Llarena da 10 d¨ªas de plazo a Puigdemont para que acredite si ha pedido que le devuelvan la inmunidad como eurodiputado

El pulso interminable que mantienen Carles Puigdemont y el magistrado instructor de la causa del proc¨¦s en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, vive este martes un nuevo envite, en pleno debate sobre la amnist¨ªa que reclama Junts, la formaci¨®n que lidera el expresidente de la Generalitat, para apoyar la investidura de Pedro S¨¢nchez. Llarena ha dictado una providencia en la que concede un plazo de 10 d¨ªas tanto al expresident como al exconseller Antoni Com¨ªn ¡ªhuido con ¨¦l a B¨¦lgica desde octubre de 2017¡ª para que acrediten si han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la sentencia que el pasado 5 de julio les retir¨® la inmunidad parlamentaria como eurodiputados. El magistrado pregunta, adem¨¢s, si las defensas de Puigdemont y Com¨ªn han pedido tambi¨¦n la suspensi¨®n cautelar de ese fallo, y aqu¨ª puede estar la clave del escrito de Llarena: el propio TJUE confirmaba el lunes la recepci¨®n de los recursos, pero se?alaba que todav¨ªa no hab¨ªa recibido una petici¨®n de medidas cautelares. Algo que la defensa del expresident apunt¨® que tiene previsto hacer, aunque sin fijar hasta el momento una fecha. Seg¨²n el tribunal de Luxemburgo, no hay un plazo fijo para hacerlo, ya que se pueden presentar ¡°hasta que se resuelvan los asuntos principales¡±.

El escrito de Llarena, aunque formalmente obedece solo a un tr¨¢mite, deja entrever que el juez pretende seguir teniendo a Puigdemont atado en corto. El magistrado le da ahora 10 d¨ªas de plazo para que acredite qu¨¦ ha pedido, por lo que si el expresidente no ha solicitado para entonces ante el TJUE que le devuelva la inmunidad mientras decide sobre su recurso, el instructor del Supremo podr¨ªa reactivar las euro¨®rdenes y las ¨®rdenes internacionales de detenci¨®n, tal y como han reclamado la Fiscal¨ªa y la acusaci¨®n particular que ejerce la Abogac¨ªa del Estado. En un escrito dictado el pasado 27 de julio, el juez acord¨® tener por presentadas esta petici¨®n de las acusaciones, pero estableci¨® que resolver¨ªa sobre ella cuando el TJUE se pronunciase sobre las posibles medidas cautelares que ambos procesados pudiesen presentar contra la decisi¨®n del TGUE. De ah¨ª que Llarena quiera ahora saber si Puigdemont y Com¨ªn han solicitado estas medidas provisionales.

La decisi¨®n de la defensa de los l¨ªderes independentistas de posponer la petici¨®n de cautelares les permit¨ªa, en principio, ganar tiempo frente a Llarena, pero, tras la providencia acordada por el magistrado, Puigdemont y Com¨ªn tendr¨¢n que decidir si solicitan la suspensi¨®n de su inmunidad en los pr¨®ximos 10 d¨ªas para as¨ª poder justificarlo ante el juez del Supremo o, por lo contrario, se arriesgan a que Llarena vuelva a emitir la orden europea de detenci¨®n. En su estrategia de demorar al m¨¢ximo el proceso, la defensa del expresidente y el exconsejero ya agot¨® la semana pasada el plazo para recurrir ante el TJUE la sentencia que le retir¨® la inmunidad. El fallo se conoci¨® el 5 de julio y el plazo para impugnarlo venc¨ªa el pasado viernes, d¨ªa en el que finalmente el abogado present¨® sus escritos.

La sentencia del tribunal europeo deja tambi¨¦n sin inmunidad a la exconsejera y actual eurodiputada Clara Ponsat¨ª, pero Llarena no se plantea reactivar contra ella la euroorden porque, tras la reforma penal que derog¨® en diciembre pasado el delito de sedici¨®n, solo est¨¢ procesada por desobediencia, un delito que no implica penas de prisi¨®n. De hecho, Ponsat¨ª ya ha viajado en los ¨²ltimos meses en varias ocasiones a Espa?a y, en julio pasado, fue detenida, prest¨® declaraci¨®n judicial y qued¨® en libertad provisional. Al d¨ªa siguiente, Llarena dio por terminada la instrucci¨®n de su caso para que pueda ser juzgada.

La sentencia del Tribunal General de la UE de julio pasado desestim¨® todos los motivos formulados por los eurodiputados, ¡°en particular sus alegaciones seg¨²n las cuales el Parlamento incurri¨® en error al concluir que el referido proceso judicial no se inco¨® con la intenci¨®n de da?ar la actividad de los diputados¡±. Adem¨¢s, agrega, ¡°al examinar un suplicatorio de suspensi¨®n de inmunidad, no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales espa?oles, pues esta cuesti¨®n es competencia exclusiva de las autoridades nacionales¡±.