An¨¢lisis de la futura ley de amnist¨ªa, una norma de borr¨®n y cuenta nueva

La ¡°proposici¨®n de Ley Org¨¢nica de Amnist¨ªa para la Normalizaci¨®n Institucional, Pol¨ªtica y Social en Catalu?a¡± que registr¨® el lunes el PSOE, y que cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios que votar¨¢n el jueves la investidura de Pedro S¨¢nchez, admite en su exposici¨®n de motivos la excepcionalidad que supone amnistiar a cientos de personas que cometieron delitos vinculados al proceso soberanista por los que han sido condenados, procesados o imputados.

A diferencia del texto legal que presentaron los partidos independentistas en el Congreso hace dos a?os, la futura ley de amnist¨ªa no se?ala las causas judiciales concretas que se podr¨¢n acoger a la medida de gracia, sino los delitos que se beneficiar¨¢n de la iniciativa legislativa.

La norma, que ensalza la Constituci¨®n de 1978 como ¡°un texto homologable¡± al de los pa¨ªses del entorno espa?ol, ¡°que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideol¨®gicos y pol¨ªticos de todos¡±, deber¨¢ aplicarse en un plazo m¨¢ximo de dos meses tras aprobarse en las Cortes. Al tratarse de una ley org¨¢nica, necesita el respaldo de la mayor¨ªa absoluta de la C¨¢mara (176 diputados). Lo que sigue analiza el contenido principal de la proposici¨®n de ley m¨¢s controvertida y contestada de la reciente etapa democr¨¢tica en Espa?a.

El per¨ªmetro de la ley

El pre¨¢mbulo del texto que se ha registrado en el Congreso de los Diputados se?ala: ¡°La presente ley org¨¢nica amnist¨ªa los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Catalu?a el 9 de noviembre de 2014 y al refer¨¦ndum de 1 de octubre de 2017 (declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrero, y 114/2017, de 17 de octubre), que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012, a?o en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023. La amnist¨ªa abarca no solo la organizaci¨®n y celebraci¨®n de la consulta y el refer¨¦ndum, sino tambi¨¦n otros posibles il¨ªcitos que guardan una profunda conexi¨®n con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebraci¨®n o mostrar oposici¨®n al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo tambi¨¦n la asistencia, colaboraci¨®n, asesoramiento o representaci¨®n de cualquier tipo, protecci¨®n y seguridad a los responsables, as¨ª como todos los actos objeto de la presente Ley que acreditan una tensi¨®n pol¨ªtica, social e institucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constituci¨®n confiere a las Cortes Generales¡±.

Un relato de los hechos que olvida la sentencia del Supremo

¡°Los hechos enmarcados en el denominado proceso independentista, impulsado por las fuerzas pol¨ªticas al frente de las instituciones de la Generalitat de Catalunya (President, Parlament y Govern) y apoyados por parte de la sociedad civil, as¨ª como los representantes pol¨ªticos al frente de un buen n¨²mero de los ayuntamientos de Catalunya, tuvieron como precedente el intenso debate sobre el futuro pol¨ªtico de Catalunya abierto a ra¨ªz de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio. Adem¨¢s, desembocaron en una serie de movilizaciones intensas y sostenidas en el tiempo, as¨ª como en mayor¨ªas parlamentarias independentistas. Estos hechos comportaron una tensi¨®n institucional que dio lugar a la intervenci¨®n de la Justicia y una tensi¨®n social y pol¨ªtica que provoc¨® la desafecci¨®n de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todav¨ªa no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las m¨²ltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ¨¢mbito penal¡±.

La ¡°leg¨ªtima¡± aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, que no se cita por su nombre

¡°En este tiempo, las Cortes Generales han tenido un papel preponderante a la hora de configurar la respuesta de la soberan¨ªa popular a ese proceso independentista. Un papel que esta ley org¨¢nica reafirma al reconocer su competencia y legitimidad para hacer una evaluaci¨®n de la situaci¨®n pol¨ªtica y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el inter¨¦s general¡±.

Una soluci¨®n ¡°excepcional¡± por ¡°la convivencia y el inter¨¦s general

El pre¨¢mbulo de la proposici¨®n de ley recoge en distintos momentos la justificaci¨®n de una norma que se considera ¡°excepcional¡±. ¡°Con esta ley org¨¢nica de amnist¨ªa, las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho para dar una respuesta adecuada m¨¢s de 10 a?os despu¨¦s del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos m¨¢s acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro (¡­) Con la aprobaci¨®n de esta ley org¨¢nica, por tanto, lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicaci¨®n de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catal¨¢n en aras del inter¨¦s general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, pol¨ªtico e institucional que fomente la estabilidad econ¨®mica y el progreso cultural y social tanto de Catalu?a como del conjunto de Espa?a, sirviendo al mismo tiempo de base para la superaci¨®n de un conflicto pol¨ªtico¡±.

Peligro de agravamiento del problema con los juicios a los encausados

¡°La aprobaci¨®n de esta ley org¨¢nica se entiende, por tanto, como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafecci¨®n que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la poblaci¨®n. Unas consecuencias, adem¨¢s, que podr¨ªan agravarse en los pr¨®ximos a?os a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los l¨ªderes de aquel proceso (que son los menos), sino tambi¨¦n a los m¨²ltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados p¨²blicos que ejercen funciones esenciales en la administraci¨®n auton¨®mica y local y cuyo procesamiento y eventual condena e inhabilitaci¨®n producir¨ªa un trastorno grave en el funcionamiento de los servicios en la vida diaria de sus vecinos y, en definitiva, en la convivencia social¡±.

Todos los caminos son leg¨ªtimos, salvo la unilateralidad

¡°Debe tenerse presente que en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante, esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesi¨®n positiva al ordenamiento. Las metas a perseguir dentro del marco constitucional son plurales. No obstante, todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jur¨ªdico nacional e internacional¡±.

Defensa de la Constituci¨®n que tanto censura el independentismo

¡°Desde el a?o 1978, Espa?a cuenta con un texto constitucional homologable al de los pa¨ªses de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideol¨®gicos y pol¨ªticos de todos, y que establece para los poderes p¨²blicos la obligaci¨®n de interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de conformidad con la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados, tal y como reconoce la propia Constituci¨®n. De acuerdo con este marco, una ley de amnist¨ªa solo puede fundamentarse en la solidez del sistema democr¨¢tico, que demuestra as¨ª su capacidad de conciliaci¨®n a trav¨¦s de un acto soberano de las Cortes Generales, cuya legitimidad encuentra fundamento en dos pilares de distinta naturaleza: por un lado, la constitucionalidad de la medida y, por otro, la necesidad de abordar una situaci¨®n excepcional en pro del inter¨¦s general, apostando por un futuro de entendimiento, di¨¢logo y negociaci¨®n entre las distintas sensibilidades pol¨ªticas, ideol¨®gicas y nacionales. Una sociedad que pretende avanzar desde un punto de vista democr¨¢tico debe tener la capacidad de favorecer y ubicar entre sus prioridades la convivencia, el di¨¢logo, el respeto y el eventual entendimiento entre las diferentes posiciones y reivindicaciones pol¨ªticas democr¨¢ticas (...) Y es que, en coherencia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la Carta Europea de Derechos Fundamentales, es necesario recordar que la Constituci¨®n espa?ola de 1978 consagra el pluralismo pol¨ªtico como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jur¨ªdico (art¨ªculo 1), configura los partidos pol¨ªticos como cauce de expresi¨®n de la voluntad popular y como instrumento fundamental para la participaci¨®n pol¨ªtica (art¨ªculo 6), el principio de legalidad, la seguridad jur¨ªdica y la interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos (art¨ªculo 9) y garantiza el derecho fundamental a la libertad ideol¨®gica (art¨ªculo 16), as¨ª como los derechos a la libertad de expresi¨®n y de informaci¨®n (art¨ªculo 20), el derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n pac¨ªfica y sin armas (art¨ªculo 21) y el derecho de asociaci¨®n (art¨ªculo 22)¡±.

Reforma del C¨®digo penal para recuperar la amnist¨ªa como causa de extinci¨®n de responsabilidad

¡°Disposici¨®n adicional primera. Se modifica el apartado 1 del art¨ªculo 130 del C¨®digo Penal, que queda redactado con el siguiente tenor:

?1. La responsabilidad criminal se extingue:

1.? Por la muerte del reo.

2.? Por el cumplimiento de la condena.

3.? Por la remisi¨®n definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art¨ªculo 87.

4.? Por la amnist¨ªa o el indulto.

5.? Por el perd¨®n de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley as¨ª lo prevea. El perd¨®n habr¨¢ de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deber¨¢ o¨ªr a la persona ofendida por el delito antes de dictarla.

En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci¨®n que afecten a bienes jur¨ªdicos eminentemente personales, el perd¨®n de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal.

6.? Por la prescripci¨®n del delito.

7.? Por la prescripci¨®n de la pena o de la medida de seguridad.?