El Gobierno defendi¨® al conceder los indultos que el ¡®proc¨¦s¡¯ tuviera respuesta penal, porque ¡°nadie est¨¢ por encima de la ley¡±

En junio de 2021, el Gobierno fundament¨® el indulto concedido al exvicepresidente de la Generalitat de Catalu?a y l¨ªder de ERC, Oriol Junqueras, con un escrito de 33 p¨¢ginas en el que se expon¨ªan las razones de ¡°utilidad p¨²blica¡± que justificaban la medida de gracia. Ese texto, firmado por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defend¨ªa que en 2017 se hubiera producido una respuesta penal al desaf¨ªo independentista, en contra de lo que ahora sostiene el presidente del Gobierno en funciones, Pedro S¨¢nchez, que el mi¨¦rcoles dijo: ¡°Nosotros hemos respetado siempre la labor de la justicia. Pero tambi¨¦n digo, y lo he comentado, que una crisis pol¨ªtica nunca tuvo que derivar en acci¨®n judicial¡±.

¡°La base de nuestra convivencia radica en el imperio de la ley, y ello se traduce en que nada ni nadie est¨¢ por encima de ella¡±, recog¨ªa el expediente de aquel indulto, que elogiaba la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa y del Tribunal Supremo: ¡°La democracia espa?ola dio una respuesta dentro de la ley a quienes se situaron fuera de la ley¡±. El texto marcaba, adem¨¢s, una expl¨ªcita l¨ªnea roja ante la amnist¨ªa, la medida que exigen ERC y Junts para apoyar la investidura de S¨¢nchez y que ahora el Gobierno se abre a explorar. ¡°A diferencia de la amnist¨ªa, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito¡±, remarcaba el ministerio.

Las propuestas de indulto firmadas por el exministro Campo (una por cada uno de los nueve l¨ªderes independentistas a los que se les concedi¨® la medida de gracia) son los documentos con los que se argumentaron los reales decretos aprobados por el Gobierno para conceder el perd¨®n. La de Junqueras defend¨ªa la ¡°utilidad p¨²blica¡± de indultar al exvicepresidente por el ¡°relevante papel pol¨ªtico¡± de este en la sociedad catalana y lo que esa decisi¨®n pod¨ªa suponer ¡°para restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes¡±.

Al defender la medida, el Gobierno puso el acento en el reconocimiento de la labor de la justicia para frenar el desaf¨ªo independentista y, en concreto, de la sentencia con la que el Supremo conden¨® a penas de prisi¨®n a 9 de los 12 l¨ªderes secesionistas a los que juzg¨® en 2019. ¡°Tras la sucesi¨®n de los hechos enjuiciados en la referida sentencia y condena penal que impuso a sus autores, nadie en Espa?a duda de que la comisi¨®n de un delito, sea quien sea quien lo cometa y ocup¨¦ el cargo que ocupe, traer¨¢ consigo las consecuencias penales legalmente previstas¡±, se?alaba el texto, que consideraba que, ¡°en este contexto, la respuesta del Estado era obligada¡±, y a?ad¨ªa: ¡°Quienes actuaron en contra de la Constituci¨®n tuvieron que asumir sus responsabilidades de acuerdo con lo que determina la ley¡±. El documento negaba que el perd¨®n supusiera ¡°vaciar de contenido¡± la sentencia del proc¨¦s. ¡°(...) Ni la cuestiona ni la modifica en extremo alguno. Aquello fue la v¨ªa jurisdiccional. Esto es la v¨ªa pol¨ªtica. Ambas plenamente constitucionales y respetuosas con el Estado de derecho¡±.

Las afirmaciones de Pedro S¨¢nchez el mi¨¦rcoles desde Nueva York cuestionando la judicializaci¨®n del proc¨¦s han generado ¡°estupefacci¨®n¡± entre algunos miembros de la Fiscal¨ªa y del Supremo, el tribunal que juzg¨® y sentenci¨® a Junqueras y a otros 11 l¨ªderes independentistas y que todav¨ªa intenta traer a Espa?a a Carles Puigdemont para sentarlo en el banquillo. ¡°El asunto se judicializ¨® cuando tuvo una gravedad extraordinaria y estaba en peligro el orden constitucional. La respuesta penal se activ¨® cuando cruzaron las l¨ªneas rojas del sistema, no antes¡±, subrayan fuentes fiscales, que se remiten a declaraciones pasadas de S¨¢nchez en las que defendi¨® los procesamientos por rebeli¨®n o el cumplimiento ¡°integro de las penas¡±, o al propio escrito de los indultos, y reprochan ¡°los constantes cambios de opini¨®n¡± sobre este asunto del presidente en funciones.

¡°Los pol¨ªticos, al ejercer su funci¨®n, a veces cometen delitos. Y eso exige una respuesta penal. ?C¨®mo no lo vas a judicializar?¡±, se preguntan estas fuentes, que s¨ª admiten que una respuesta pol¨ªtica m¨¢s temprana mediante la activaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n (la intervenci¨®n de una comunidad aut¨®noma por parte del Gobierno) antes de lo que se hizo pod¨ªa haber evitado ¡°muchas cosas¡±. ¡°Quiz¨¢ se debi¨® aplicar en septiembre [de 2017], pero al final se lleg¨® a un extremo que oblig¨® a responder judicialmente¡±, se?alan estas fuentes, que tampoco comparten la amnist¨ªa que ahora exigen ERC y Junts. ¡°Conlleva un reconocimiento de la legalidad de la actuaci¨®n de ellos y de la ilegalidad de la actuaci¨®n del Estado¡±, interpretan.

El hecho de que la Constituci¨®n no proh¨ªba expresamente la amnist¨ªa, uno de los argumentos que esgrimen quienes defienden la aplicaci¨®n de esta medida, no es visto entre algunos fiscales como raz¨®n para admitirla. ¡°Precisamente no est¨¢ porque el legislador no se lo plante¨®; porque no hay delitos pol¨ªticos en democracia. El delito pol¨ªtico es el que se amnist¨ªa en un cambio de r¨¦gimen autoritario a uno democr¨¢tico¡±, afirman estas fuentes, que consideran la amnist¨ªa ¡°una forma de cercenar la funci¨®n jurisdiccional y la separaci¨®n de poderes¡±.