La Fiscal¨ªa cree que la Sala de Vacaciones del Constitucional ha rebasado los l¨ªmites de sus competencias con la decisi¨®n sobre Puigdemont

La Fiscal¨ªa va a recurrir el auto de la Sala de Vacaciones del Constitucional que ha inadmitido a tr¨¢mite el recurso del expresidente de la Generalitat fugado de la justicia espa?ola Carles Puigdemont para que se suspendiera la orden de detenci¨®n dictada en su contra por el Supremo. Los fiscales consideran que no hab¨ªa urgencia alguna para resolver esta impugnaci¨®n, y que en consecuencia la Sala de Vacaciones ha actuado fuera del l¨ªmite de sus competencias. En l¨ªneas generales, la Fiscal¨ªa del propio Constitucional comparte las tesis del voto particular formulado por Laura D¨ªez, la magistrada progresista que ha votado en contra de esta resoluci¨®n avalada por los dos magistrados conservadores que junto a ella han compuesto dicha Sala de Vacaciones en los primeros d¨ªas de agosto, Concepci¨®n Espejel y C¨¦sar Tolosa. En su texto alternativo al auto dictado, D¨ªez subraya que no hab¨ªa motivo alguno para que el ¨®rgano de garant¨ªas resolviese este asunto sin someterlo a debate por parte del pleno del tribunal, como ha sucedido con todos los recursos presentados por los l¨ªderes independentistas en relaci¨®n con la causa penal seguida en el Supremo por el proc¨¦s.

La Sala de Vacaciones que ha actuado en este asunto va a terminar su cometido despu¨¦s del pr¨®ximo puente del 15 de agosto. Espejel, que ha ejercido como presidenta de la Sala, ser¨¢ sustituida junto a Tolosa y D¨ªez la semana que viene por Enrique Arnaldo, conservador, y que actuar¨¢ como presidente hasta septiembre pr¨®ximo, y Juan Carlos Campo y Mar¨ªa Luisa Segoviano, los otros dos magistrados que accedieron al tribunal el pasado enero. La mayor¨ªa conservadora saliente ser¨¢ reemplazada por una nueva mayor¨ªa progresista, grupo al que pertenecen Campo y Segoviano.

No cabe descartar que en el futuro se var¨ªen los criterios de composici¨®n de esta Sala, a la vista de la experiencia. En medios del Constitucional se afirma en este sentido que la resoluci¨®n de inadmisi¨®n del recurso de Puigdemont, contraria a la doctrina seguida hasta ahora sobre las atribuciones de la Sala de Vacaciones, no se habr¨ªa producido si este tribunal se hubiera compuesto de acuerdo con el equilibrio de fuerzas actualmente existente en el ¨®rgano de garant¨ªas, en el que hay una mayor¨ªa de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores.

La reacci¨®n entre este grupo mayoritario ha sido de contrariedad por lo sucedido, pero a la vez de seguridad en que la situaci¨®n podr¨¢ revertirse, y que el recurso de Puigdemont ¡ªal que se adhiri¨® asimismo el exconsejero Toni Com¨ªn¡ª ser¨¢ finalmente analizado en el pleno del tribunal, como todos los que lo han precedido. Cosa bien distinta es lo que pueda ocurrir tras la posible admisi¨®n a tr¨¢mite de la impugnaci¨®n.

No es muy probable que la solicitud de amparo de Puigdemont prospere, porque en cuanto al fondo del asunto su pretensi¨®n es que se anule la orden de detenci¨®n que dict¨® en su contra el magistrado instructor de la causa del proc¨¦s, Pablo Llarena. Fuentes del tribunal indican que una cuesti¨®n es pedir que se estudie suspender dicha orden (mientras se analiza si proceder¨ªa anularla por vulnerar derechos fundamentales) y otra muy diferente es acceder a tumbar una decisi¨®n clave del Supremo en el curso de la persecuci¨®n penal de un dirigente pol¨ªtico que huy¨® de la justicia espa?ola. De hecho, ni siquiera es muy probable que el tribunal suspenda provisionalmente dichas ¨®rdenes del juez Llarena.

En medios del propio tribunal ha causado cierta sorpresa que la Sala de Vacaciones haya apreciado la urgencia de un asunto por el que hay otro recurso plantado con anterioridad, y sobre el que nada se ha resuelto precisamente porque no se ha considerado que fuera prudente acelerar las decisiones. Se trata de otra impugnaci¨®n del propio Puigdemont contra id¨¦nticas ¨®rdenes previas del juez Llarena, caso que correspondi¨® a la magistrada Mar¨ªa Luisa Balaguer. Las fuentes consultadas estiman que este asunto qued¨® pendiente en parte a la espera de la resoluci¨®n que tiene que dictar el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea sobre la prerrogativa de inmunidad, cuyo reconocimiento reclama Puigdemont como eurodiputado y frente a las ¨®rdenes de detenci¨®n del Supremo.

Por otra parte, la ¨²ltima impugnaci¨®n de Puigdemont contra las decisiones del juez Llarena ¡ªrecurso que tuvo su entrada en el tribunal el pasado 31 de julio¡ª contaba ya con un ponente asignado, el magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia en el Gobierno de Pedro S¨¢nchez, a quien correspond¨ªa elaborar un borrador de resoluci¨®n sobre el caso. No consta, en este sentido, que Campo apreciase urgencia alguna en el asunto. En funci¨®n de la asignaci¨®n de esta ponencia, el recurso del fiscal podr¨ªa ser visto en primera instancia, cuando se presente en septiembre, por la Sala Primera del tribunal. Pero en el Constitucional se da por hecho que ¨¦sta lo avocar¨ªa al pleno, para mantener la doctrina sobre el inter¨¦s y la relevancia constitucional de este tipo de peticiones de amparo.