El Tribunal Constitucional admite a tr¨¢mite todos los recursos presentados contra la ley de vivienda

El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite este martes los recursos de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, tambi¨¦n conocida como la ley de vivienda. El ¨®rgano de garant¨ªas ha agrupado el recurso del PP, presentado por 50 de sus diputados del Congreso; el del Parlament de Catalu?a y los de los gobiernos auton¨®micos de Andaluc¨ªa, Islas Baleares y Madrid. La uni¨®n pretende favorecer un estudio conjunto para despu¨¦s elaborar una doctrina com¨²n que d¨¦ coherencia a las distintas resoluciones que se dicten en el futuro. Cada una de las impugnaciones sin embargo, tendr¨¢ una sentencia individualizada.

El recurso de inconstitucionalidad del PP, por ejemplo, plantea la posible vulneraci¨®n del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonom¨ªa local, en una l¨ªnea similar a la de las impugnaciones de los gobiernos de las citadas Comunidades Aut¨®nomas, que tambi¨¦n defienden sus competencias en la materia. El Parlament de Catalu?a, a su vez, pone el acento en este punto, en que la ley recurrida podr¨ªa ser contraria al r¨¦gimen de distribuci¨®n de competencias auton¨®micas en materia de ordenaci¨®n del territorio, urbanismo y vivienda.

La ley de vivienda fue aprobada por el Congreso el pasado abril por 176 votos a favor, 167 en contra y una abstenci¨®n. Votaron a favor el PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, M¨¢s Pa¨ªs, Comprom¨ªs, PRC y Teruel Existe. BNG se abstuvo, y ya entonces consider¨® que el texto legislativo incurr¨ªa en invasi¨®n de competencias de las comunidades aut¨®nomas. Se opusieron a la ley el PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, as¨ª como el el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalici¨®n Canaria, que tambi¨¦n incidieron en la invasi¨®n competencial como principal defecto de la ley.

La admisi¨®n a tr¨¢mite de los recursos presentados contra la ley de vivienda se produce tras unos meses marcados por la intensa pol¨¦mica sobre la utilidad de las normas aprobadas para facilitar el acceso a la vivienda, contener los precios de los alquileres y evitar la ocupaci¨®n ilegal. Al poco de ser aprobada la ley, la secretaria de vivienda del PP, Ana Mar¨ªa Zurita, manifest¨® ¨Den una jornada organizada por Esade¨D que era necesario derogar la nueva norma, porque es ¡°da?ina¡± y ¡°cancer¨ªgena¡±. Zurita a?adi¨® que el texto aprobado era casi un ¡°panfleto¡± ideol¨®gico que genera inseguridad jur¨ªdica e invade competencias auton¨®micas y perjudica a los propietarios de viviendas.

ERC y Bildu defendieron en el Congreso los acuerdos a los que se lleg¨® para la aprobaci¨®n de la ley y la ministra de Transportes, Raquel S¨¢nchez, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, presentaron el texto. Esta ¨²ltima manifest¨® que hasta ese momento la vivienda en Espa?a se hab¨ªa convertido sencillamente en un ¡°gran negocio¡± apoyado en el ¡°consenso del pelotazo¡± y la ¡°especulaci¨®n¡±. La ministra de Transportes, a su vez, expuso que la ley persigue ¡°fomentar la cohesi¨®n social, buscar la equidad y garantizar el derecho del acceso a la vivienda¡±. S¨¢nchez a?adi¨® que la nueva normativa era precisa para cambiar un mercado ¡°demasiado propenso a generar fen¨®menos de especulaci¨®n y ciego ante las barreras para el acceso a la vivienda de amplios sectores¡±.

A la vista de estos precedentes, fuentes del propio Constitucional admiten que el tribunal afronta ahora, al admitir a tr¨¢mite los recursos presentados, el reto de pacificar un debate, el del acceso a la vivienda, que en sede pol¨ªtica puso de relieve la existencia de posiciones irreconciliables. Tras la admisi¨®n a tr¨¢mite se pedir¨¢n alegaciones a las partes y se designar¨¢ ahora un ponente para cada una de las impugnaciones presentadas.