La Audiencia de Sevilla anula la causa judicial que investiga al marido de la exdirectora de la Guardia Civil

La Audiencia de Sevilla ha anulado la causa que investiga al empresario Juan Carlos Mart¨ªnez, marido de la ex directora general de la Guardia Civil Mar¨ªa G¨¢mez, al proseguir una instrucci¨®n judicial pese a que los plazos legales hab¨ªan caducado. Este defecto formal tumba la investigaci¨®n por blanqueo, malversaci¨®n y prevaricaci¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 sevillano, y que acab¨® el pasado marzo con la carrera de G¨¢mez, que dimiti¨® horas despu¨¦s de que trascendiera la causa contra su pareja.

La defensa de un cu?ado de G¨¢mez, tambi¨¦n investigado, aleg¨® ante la Audiencia que la investigaci¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n 6 hab¨ªa sobrepasado los plazos marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que el Supremo hab¨ªa aclarado que eran ¡°de obligado cumplimiento¡±. Mart¨ªnez, investigado desde el pasado marzo, estaba acusado por haber recibido de manera indirecta fondos de la Junta de Andaluc¨ªa entre 2009 y 2011, cuando el PSOE gobernaba, a trav¨¦s de una sociedad de su hermano Bienvenido.

Los magistrados de la Audiencia sevillana concluyen que la investigaci¨®n del juez instructor Jos¨¦ Ignacio Vilaplana contra Mart¨ªnez deb¨ªa haber terminado el 29 de julio de 2022, pero tanto ¨¦l como su hermano fueron citados como investigados el 22 de febrero de 2023. Por lo tanto, todas las resoluciones e indagaciones del Juzgado de Instrucci¨®n 6 posteriores a julio de 2022 quedan anuladas. El Supremo aclar¨® en anteriores sentencias que los plazos fijados por el art¨ªculo 324 de la Lecrim, fijados en 2015 para evitar que las investigaciones judiciales se eternizaran, son ¡°plazos procesales propios, sin posibilidad de recuperaci¨®n (¡­) no son flexibles, sino imperativos o taxativos¡±, recuerda el auto de la Audiencia, fechado el pasado martes y avanzado este viernes por Diario de Sevilla.

En el juzgado que instruye la macrocausa de los ERE con sus 140 piezas, el 6 de Instrucci¨®n sevillano, esa obligaci¨®n de prorrogar las investigaciones cada cierto tiempo, ha pasado factura y en ocasiones como esta ha dado al traste con investigaciones en curso. Ahora los jueces de la Audiencia entienden que el 29 de julio de 2022, al no prorrogarse el plazo de instrucci¨®n, se produjo ¡°una situaci¨®n de crisis procesal¡±.

Las pesquisas contra Mart¨ªnez ven¨ªan derivadas de la causa abierta a la desaparecida empresa de coches Santana Motor, con participaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, y desgajada a su vez en 2015 del caso ERE. En la causa que se cerrar¨¢ en cuanto el juez instructor acate el auto de la Audiencia, est¨¢n imputados los hermanos Mart¨ªnez, el exdirector de la agencia Idea Jacinto Ca?ete y el exadministrador de la empresa p¨²blica Fagia Carlos Fern¨¢ndez.

La Audiencia sevillana resalta en su auto que es ¡°evidente¡± que las personas investigadas en la causa que ahora ser¨¢ archivada ¡°ya lo estaban siendo por los mismos hechos en las precedentes diligencias previas 3969/2015 [de Santana Motor]¡±. Los magistrados consideran que en cuanto a los plazos procesales, ¡°no puede hacerse abstracci¨®n de su origen, ni de sus posteriores vicisitudes procesales¡±, por lo que deb¨ªan haberse prorrogado sus imputaciones en funci¨®n de la causa de Santana Motor.

Hace un a?o el caso Isofot¨®n, con 38 investigados y que investigaba las ayudas de la Junta de Andaluc¨ªa a la empresa energ¨¦tica malague?a del mismo nombre, lo tumb¨® la Audiencia sevillana por un defecto de forma similar, al haber prorrogado la investigaci¨®n durante cuatro meses de manera irregular en 2017. En esta causa la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hab¨ªa se?alado a los ministros Mar¨ªa Jes¨²s Montero y Luis Planas, como antiguos consejeros andaluces de Salud y Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que concedieron una ayuda de 8,3 millones a la empresa Isofot¨®n en 2012, pero las pesquisas se frenaron en seco por los plazos legales para prorrogar la instrucci¨®n.

La empresa de Juan Carlos Mart¨ªnez Job Management Liberty S. L. recibi¨® fondos de la firma Experience Management Group S. L., propiedad de su hermano Bienvenido, presidente de Santana Motor entre 2009 y 2011. Tras abandonar la Junta, Bienvenido cre¨® empresas de asesor¨ªa y gesti¨®n que recibieron fondos por 1,3 millones de los organismos en los que antes hab¨ªa sido directivo. Adem¨¢s, la investigaci¨®n destaca que el marido de G¨¢mez recibi¨® 128.880 euros de los laboratorios farmac¨¦uticos Rovi, subvencionado por la agencia Idea, de la que fue directivo su hermano Bienvenido. Juan Carlos Mart¨ªnez fue directivo de las sociedades de la Junta Incuba, Soprea y Fagia en 2010 y 2011.

Los abogados que han ganado ahora el recurso estimado por la Audiencia, Juan Carlos Alf¨¦rez y Manuel P¨¦rez Cuajares, del bufete Constituci¨®n 23, Estudio de Litigaci¨®n, ensalzan que los magistrados hayan compartido su criterio sobre que la causa contra Mart¨ªnez estaba vinculada a la anterior de la que surgi¨®, la de Santana Motor. ¡°En lugar de crear inmediatamente una nueva pieza separada para ese nuevo objeto [la investigaci¨®n contra Mart¨ªnez], se dilata en el tiempo su divisi¨®n tras crear la nueva pieza, se pretende que los contadores del plazo se pongan a cero, cuando ello es un claro fraude de ley¡±.

En otras palabras, los abogados subrayan que los plazos que debe respetar un juez instructor son los de la pieza original de la que surgen otras investigadas conectadas a la primera: ¡°La resoluci¨®n recurrida contiene una interesant¨ªsima formulaci¨®n jur¨ªdica que, aceptando el desafi¨® que propusimos en nuestros recursos, establece que cuando se divide una instrucci¨®n en piezas separadas, el plazo inicial de los plazos de caducidad no es el de la incoaci¨®n del nuevo proceso, sino el del devenir de la pieza matriz de la que procede, siempre que el objeto de la pieza separada viniere ya investig¨¢ndose en el seno de la matriz¡±.