Jueces, fiscales y el Poder Judicial salen en tromba contra las referencias al ¡°lawfare¡¯ o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica¡± en el acuerdo entre el PSOE y Junts

Primero fueron las asociaciones judiciales, luego las de fiscales y, ya por la noche, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La inclusi¨®n en el acuerdo para la investidura de Pedro S¨¢nchez firmado este jueves entre el PSOE y Junts del concepto de ¡°lawfare o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica¡± ha provocado la reacci¨®n en tromba de los principales operadores jur¨ªdicos y del ¨®rgano de gobierno de los jueces. Las cuatro asociaciones de jueces m¨¢s representativas, incluida la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su rechazo por esta referencia recogida en el pacto entre los dos partidos y por ¡°las consecuencias¡± que pueda tener la incorporaci¨®n en el acuerdo del concepto lawfare, un t¨¦rmino que se usa para definir la persecuci¨®n judicial por razones pol¨ªticas. Las tres asociaciones de fiscales han emitido tambi¨¦n, por separado, notas de rechazo a la inclusi¨®n de este t¨¦rmino en el acuerdo, mientras que el presidente suplente del CGPJ ha reunido de urgencia a su Comisi¨®n Permanente para pronunciarse sobre el texto. Fuentes socialistas aclaran que el acuerdo no contempla crear comisiones de investigaci¨®n en el Congreso para detectar casos de lawfare, sino solo constituir las comisiones ya acordadas con los independentistas en la negociaci¨®n de la Mesa del Congreso.

A falta de conocer el texto de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, el acuerdo difundido por el PSOE y Junts recoge que la medida de gracia solo beneficiar¨¢ a los hechos vinculados con el proc¨¦s ¡°directa o indirectamente¡±, seg¨²n ha explicado este jueves el secretario de Organizaci¨®n del PSOE, Santos Cerd¨¢n. Pero el pacto pol¨ªtico abre la puerta a que, m¨¢s adelante, los beneficios puedan extenderse a causas que ahora se quedan fuera, en funci¨®n de lo que determinen las comisiones de investigaci¨®n en el Congreso sobre el caso Pegasus y sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, cuya constituci¨®n pactaron socialistas e independentistas en agosto.

¡°Las conclusiones de las comisiones de investigaci¨®n que se constituir¨¢n en la pr¨®xima legislatura se tendr¨¢n en cuenta en la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas¡±, se?ala el documento. El acuerdo no explica c¨®mo ni en qu¨¦ se concretar¨ªan esos cambios, pero da a entender que se tratar¨ªa de extender la medida de gracia a casos en los que las comisiones de investigaci¨®n destapen un supuesto uso abusivo de la justicia.

Para las asociaciones de jueces, este acuerdo ¡°podr¨ªa suponer, en la pr¨¢ctica, someter a revisi¨®n parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisi¨®n en la independencia judicial y quiebra de la separaci¨®n de poderes¡±. ¡°Los jueces han de estar sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley, puesto que as¨ª lo establece expresamente el art¨ªculo 117.1 de la Constituci¨®n¡±, se?ala el comunicado firmado por la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente. Seg¨²n las cuatro asociaciones, estas expresiones, ¡°en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables¡±. ¡°El Poder Judicial en Espa?a es independiente, no act¨²a sometido a presiones pol¨ªticas y dispone de un sistema de garant¨ªas jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta¡±, a?aden.

Es la primera vez que las cuatro asociaciones judiciales se pronuncian de forma conjunta sobre la amnist¨ªa a los encausados del proc¨¦s. Hasta ahora, la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, la m¨¢s numerosa y de tendencia conservadora, hab¨ªa sido la ¨²nica en emitir un comunicado contrario a la medida, a la que ve como ¡°el principio del fin de la democracia¡±. El resto estaban a la espera de conocer el texto de la proposici¨®n para fijar su postura, pero el acuerdo difundido este jueves ha precipitado la reacci¨®n.

El texto de PSOE y Junts tambi¨¦n ha soliviantado a los fiscales. La Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido una nota para mostrar su ¡°absoluto rechazo¡± a las referencias al lawfare. ¡°Entendemos inadmisible la posible creaci¨®n de comisiones de investigaci¨®n en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertir¨ªa completamente el sistema constitucional de separaci¨®n de poderes¡±, se?ala el escrito, que recuerda que ¡°los Jueces y tribunales est¨¢n ¨²nicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisi¨®n alguna por ning¨²n otro poder del Estado¡±. La Asociaci¨®n de Fiscales, la mayoritaria y de tendencia conservadora, considera que el pacto supone ¡°un ataque sin precedentes a la independencia judicial¡±, mientras que la Uni¨®n Independiente de Fiscales (APIF) considera que asumir el concepto lawfare implica ¡°lanzar una intolerable sombra de sospecha¡± hacia jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

A la vista de las reacciones que estaba provocando el texto, el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha reunido de forma extraordinaria a la Comisi¨®n Permanente, el principal ¨®rgano de decisi¨®n tras el pleno. De ese encuentro ha salido un texto suscrito por seis de los siete miembros de esta comisi¨®n, incluidas las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas. Solo ha votado en contra la tambi¨¦n progresista Pilar Sep¨²lveda. El texto califica de ¡°inadmisible¡± la referencia que hace el acuerdo del PSOE y Junts al lawfare y comparte el ¡°frontal rechazo¡± de jueces y fiscales. ¡°Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisi¨®n parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ¨¢mbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicar¨ªa una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separaci¨®n de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinar¨ªa nuestra m¨¢s frontal oposici¨®n a trav¨¦s de los cauces legalmente establecidos¡±, se?ala el Consejo, que ha remitido esta declaraci¨®n a todos los vocales para que, si lo desean, se adhieran a ella. Hasta las 22.00 de este jueves, seg¨²n fuentes del CGPJ, se hab¨ªan adherido los vocales Nuria D¨ªaz, Juan Mart¨ªnez Moya, Juan Manuel Fern¨¢ndez, Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas y Wenceslao Olea, propuestos por el PP; y Enrique Lucas, propuesto por el PNV y adscrito al sector progresista.

Los comunicados emitidos por las asociaciones y el CGPJ parecen presumir que se vayan a crear comisiones de investigaci¨®n en el Congreso con el objetivo ¨²ltimo de destapar casos de persecuci¨®n judicial a independentistas. Fuentes socialistas descartan esta posibilidad y explican que cuando el texto se refiere a ¡°las conclusiones de las comisiones de investigaci¨®n que se constituir¨¢n en la pr¨®xima legislatura¡±, est¨¢ aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constituci¨®n de la mesa del Congreso. Esas comisiones son la reactivaci¨®n de la constituida el 28 de marzo de 2023 sobre la Operaci¨®n Catalu?a (que se refiere al uso ilegal de medios p¨²blicos para perjudicar a rivales pol¨ªticos con denuncias que se demostraron falsas) y una nueva comisi¨®n sobre Pegasus.

¡°Por tanto, lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisi¨®n de investigaci¨®n, contendr¨¢n recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata as¨ª de reforzar las garant¨ªas de nuestro Estado de derecho¡±, se?alan estas fuentes, que aseguran que el Parlamento no va a realizar, ¡°en ning¨²n caso, una revisi¨®n de ninguna sentencia o resoluci¨®n judicial¡±. ¡°El Parlamento no fiscalizar¨¢ a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podr¨ªa haber pactado¡±, se?alan las fuentes, que a?aden: ¡°El PSOE respeta plenamente la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separaci¨®n de poderes¡±.