El Tribunal de Cuentas deniega la petici¨®n de Puigdemont de declarar por videoconferencia

El Tribunal de Cuentas ha denegado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en B¨¦lgica desde 2017, la posibilidad de declarar por videoconferencia en el juicio previsto para el pr¨®ximo viernes en el ¨®rgano fiscalizador, en relaci¨®n con el presunto desv¨ªo de fondos p¨²blicos para la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O y la promoci¨®n exterior de los proyectos independentistas a trav¨¦s de Diplocat. Puigdemont, que est¨¢ investigado en este expediente junto a otros 34 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat, hab¨ªa solicitado la semana pasada que su intervenci¨®n se produjera por videoconferencia desde B¨¦lgica, pero fuentes del Tribunal de Cuentas alegan que hay dificultades t¨¦cnicas para establecer con pocos d¨ªas de margen un sistema de comunicaci¨®n con garant¨ªas.

En la jurisdicci¨®n del Tribunal de Cuentas, un investigado, como es en este caso Puigdemont, puede estar representado por su abogado. Sin embargo, el expresidente catal¨¢n ha sido citado a declarar en esta ocasi¨®n como testigo por una de las defensas. El representante legal de Puigdemont, el abogado Gonzalo Boye, explic¨® al tribunal, al pedir que se le tomara declaraci¨®n de forma telem¨¢tica, que el l¨ªder de Junts ¡°se encuentra, por razones y como consecuencia de su cargo, en estos momentos y en el d¨ªa previsto para su declaraci¨®n, fuera de Catalu?a y de Espa?a¡±. Por tanto, a?ad¨ªa, ¡°tendr¨¢ que hacer su declaraci¨®n como testigo (¡­) a trav¨¦s de videoconferencia¡±.

La Fiscal¨ªa reclama a los expedientados 3,4 millones de euros. La entidad Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acci¨®n popular, eleva esa cantidad a 5,3 millones de euros, pero concentra su reclamaci¨®n solo en 11 encausados, los que ejercieron los principales cargos p¨²blicos. En el Tribunal de Cuentas siempre se ha dado por descontado que Puigdemont no acudir¨ªa a la citaci¨®n que le fue cursada, dado que en Espa?a sigue vigente la orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, para que el expresidente catal¨¢n sea detenido para garantizar su puesta a disposici¨®n de la justicia. Esa orden de detenci¨®n desaparecer¨¢ si prospera la ley de amnist¨ªa, pero, por el momento, est¨¢ en vigor.

Puigdemont ya solicit¨® anteriormente sin ¨¦xito que se suspendiera la vista por su supuesta responsabilidad contable en el desv¨ªo de fondos p¨²blicos para la organizaci¨®n del 1-O y la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. En este expediente est¨¢n investigados tambi¨¦n el expresidente de la Generalitat Artur Mas y el exvicepresidente durante la etapa de Puigdemont, Oriol Junqueras, as¨ª como varios exconsejeros de la administraci¨®n catalana.

La consejera del ¨®rgano fiscalizador Elena Hern¨¢ez, ante la que se celebrar¨¢ la vista, ha argumentado que esta pretensi¨®n, la de suspender el juicio, ya se le expuso en otro acto procesal anterior, el de la audiencia previa celebrada el 16 de diciembre del a?o pasado. Ya en aquella ocasi¨®n la consejera consider¨® que existe plena compatibilidad entre las actuaciones de la jurisdicci¨®n penal y la contable, sin que necesariamente tengan que condicionarse unas a otras. La resoluci¨®n tambi¨¦n sostiene que la sentencia del Supremo sobre la causa del proc¨¦s, aportada por Puigdemont ¡ªcuya petici¨®n de suspensi¨®n respaldaron asimismo las defensas de los exconsejeros Antoni Com¨ªn, Clara Ponsat¨ª y Llu¨ªs Puig¡ª no resulta de aplicaci¨®n a su caso, precisamente porque a¨²n no han sido juzgados en v¨ªa penal.