos, como ha hecho despu¨¦s y as¨ª est¨¢ ahora¡±. Para Ar¨¢nguez, ¡°es evidente que su profesi¨®n era conocida¡±.

El abogado se queda con la petici¨®n del CGPJ para que se revise la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial: ¡°Si esto sirve para llamar la atenci¨®n sobre los excesos que en ocasiones cometen determinados miembros de la carrera judicial y fiscal, doy por bien empleado el tiempo empleado en esto¡±, ha concluido. Aunque existe la posibilidad de recurrir esta decisi¨®n en v¨ªa jurisdiccional, el abogado ha confirmado que no va a continuar con ello.