La ley de amnist¨ªa anular¨¢ la ¡°responsabilidad penal, administrativa y contable¡± de m¨¢s de 300 independentistas y 73 polic¨ªas encausados por el ¡®proc¨¦s¡¯

La proposici¨®n de ley org¨¢nica de amnist¨ªa pactada entre el PSOE y Junts que abre la puerta a la investidura de Pedro S¨¢nchez es una realidad. La norma ha sido registrada en solitario por el PSOE en el Congreso, y no por todos los grupos de la mayor¨ªa como estaba previsto, a las 18.03 de este lunes para que sea tramitada ¡°por la v¨ªa de urgencia¡±, pero no por lectura ¨²nica. La norma registrada supone anular la ¡°responsabilidad penal, administrativa y contable¡± de todos los que cometieron delitos relacionados con el proceso soberanista en Catalu?a durante una d¨¦cada, entre el 1 de enero de 2012 y este lunes, 13 de noviembre de 2023. El texto no incluye referencias a la investigaci¨®n de casos de lawfare (persecuci¨®n judicial por motivos pol¨ªticos) que puedan desembocar en la amnist¨ªa de las v¨ªctimas en caso de que una investigaci¨®n parlamentaria as¨ª lo concluyera. El t¨¦rmino lawfare s¨ª se incluy¨® en el acuerdo al que el PSOE lleg¨® la semana pasada con Junts. Se confirma as¨ª lo que planteaban los socialistas tras el malestar que gener¨® ese documento en muchos sectores, especialmente en la judicatura y el mundo del Derecho: esto es, que en ese acuerdo pol¨ªtico se hab¨ªan hecho concesiones sin validez jur¨ªdica, para preservar la ley, que es la que despliega efectos reales. De hecho, el tono de la exposici¨®n de motivos de la ley es muy diferente al del acuerdo pol¨ªtico con Junts.

Sin embargo, el fiasco de que finalmente la ley est¨¦ solo firmada por el PSOE y no por todos los grupos con los que en teor¨ªa estaba pactada (Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG) reduce mucho la fuerza de la exposici¨®n de motivos, que ten¨ªa el gran valor de que la firmaban los independentistas con constantes referencias a la Constituci¨®n. Este chasco se debe sobre todo por una resistencia a ¨²ltima hora de ERC, que no ve¨ªa clara la redacci¨®n de la norma sobre los delitos de terrorismo, pero tambi¨¦n estaba molesta por las formas, ya que se hab¨ªa pactado antes con Junts y luego se les envi¨® a ellos para la firma. F¨¦lix Bola?os, el m¨¢ximo responsable de la ley, que ha comparecido en el Congreso, ha insistido en que la norma tendr¨¢ el apoyo de todos estos grupos, pero para el PSOE es un problema pol¨ªtico que este lunes no est¨¦ esa firma y sobre todo muestra la enorme complejidad que tendr¨¢ esta investidura, que ya ha pinchado en el primer gesto simb¨®lico.

Al resistirse ERC, los socialistas optaron por presentarla en solitario, pero esto no parece poner en riesgo la investidura porque la norma estaba muy trabajada con los independentistas. Bola?os, visiblemente molesto por este contratiempo de ¨²ltima hora, ha dicho a la prensa que eran los grupos los que deb¨ªan explicar por qu¨¦ no hab¨ªan firmado y no ¨¦l. El registro en solitario de la ley ha sorprendido a Sumar, socio de coalici¨®n del PSOE y que no estaba al tanto, pero que en todo caso fuentes del grupo parlamentario restan importancia a este asunto, que califican de ¡°formalidad¡± y subrayan que lo ¡°verdaderamente importante es que la ley salga adelante¡± con el apoyo de todos los grupos que apoyar¨¢n la investidura.

La norma beneficiar¨¢ a los independentistas implicados a todos los niveles. As¨ª, Oriol Junqueras dejar¨¢ de estar inhabilitado y Carles Puigdemont podr¨¢ volver a Espa?a sin ning¨²n proceso pendiente cuando la ley org¨¢nica entre en vigor, algo que puede tardar meses, y que el PP y Vox tratar¨¢n de retrasar tanto en su tramitaci¨®n en el Senado ¡ªdonde los populares disponen de mayor¨ªa absoluta¡ª como a trav¨¦s de recursos al Tribunal Constitucional. Tambi¨¦n quedar¨¢n cargos menores ¡ª Bola?os ha citado a directores de colegio imputados por abrir sus escuelas para el refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n del 1 de octubre de 2017¡ª hasta llegar a un total de 309 personas, seg¨²n los c¨¢lculos del Gobierno, adem¨¢s de los 73 polic¨ªas implicados en procesos por la represi¨®n violenta de la consulta, prohibida por la justicia. Para evitar pol¨¦micas, la exposici¨®n de motivos aclara sobre la amnist¨ªa a los agentes: ¡°En ning¨²n caso implica la criminalizaci¨®n de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden p¨²blico, pues la presunci¨®n de inocencia es un principio b¨¢sico de nuestro ordenamiento jur¨ªdico. Lejos de ello, persigue aliviar la situaci¨®n procesal de los encausados¡±. La ley obliga a los jueces a aplicar la amnist¨ªa una vez solicitada en el plazo de dos meses como m¨¢ximo, una vez se apruebe la ley,. Y los posibles recursos contra la aplicaci¨®n de la norma ¡°no tendr¨¢n efectos suspensivos¡± sobre la misma, se?ala el texto.

El texto legal establece en su art¨ªculo 1 que quedar¨¢n amnistiados los ¡°actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Catalu?a el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparaci¨®n o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los d¨ªas 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023¡å. Adem¨¢s, incluye tambi¨¦n dentro de la amnist¨ªa las acciones cometidas entre estas fechas, ¡°aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebraci¨®n¡±, que consistan en ¡°reivindicar, promover o procurar la secesi¨®n o independencia de Catalu?a, as¨ª como los que hubieran contribuido a la consecuci¨®n de tales prop¨®sitos¡±.

Con esta redacci¨®n, quedar¨ªan en principio fuera de lo amnistiable los delitos por los que ha sido condenada Laura Borr¨¤s, la presidenta de Junts; o por los que ha sido procesado Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, sin aparente vinculaci¨®n con el proceso soberanista. La primera fue condenada en marzo a 4 a?os y medio de c¨¢rcel, a 13 a?os de inhabilitaci¨®n y a una multa de 36.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricaci¨®n administrativa por trocear contratos para beneficiar a un amigo cuando estaba al frente de la Instituci¨® de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2018. Boye ha sido procesado por supuestamente ayudar a blanquear fondos a uno de sus clientes, el narcotraficante gallego Sito Mi?anco.

En su art¨ªculo 2, la norma se?ala las excepciones que impiden amnistiar determinados hechos delictivos vinculados a las consultas soberanistas. ¡°Quedan excluidos de la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la p¨¦rdida o la inutilidad de un ¨®rgano o miembro, la p¨¦rdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad; los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al art¨ªculo 3 del Convenio para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral m¨ªnimo de gravedad; los actos tipificados como delitos de terrorismo (...) siempre y cuando haya reca¨ªdo sentencia firme y hayan consistido en la comisi¨®n de alguna de las conductas descritas en el art¨ªculo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017; los delitos de traici¨®n y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del T¨ªtulo XXIII del Libro II del C¨®digo Penal¡±.

La medida, como reclamaba ERC, incluye a los implicados en la causa del Tsunami Democr¨¤tic y el caso de los CDR, a pesar de que la Fiscal¨ªa pida para ellos un procesamiento por terrorismo. Y en la ¨²ltima semana tambi¨¦n se ha ampliado el per¨ªmetro para que entren algunas personas del entorno de Carles Puigdemont implicadas en el caso Voloh, donde se investigan las relaciones con Rusia de estos independentistas. En el caso de los CDR no hubo muerte ni graves lesiones, por lo que quedar¨ªan amnistiados, ya que la futura ley cubre la acusaci¨®n de terrorismo cuando no haya muerte o delitos graves. El juez del caso Tsunami, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, intenta imputar a Puigdemont por terrorismo por la muerte de un hombre de un infarto en el aeropuerto de Barcelona en las protestas de 2019, pero no parece probable que esa idea siga adelante. En el texto de la ley se cita expresamente que solo quedar¨ªan fuera de la amnist¨ªa los delitos de terrorismo cuando haya reca¨ªdo sentencia firme, algo que todav¨ªa est¨¢ muy lejos de ocurrir en este caso.

El texto, despu¨¦s de una larga exposici¨®n de motivos, tiene 16 art¨ªculos, en los que queda clara tambi¨¦n la amnist¨ªa total en cuestiones econ¨®micas, lo que permitir¨¢ anular fianzas y dinero retenido por otras medidas cautelares. Esto beneficiar¨¢ a varios dirigentes, entre ellos el expresidente catal¨¢n Artur Mas y los propios Puigdemont y Junqueras. Eso s¨ª, la norma se?ala que no se devolver¨¢ el dinero ya pagado en procesos concluidos con sentencia firme y tampoco habr¨¢ indemnizaciones a los que ya han sufrido condenas y c¨¢rcel. El procedimiento en los casos en que los acusados s¨ª se podr¨¢n acoger a la ley ser¨¢ urgente y preferente, con dos meses de plazo para contestar, a fin de que ning¨²n tribunal dilate la concesi¨®n de la amnist¨ªa.

No habr¨¢ condiciones para obtener los beneficios, pero s¨ª est¨¢ clara una cosa: frente a quienes critican que esta ley anula el delito, los tipos penales no se tocan ¡ªs¨ª se modificaron el a?o pasado, para reducir posibles condenas, aunque sin eliminarlas¡ª y si hubiera un nuevo proc¨¦s, podr¨ªan abrirse procesos penales similares. Por eso la amnist¨ªa est¨¢ limitada temporalmente y no perdona comportamientos futuros, como sucede en todas las leyes de este tipo en todo el mundo. El C¨®digo Penal s¨ª se toca para reincorporar la amnist¨ªa como motivo de extinci¨®n del delito, algo que estaba en el C¨®digo Penal de 1973, pero se elimin¨® en el de 1995, cuando se estableci¨® un nuevo texto legal, el llamado C¨®digo Penal de la democracia.

El pre¨¢mbulo del texto pretende resaltar la constitucionalidad de una ley de este tipo y pone ejemplos en el ¨¢mbito europeo, entre ellas la m¨¢s reciente Ley 38-A/2023, de 2 de agosto, de Portugal, que amnist¨ªa a todos los j¨®venes de entre 16 y 30 a?os por la comisi¨®n de determinados delitos con motivo de la visita del papa Francisco a dicho pa¨ªs.

Pre¨¢mbulo

Ese pre¨¢mbulo se detiene en justificar la constitucionalidad de la ley ¡ªque ser¨¢ sin duda recurrida por el PP y previsiblemente tambi¨¦n por algunos tribunales encargados de aplicarla¡ª y remarca la reivindicaci¨®n de la Constituci¨®n, del Estado de derecho y del ordenamiento jur¨ªdico nacional e internacional. Es una f¨®rmula indirecta para comprometer a los independentistas en la renuncia a la unilateralidad, aunque sin hacerlo constar expresamente porque Junts no estaba dispuesto a pasar por ah¨ª. ¡°Las metas a perseguir dentro del marco constitucional son plurales. No obstante, todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jur¨ªdico nacional e internacional¡±, reza el texto de forma expresa, algo que para el Gobierno supone descartar t¨¢citamente la unilateralidad. Por eso era importante que estuviera la firma de Junts y ERC, que finalmente no figura en la ley.

¡°Desde el a?o 1978, Espa?a cuenta con un texto constitucional homologable al de los pa¨ªses de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideol¨®gicos y pol¨ªticos de todos, y que establece para los poderes p¨²blicos la obligaci¨®n de interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de conformidad con la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados, tal y como reconoce la propia Constituci¨®n¡±, subraya el texto del pre¨¢mbulo.

Todos estos p¨¢rrafos parecen pensados para garantizar la constitucionalidad de la norma, que el Ejecutivo reivindica ahora, tras insistir durante a?os en que una amnist¨ªa no entraba en la Constituci¨®n. El propio S¨¢nchez, que lo afirm¨® varias veces con claridad, alega ahora que entonces se refer¨ªan a la amnist¨ªa que ped¨ªan los independentistas, argumentada de una manera muy diferente a esta.

Respecto al proceso soberanista que acab¨® con la condena de la mayor¨ªa del Gobierno catal¨¢n por sedici¨®n, desobediencia y malversaci¨®n, el texto tan solo se?ala que ¡°estos hechos comportaron una tensi¨®n institucional que dio lugar a la intervenci¨®n de la Justicia y una tensi¨®n social y pol¨ªtica que provoc¨® la desafecci¨®n de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todav¨ªa no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las m¨²ltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ¨¢mbito penal¡±. El relato del proc¨¦s no es tan cercano al que defiende el independentismo como el del acuerdo pol¨ªtico con Junts hecho p¨²blico la pasada semana y que incluso hablaba de los decretos de nueva planta del siglo XVIII, pero tampoco asume ning¨²n error por parte de los independentistas.

En cualquier caso, el Gobierno insiste en que esta norma es impecable a pesar de que la Constituci¨®n no mencione la posibilidad de una medida de gracia como esta. El Ejecutivo sostiene que se han hecho hasta 52 amnist¨ªas en Europa desde la II Guerra Mundial y varias de ellas han sido en pa¨ªses que, como Espa?a, tampoco contemplan esta opci¨®n en sus constituciones, como Alemania o B¨¦lgica. ¡°Con esta ley org¨¢nica de amnist¨ªa las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho para dar una respuesta adecuada m¨¢s de diez a?os despu¨¦s del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos m¨¢s acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro. De esta manera, al asumir las Cortes Generales esta decisi¨®n de pol¨ªtica legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor v¨ªa de las posibles para abordar, desde la pol¨ªtica, un conflicto pol¨ªtico¡±, dice el pre¨¢mbulo.

¡°De la necesidad, virtud¡±

La explicaci¨®n pol¨ªtica es clara: S¨¢nchez defiende que ha hecho ¡°de la necesidad virtud¡± y admite que si no necesitara los votos de los independentistas, no habr¨ªa abordado ahora la amnist¨ªa, pero a la vez est¨¢ convencido de que resultar¨¢ bueno para Catalu?a y para toda Espa?a dar carpetazo jur¨ªdico al proc¨¦s. El Ejecutivo sostiene que lo ¨²nico que podr¨ªa reavivar un proc¨¦s ya muy debilitado es precisamente la entrada sistem¨¢tica de cargos intermedios independentistas en la c¨¢rcel, lo que, sin amnist¨ªa, podr¨ªa suceder en los pr¨®ximos meses.

Toda la exposici¨®n de motivos de la proposici¨®n de ley est¨¢ atravesada por la idea de que un Estado democr¨¢tico, con pleno respeto a la Constituci¨®n, decide hacer una excepci¨®n y amnistiar unos delitos circunscritos a un periodo de tiempo y a una situaci¨®n pol¨ªtica especial, la de la crisis en Catalu?a, con el objetivo de mejorar la convivencia. De hecho el propio nombre de la norma va en este sentido: ¡°Ley Org¨¢nica de Amnist¨ªa para la Normalizaci¨®n Institucional, Pol¨ªtica y Social de Catalu?a¡±. En el texto se repite en varios p¨¢rrafos esa idea: ¡°se consagra as¨ª legalmente la voluntad de avanzar en el camino del di¨¢logo pol¨ªtico y social necesario para la cohesi¨®n y el progreso de la sociedad catalana, en el entendimiento de que el refuerzo de la convivencia justifica la presente ley de amnist¨ªa, que supone un punto de inflexi¨®n, con la finalidad de superar obst¨¢culos y mejorar la convivencia avanzando hacia la plena normalizaci¨®n de una sociedad plural que aborda los principales debates sobre su futuro mediante el di¨¢logo, la negociaci¨®n, y los acuerdos democr¨¢ticos. De esta manera, se devuelve la resoluci¨®n del conflicto pol¨ªtico a los cauces de la discusi¨®n pol¨ªtica¡±.

Una vez registrada la ley, empezar¨¢ la investidura. Ya se ha convocado oficialmente el mi¨¦rcoles y el jueves. Pedro S¨¢nchez podr¨ªa as¨ª ser investido presidente despu¨¦s de tres meses de intensas negociaciones y lograr¨ªa algo que parec¨ªa impensable hace poco: que Junts, que rechazaba de plano cualquier compromiso de gobernabilidad, se incluya en una mayor¨ªa muy compleja y transversal, a la que se ha sumado incluso Coalici¨®n Canaria, contraria a la medida de gracia. Tal mayor¨ªa est¨¢ a punto de hacerse realidad con un pegamento que se ha vuelto decisivo: la concesi¨®n de la amnist¨ªa, reclamaci¨®n independentista desde hace cinco a?os, y, sobre todo, la voluntad de evitar un Gobierno PP-Vox. Este ¨²ltimo prop¨®sito une a casi todos los que apoyar¨¢n la investidura de S¨¢nchez, con la excepci¨®n de los canarios, que respaldaron tambi¨¦n el intento fallido del popular Alberto N¨²?ez Feij¨®o de hacerse con la presidencia. El jueves, si no hay ninguna novedad, arrancar¨¢ un nuevo Gobierno de Pedro S¨¢nchez, que ha costado una amnist¨ªa y un pacto a muchas bandas con hasta cinco mesas de di¨¢logo diferentes, dos con ERC, dos con Junts y una con el PNV.