Una justicia bajo m¨ªnimos en la apertura del a?o judicial

El rey Felipe VI preside el pr¨®ximo jueves la apertura del a?o judicial, el acto m¨¢s solemne del curso pol¨ªtico, pero que, un a?o m¨¢s, no podr¨¢ abstraerse del estado de desesperaci¨®n que describen los principales actores del Poder Judicial. Con un gobierno a la deriva y con el mandato vencido desde hace casi cinco a?os, el Tribunal Supremo al borde del colapso con un 25% de plazas sin cubrir y los juzgados ahogados por sobrecarga de trabajo, el Poder Judicial arrastra los pies hacia un nuevo curso en el que, si sigue la tendencia de los ¨²ltimos a?os, ingresar¨¢n m¨¢s de 6.000 nuevos casos y se resolver¨¢n otros tantos, mientras los operadores jur¨ªdicos claman por m¨¢s medios humanos y materiales que oxigenen el sistema.

Hace justo un a?o, el entonces presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dio un golpe en la mesa, en presencia del Rey, y anunci¨® que dimitir¨ªa en pocas semanas si los partidos no llegaban a un acuerdo para desbloquear la renovaci¨®n del ¨®rgano del gobierno de los jueces, que ten¨ªa que haberse hecho en diciembre de 2018. La renovaci¨®n no lleg¨® y Lesmes renunci¨® al cargo, lo que dio lugar a una de las mayores crisis institucionales de la ¨²ltima etapa democr¨¢tica. Doce meses despu¨¦s, la situaci¨®n se ha cronificado y, aunque este a?o no se esperan dimisiones, las tensiones que atraviesan el Poder Judicial volver¨¢n a colarse entre el boato del acto.

Estas son algunas de las claves del a?o judicial que ahora empieza:

La ¡°insostenible¡± situaci¨®n del Supremo. Las vacantes en la c¨²pula judicial, m¨¢s de 70 en total y m¨¢s de una veintena de ellas en el Tribunal Supremo, son una losa, cada vez m¨¢s pesada, sobre la justicia espa?ola, end¨¦micamente deficitaria de medios y que en los ¨²ltimos a?os ha visto c¨®mo se quedaban decenas de sillas vac¨ªas y cargos ejercidos de forma interina en sus principales ¨®rganos. Una reforma legal impulsada por el Gobierno en 2021 proh¨ªbe al actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar a los cargos judiciales de designaci¨®n discrecional ¡ªmagistrados del Tribunal Supremo y presidentes de audiencias o de tribunales superiores¨Dpor lo que no se pueden cubrir los puestos que se quedan vac¨ªos por fin de mandato, jubilaciones, fallecimientos o salidas voluntarias.

Esa losa se har¨¢ m¨¢s grande el mismo d¨ªa que se celebra la apertura del a?o judicial, que coincide con la fecha de jubilaci¨®n del magistrado Fernando Ignatelli, de la Sala Quinta (Militar). La ley asigna a esta sala un presidente y siete magistrados, pero con la marcha de Ignatelli ser¨¢n ya tres los puestos sin cubrir. Esa nueva salida eleva a 23 los puestos vacantes en el Tribunal Supremo, m¨¢s de un 25% de las 79 plazas que suma entre sus cinco salas. La situaci¨®n es ¡°insostenible¡±, seg¨²n sucesivos informes y acuerdos suscritos por la Sala de Gobierno, que advierten del ¡°colapso¡± al que se acercan algunas salas.

¡°El panorama no es que sea desolador, es que es indignante. E indigno de un alto tribunal. Se han incorporado refuerzos que nos ayudan, pero hay muchas cosas que no puede hacer nadie por nosotros, como, por ejemplo, deliberar¡±, explica un magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), que con 12 de sus 33 puestos vacantes es la m¨¢s afectada y se ha visto obligada a reordenar sus secciones y mover jueces de una a otra para poder conformar tribunales de cinco magistrados. Las bajas se acumulan tambi¨¦n en la Cuarta (Social), a la que la ley de Demarcaci¨®n y Planta Judicial asigna un presidente y 12 jueces y que ahora tiene solo siete. La Sala Primera (Civil), que deber¨ªa estar compuesta por un presidente y nueve magistrados, tiene dos vacantes, las mismas que la Sala Segunda (Penal), integrada seg¨²n la ley por un presidente y 14 jueces.

Jubilaciones y salidas voluntarias en la agon¨ªa del CGPJ. La situaci¨®n de la c¨²pula judicial es consecuencia directa de la interinidad sostenida en el tiempo del ¨®rgano de gobierno de los jueces, la instituci¨®n que debe velar por la independencia y el buen funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, pero que hace ya casi cinco a?os que permanece bloqueado. El actual CGPJ, nacido en 2013, ten¨ªa que haberse renovado en diciembre de 2018; sin embargo, sus vocales van camino de duplicar el tiempo de mandato para el que fueron elegidos y no se atisba una soluci¨®n a corto plazo. Ha estado a punto de conseguirse varias veces en los ¨²ltimos cinco a?os, pero el PP rechaz¨® firmar el acuerdo cuando ya parec¨ªa casi cerrado.

El escenario m¨¢s optimista sit¨²a la renovaci¨®n a final de a?o, si es que para entonces hay un nuevo gobierno que consiga impulsar un acuerdo del que, forzosamente, tienen que formar parte PSOE y PP porque la elecci¨®n del nuevo CGPJ requiere dos tercios de los votos del Congreso y el Senado. El ¨®rgano seguir¨¢ funcionando mientras tanto con su actual composici¨®n, diezmada por dimisiones, jubilaciones y fallecimientos. El CGPJ tendr¨ªa que tener 21 miembros y ahora solo tiene 16, con una arrolladora mayor¨ªa conservadora (10 frente a seis) que, desde julio pasado, ha recuperado tambi¨¦n la presidencia suplente, tras la jubilaci¨®n de Rafael Mozo, el vocal que sucedi¨® a Carlos Lesmes cuando este dimiti¨® como presidente hace 11 meses.

El nuevo presidente, Vicente Guilarte, se pone al frente de un pleno que acab¨® el curso dividido por los cambios en su principal ¨®rgano de decisi¨®n, la comisi¨®n permanente, el destino al que aspiran muchos de los vocales porque sus siete miembros son los ¨²nicos que trabajan y cobran (alrededor de 130.000 euros al a?o) de forma exclusiva del CGPJ. Cinco consejeros (tres del bloque conservador y dos del progresista) se opusieron a los cambios en esa comisi¨®n y est¨¢ por ver hasta qu¨¦ punto esta situaci¨®n afecta a la habitual divisi¨®n por bloques del ¨®rgano de gobierno de los jueces.

La propia situaci¨®n de Guilarte es tambi¨¦n objeto de discrepancias, ya que algunos vocales consideran que los trabajos de abogado y catedr¨¢tico de derecho civil que mantuvo hasta ocupar este cargo dejan en entredicho su independencia para ejercer la presidencia suplente. ¡°Hasta ahora siempre hemos ido enderezando el rumbo tras cada crisis, pero es verdad que lo que ocurri¨® en julio nos puede pasar factura internamente¡±, se?ala un vocal del bloque conservador, que a?ade: ¡°Si hasta ahora muchas veces desde fuera se nos ve¨ªa muy divididos, desde dentro nunca lo hemos visto as¨ª. Eran debates puntuales, que nosotros relativiz¨¢bamos en cuanto pas¨¢bamos al siguiente punto. Pero la situaci¨®n ahora es muy tensa y se nos puede atragrantar¡±.

Del estado de descomposici¨®n del CGPJ dan cuenta tambi¨¦n las sucesivas salidas voluntarias que se est¨¢n registrando en su equipo t¨¦cnico. Fuentes del ¨®rgano se?alan que en las ¨²ltimas semanas se han producido o est¨¢n cerca de consumarse hasta cinco bajas en puestos de responsabilidad clave. El secretario general y el gerente han pedido la jubilaci¨®n anticipada, mientras que los responsables del servicio de Inspecci¨®n, del gabinete t¨¦cnico y de estudios, informes y convenios se van a otros destinos (unos porque se lo han ofrecido y otros porque ten¨ªan plaza en los mismos). Todos, supuestamente, cansados de la situaci¨®n.

Sobrecarga de trabajo. La situaci¨®n en la c¨²pula judicial ha agravado el estado ya de por s¨ª complicado de la justicia en Espa?a. Al aumento de la litigiosidad en los ¨²ltimos a?os -un 13,6% entre 2020 y 2021, ¨²ltimo a?o del que hay registro, seg¨²n los datos del CGPJ- se une la falta de medios materiales y humanos de la que se quejan todos los operadores jur¨ªdicos y que lleva a que algunas causas judiciales tarden hoy en resolverse el doble que hace 10 a?os. Seg¨²n los datos del ¨®rgano de gobierno de los jueces, la duraci¨®n media de los procedimientos se ha duplicado en la ¨²ltima d¨¦cada en algunos ¨®rganos, desde los juzgados de primera instancia e instrucci¨®n encargados de los procedimientos penales a varias de las salas del Tribunal Supremo m¨¢s afectadas por la imposibilidad de cubrir las vacantes. La Sala Primera, de lo Civil, encargada entre otros asuntos de los casos relacionados con los contratos entre particulares y bancos, tardaba en 2012 una media de 11,1 meses en resolver un recurso. En 2023, la espera supera ya los dos a?os (24,3 meses). Algo parecido ocurre en la Sala Cuarta, la de lo Social, la que tiene la ¨²ltima palabra sobre los pleitos entre empresas y trabajadores y de la que depende en muchas ocasiones la indemnizaci¨®n que pueda cobrar un empleado despedido o la posibilidad de que un trabajador recupere su puesto. En 2012, la espera se demoraba una media de 10,5 meses; en 2023, casi a?o y medio (17,4 meses).

En el caso del Supremo, los datos indican un aumento exponencial del tiempo de respuesta en los dos ¨²ltimos a?os, pero en otros ¨®rganos, la situaci¨®n es m¨¢s ¡°end¨¦mica¡±. Aunque los ¨²ltimos informes del CGPJ constatan una ¡°mejora de la situaci¨®n¡± -en el a?o 2021 ingresaron en el conjunto de los ¨®rganos judiciales espa?oles un total de 6.273.090 asuntos, y se resolvieron 6.323.819- al final de ese a?o segu¨ªa habiendo pendiente de resolver 3.144.583, es un 0,4% inferior a los existentes al final de 2020, pero un 10,9% superior respecto a 2019. Los juzgados m¨¢s congestionados son los de Castilla-La Mancha, Murcia, Islas Baleares, Catalu?a y Madrid, 1,51. Los menos, los de Arag¨®n, Navarra y Asturias.

A la espera de sentencias con repercusi¨®n pol¨ªtica. Casos como el del proc¨¦s, la trama G¨¹rtel o los ERE de Andaluc¨ªa han generado en los ¨²ltimos a?os sonoras interferencias entre el calendario judicial y el pol¨ªtico. Situaciones similares pueden repetirse en los pr¨®ximos meses si algunas de las sentencias m¨¢s importantes que est¨¢n pendientes en los tribunales se resuelven antes de que fructifiquen las negociaciones para la investidura o si, por el fracaso de estas, hay que repetir elecciones. El Supremo tiene pendiente, entre otras, el recurso contra los indultos a los l¨ªderes independentistas, que ha generado gran ruido incluso dentro del propio tribunal por el cambio de criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que primero rechaz¨® revisar las medidas de gracia y, unos meses despu¨¦s, y tras un cambio en la composici¨®n del tribunal, los admiti¨® a tr¨¢mite. Una posible revocaci¨®n de los indultos otorgados a Oriol Junqueras y los otros ocho l¨ªderes secesionistas condenados a penas de entre 9 y 13 a?os de c¨¢rcel podr¨ªa alterar el di¨¢logo entre Pedro S¨¢nchez y los partidos independentistas.

El alto tribunal, pero en este caso la Sala Penal, tiene tambi¨¦n pendiente resolver los recursos por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (la sentencia de la Audiencia Nacional descarta la teor¨ªa sostenida por partidos independentistas de que el estado permiti¨® los ataques para dar un susto a Catalu?a en pleno proc¨¦s); y el presentado por el PP contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena como responsable civil subsidiario del delito fiscal cometido por su extesorero Luis B¨¢rcenas, en el conocido como caso de la caja B.

El Constitucional dictar¨¢ tambi¨¦n en los pr¨®ximos meses resoluciones clave. Entre ellas, la que resuelve el recurso de PP y Vox contra la reforma legal de 2021 que prohibi¨® los nombramientos discrecionales. La ponente es la magistrada progresista Mar¨ªa Luisa Balaguer y se espera que el tribunal avale la norma, lo que mantendr¨ªa el veto sobre las designaciones en la c¨²pula judicial e incrementar¨ªa los puestos vacantes a medida que se produzcan nuevas salidas o finalicen los mandatos para los que fueron elegidos los cargos de responsabilidad (por ejemplo, las presidencias de sala del Supremo o las de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia).

El ¨®rgano de garant¨ªas prepara tambi¨¦n la respuesta al recurso presentado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodr¨ªguez contra la sentencia del Supremo que le conden¨® por darle una patada a un polic¨ªa tras una manifestaci¨®n en 2014 y contra la la decisi¨®n de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de considerar que esa condena deb¨ªa implicar la p¨¦rdida del esca?o. Si el tribunal ampara al exdiputado, este ya no podr¨ªa recuperar su esca?o porque aquel Parlamento muri¨® con las elecciones de 23 de julio.