El presidente del Supremo en funciones denuncia el panorama ¡°desolador¡± de la justicia por el desacuerdo entre el PP y el PSOE

Por quinto a?o consecutivo, la apertura del a?o judicial llega con el ¨®rgano que gobierna el poder judicial ejerciendo de forma interina un mandato que expir¨® en diciembre de 2018. La mayor¨ªa de los asistentes al acto celebrado en el Sal¨®n de Plenos del Tribunal Supremo, presidido por el Rey, llevan desde entonces acudiendo cada mes de septiembre a la jornada m¨¢s solemne del curso para escuchar a su presidente clamar por la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tambi¨¦n ha sido as¨ª esta vez, y el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Mar¨ªn, que se estrenaba como actor principal tras la dimisi¨®n, hace 11 meses, de Carlos Lesmes, ha reclamado un ¡°verdadero compromiso democr¨¢tico de cooperaci¨®n leal entre los diferentes actores pol¨ªticos¡± para garantizar el buen funcionamiento de la justicia. Mar¨ªn ha dedicado ¨ªntegramente su intervenci¨®n a denunciar el ¡°desolador¡± panorama del CGPJ y el Supremo, a dejar constancia de sus efectos y a pedir ¡°con urgencia¡± una soluci¨®n.

¡°?Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democr¨¢tica la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco a?os? ?Es compatible con la normalidad democr¨¢tica un Tribunal Supremo, ¨®rgano jurisdiccional superior en todos los ¨®rdenes seg¨²n establece la Constituci¨®n, cuyos efectivos se hallan mermados en m¨¢s de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?¡±, se ha preguntado Mar¨ªn ante la mirada de Felipe VI.

El a?o judicial se inicia esta vez en una situaci¨®n, si cabe, a¨²n m¨¢s excepcional: con el poder ejecutivo y el judicial en funciones, una circunstancia que se ha hecho visible, como en ning¨²n otro sitio, en la mesa presidencial. A la derecha del Rey, los presidentes sustitutos del alto tribunal y el del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. A la izquierda de Felipe VI, la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, y el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa, tambi¨¦n en funciones. ¡°Menos el Rey, toda la presidencia era interina¡±, advert¨ªa un magistrado del alto tribunal al t¨¦rmino de la ceremonia.

Entre los asistentes, junto al presidente y los magistrados del Tribunal Constitucional, la pr¨¢ctica totalidad de los jueces del Supremo, la c¨²pula del ministerio fiscal y todos los operadores jur¨ªdicos, se encontraba tambi¨¦n el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, que hace algo menos de un a?o se baj¨® en el ¨²ltimo minuto del acuerdo que ya ten¨ªa pr¨¢cticamente cerrado con el PSOE porque el Gobierno anunci¨® la reforma penal que eliminaba la sedici¨®n y rebajaba las penas de algunos tipos de malversaci¨®n. Preguntado al finalizar el acto por si se ha sentido interpelado por el grito de auxilio de Mar¨ªn, Feij¨®o ha defendido que la culpa de que no se haya renovado el CGPJ no es solo suya y ha insistido en reformar primero el sistema de elecci¨®n de los vocales jueces y, despu¨¦s, desbloquear el Consejo.

El l¨ªder del PP ha sido preguntado tambi¨¦n por la constitucionalidad de la amnist¨ªa, que ¨¦l ha negado con rotundidad, aunque entre los juristas asistentes, en su mayor¨ªa magistrados con d¨¦cadas de experiencia, el asunto est¨¢ menos claro. El posible perd¨®n a los actores del proc¨¦s ha acaparado las conversaciones informales posteriores al acto, en las que se ha planteado la posibilidad de que, si la ley de amnist¨ªa sale adelante, el Tribunal Supremo y otros juzgados en los que se instruyen las causas afectadas por esa medida puedan elevar una cuesti¨®n de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncien sobre la norma. En cualquier caso, estas iniciativas no retrasar¨ªan la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa, han coincidido las fuentes consultadas.

Dentro del Sal¨®n de Plenos, el acto ha transcurrido con la ceremonia habitual, pero el discurso del presidente daba cuenta de una situaci¨®n cr¨ªtica. Mar¨ªn ha descrito con detalle el ¡°desolador¡± panorama de la c¨²pula judicial: el alto tribunal se encuentra, a fecha de hoy, sin presidente titular, sin vicepresidente y con un total de 23 vacantes de magistrados, distribuidas as¨ª entre sus salas: dos en la Sala Primera, una en la Sala Segunda, 11 en la Sala Tercera (una de ellas la de presidente de sala), seis en la Sala Cuarta (una de ellas tambi¨¦n la de presidente de sala) y tres en la Sala Quinta (este mismo jueves se jubila un magistrado). ¡°Esta situaci¨®n, sostenida en el tiempo, est¨¢ dando lugar a una disminuci¨®n de las cifras de resoluci¨®n de recursos mediante sentencia, y la soluci¨®n a este problema no puede pasar sin m¨¢s por la asignaci¨®n de un mayor n¨²mero de ponencias a los magistrados y magistradas que a¨²n permanecen en las salas afectadas, que ya soportan una carga de trabajo alt¨ªsima cuyo incremento resultar¨ªa del todo incompatible con el estudio sosegado que es inherente a la creaci¨®n de la jurisprudencia¡±, ha advertido el presidente del alto tribunal.

Mar¨ªn ha calificado de ¡°extrema gravedad¡± el impacto de esta situaci¨®n para el Estado de derecho y para la independencia del poder judicial. ¡°Los ataques a la independencia judicial pueden tener diversos or¨ªgenes y mostrar m¨²ltiples variantes. En ocasiones son comportamientos activos, de intromisi¨®n directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes pol¨ªticos. Pero esos ataques pueden surgir tambi¨¦n de comportamientos omisivos, mucho m¨¢s sutiles y por ello m¨¢s peligrosos para el funcionamiento del sistema democr¨¢tico, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto de una decisi¨®n judicial concreta, sino respecto del propio funcionamiento del poder judicial, con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atenci¨®n p¨²blica de otras cuestiones¡±, ha se?alado. Entre otros da?os al sistema, ha recordado Mar¨ªn, la falta de jueces y las vacantes en los altos tribunales se est¨¢ traduciendo ya en dilaciones indebidas en procesos judiciales de los que ha advertido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional.

¡°De alguna manera lo que est¨¢ fallando es el impulso democr¨¢tico¡±, ha dicho Mar¨ªn, que ha afirmado que fue esta falta de voluntad la que condujo a lo que ha llamado ¡°uno de los episodios m¨¢s tristes¡± de la reciente etapa democr¨¢tica, en referencia a la dimisi¨®n de Carlos Lesmes hace 11 meses ante el fracaso de las negociaciones de PSOE y PP para renovar el ¨®rgano de gobierno de los los jueces. ¡°El enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas pol¨ªticas en lo tocante al poder judicial acaba generando una perniciosa percepci¨®n de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadan¨ªa. Una percepci¨®n que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por s¨ª enormemente da?ina¡±, ha concluido el presidente del Supremo, que, sin negar la legitimidad de la lucha pol¨ªtica, ha llamado la atenci¨®n sobre la necesidad de acompa?ar el debate ideol¨®gico ¡°con esfuerzos serios y leales de consenso en asuntos nucleares para el Estado, como lo es la justicia¡±.

Dada la gravedad de la situaci¨®n, el presidente del Tribunal Supremo ha sugerido en este punto algunas l¨ªneas maestras por la mejora de la justicia que podr¨ªan ser asumidas por los actores pol¨ªtico-institucionales, entre ellas que la renovaci¨®n del CGPJ se produzca con arreglo a los tiempos marcados por la Constituci¨®n; que las pol¨ªticas relacionadas con el Poder Judicial se formulen buscando consensos amplios y evitando las acciones o iniciativas que comprometan su independencia; o que los nombramientos de altos cargos judiciales se lleven a cabo con el m¨¢ximo respeto a los principios de m¨¦rito y capacidad, ¡°evitando cuotas o equilibrios derivados de afinidades ideol¨®gicas o similares¡±. Mar¨ªn ha abogado tambi¨¦n por reformar el sistema de elecci¨®n de los vocales jueces del Consejo ¡°atendiendo a los est¨¢ndares marcados por Europa¡± y por que la de la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ se haga ¡°sin intervenci¨®n de las fuerzas pol¨ªticas¡±.

El presidente del Tribunal Supremo ha finalizado su discurso emplazando p¨²blica y solemnemente a los responsables de las diferentes fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n parlamentaria ¡°para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial¡±. ¡°La democracia exige mucho de sus part¨ªcipes. Tanto, que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales m¨¢s elevados. No es tarea f¨¢cil, pero la buena salud de las instituciones bien vale el esfuerzo¡±, ha manifestado Mar¨ªn, que ha concluido diciendo que ¡°el Tribunal Supremo necesita, cuanto antes, volver a la normalidad, y no puede hacerlo sin una acci¨®n pol¨ªtica decidida para ello. Es la hora de los grandes pol¨ªticos y de los grandes dem¨®cratas. Ser¨ªa una enorme decepci¨®n sentir su falta¡±.

Antes del presidente del Consejo hab¨ªa intervenido en el acto el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. El fiscal general ha hecho una defensa de la labor del ministerio p¨²blico, tras las cr¨ªticas recibidas en los ¨²ltimos meses desde algunos sectores por los ascensos de fiscales progresistas o sus supuestas maniobras para apartar al fiscal del caso Villarejo. ¡°Los ataques a la figura del fiscal general del Estado no deben ¡ªno deber¨ªan¡ª contagiar a la propia carrera. Pues, aun siendo el principio de unidad de actuaci¨®n lo que justifica la jerarqu¨ªa, no hay decisi¨®n del fiscal general que no est¨¦ sometida a los principios de motivaci¨®n, publicidad y, me atrever¨ªa a decir, que de consenso¡±, ha afirmado. ¡°Puede estar tranquila la ciudadan¨ªa, pues la acci¨®n de la Fiscal¨ªa, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, est¨¢ sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garant¨ªas en nuestra actuaci¨®n individual¡±

Garc¨ªa Ortiz ha defendido tambi¨¦n la actuaci¨®n del ministerio p¨²blico en la aplicaci¨®n de la ley de libertad sexual, la conocida como ley del solo s¨ª es s¨ª. Los criterios fijados a trav¨¦s de una circular son ¡°el reflejo preciso de la necesidad, en garant¨ªa de la seguridad jur¨ªdica y de la igualdad, de que el mismo criterio jur¨ªdico sea defendido ante todos los tribunales e instancias de Espa?a¡±, ha se?alado. ¡°Un instrumento necesario para que la revisi¨®n de las sentencias fuera de igual aplicaci¨®n en cualquier punto de la geograf¨ªa espa?ola, y a la vez se pudiera sostener en todas las instancias de nuestra jurisdicci¨®n, desde los Juzgados de lo Penal hasta el Tribunal Supremo¡±, ha a?adido Garc¨ªa Ortiz, para quien, en esa actuaci¨®n, ¡°se condensa la naturaleza del principio de unidad, de la jerarqu¨ªa y de la plasmaci¨®n de la voluntad colectiva de una instituci¨®n¡±. ¡°Nosotros ofrecemos a los tribunales una tesis jur¨ªdica rigurosa e impecable, coherente y aplicable a todas las causas y en todos los supuestos. Ese es nuestro trabajo, el de los tribunales es la toma de decisi¨®n, y a ella nos aquietamos con el mayor de los respetos. As¨ª funciona nuestro sistema. As¨ª funcionan las instituciones, las instituciones en democracia¡±.