La futura ley de amnist¨ªa inicia su andadura con mayor¨ªa absoluta y el aval jur¨ªdico del Congreso a su tramitaci¨®n

La proposici¨®n de ley de amnist¨ªa registrada por el grupo socialista el pasado 13 de noviembre superar¨¢ el pr¨®ximo martes su primer gran debate parlamentario con la toma en consideraci¨®n de la iniciativa por el pleno de la C¨¢mara. La primera votaci¨®n sobre el texto legal contar¨¢ con una mayor¨ªa absoluta de 178 diputados a favor y con el aval jur¨ªdico a su tramitaci¨®n de los letrados de las Cortes Generales. La iniciativa suscita una fuerte oposici¨®n de la derecha pol¨ªtica y medi¨¢tica, adem¨¢s de diversos sectores sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, lo sabe, pero cuenta con que el paso del tiempo rebaje esa contestaci¨®n ciudadana, argumenta que esa concesi¨®n de gracia, forzada por la necesidad de los siete votos de Junts para su investidura, ser¨¢ respaldada por el poder legislativo ¡ªocho grupos parlamentarios¡ª y al final se apreciar¨¢ como ¡°un asunto de Estado¡± bueno para la convivencia.

Ni el PSOE ni sus aliados pretenden retocar demasiado el texto en la fase de enmiendas porque conf¨ªan en que superar¨¢ sin m¨¢s problemas el filtro de los previsibles recursos que se presentar¨¢n contra esa norma en el Tribunal Constitucional, tanto por el PP como por distintos tribunales con sumarios abiertos a encausados del proc¨¦s.

Pedro S¨¢nchez explic¨® a un grupo de periodistas, en la conmemoraci¨®n del 45? aniversario de la Constituci¨®n, que aunque no incluy¨® la medida en su programa electoral del pasado julio, ahora la considera ¡°un asunto de inter¨¦s de Estado¡± que trasciende a los beneficios concretos para el PSOE y su Ejecutivo de coalici¨®n. Defiende incluso que ser¨¢ buena en el futuro para el PP, para su l¨ªder, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, y sobre todo para Catalu?a y para Espa?a, al anticipar una f¨®rmula que en alg¨²n momento habr¨ªa que abordar para resolver la situaci¨®n de varios centenares de ciudadanos de a pie imputados, procesados o condenados por su participaci¨®n en determinados actos ilegales del proceso independentista y solo para unos cuantos dirigentes pol¨ªticos.

El jefe del Ejecutivo alega que con los meses muchos de los que ahora se oponen a esa iniciativa acabar¨¢n entendi¨¦ndola cuando comprueben sus resultados, como cree que sucedi¨® con los indultos a los dirigentes independentistas condenados por el Supremo.

El Gobierno no tiene dudas de la legalidad de la medida, incluso entre algunos de los ministros no militantes formados en el mundo jur¨ªdico. Los negociadores pol¨ªticos del proyecto por la parte socialista, respaldados por expertos jur¨ªdicos, sostienen que han pulido al m¨¢ximo la exposici¨®n de motivos y los art¨ªculos de la ley para que pase los filtros de los m¨¢s que previsibles recursos que esperan ante el Tribunal Constitucional.

El PP amenaz¨® en su momento con la posibilidad de recurrir, incluso los primeros tr¨¢mites, la mera calificaci¨®n y aceptaci¨®n por parte de la Mesa del Congreso de la discusi¨®n del proyecto. No lo ha hecho a¨²n por varias razones. El PP sopesa esperar al final del proceso parlamentario para presentar ese recurso y de esta manera no ofrecer la opci¨®n de que el Constitucional les tumbase un primer recurso contra la mera tramitaci¨®n de la proposici¨®n de Ley.

Los letrados de la C¨¢mara argumentaron en su informe t¨¦cnico para la Mesa del Congreso a favor de la tramitaci¨®n de la proposici¨®n de ley. Ha habido otras iniciativas, por ejemplo de Vox, m¨¢s que discutibles desde el punto de vista constitucional, que la Mesa ha accedido a debatir, aunque luego no prosperen.

El PP hab¨ªa fijado uno de sus primeros muros para frenar la ley en el dictamen de los expertos jur¨ªdicos de la C¨¢mara, quienes en marzo de 2021 hab¨ªan firmado una nota contra la tramitaci¨®n de una proposici¨®n de ley de amnist¨ªa registrada entonces por ERC y otros grupos separatistas catalanes como la CUP. El anterior secretario general del Congreso y letrado mayor, Carlos Guti¨¦rrez, se opuso a que se permitiera su debate porque consider¨® el texto ¡°palmariamente inconstitucional¡±, que es una de las excepcionales razones para evitar que cualquier iniciativa se discuta en la C¨¢mara. Guti¨¦rrez, que llevaba 10 a?os en el cargo, pidi¨® tras el 23-J ser relevado y la nueva mayor¨ªa progresista encontr¨® un sustituto en otro letrado, Fernando Galindo, que cumpl¨ªa los requisitos para el puesto, pero era alto cargo del anterior Ejecutivo. El PP quiso recusarle por ese pasado, pero la iniciativa no prosper¨®.

Cuando la propuesta del PSOE, pactada con Junts y ERC y respaldada por los dem¨¢s aliados parlamentarios, lleg¨® a la Mesa para ser calificada, Galindo opt¨® por abandonar la sala para abstenerse de participar, pero en la reuni¨®n permanecieron otros tres letrados del medio centenar de ese cuerpo del Congreso que refrendaron la legalidad de la tramitaci¨®n del proyecto. El PP insisti¨® m¨¢s tarde en exigir, hasta por escrito, que el informe de los expertos, que hab¨ªa llegado sin firmar, lo asumiera alguien y Galindo asumi¨® esa responsabilidad.

Precedentes jur¨ªdicos

El informe de los letrados desarrolla un extenso cap¨ªtulo de precedentes jur¨ªdicos sobre la amnist¨ªa. En el articulado de la Constituci¨®n de 1978 no figura ni su prohibici¨®n ni su autorizaci¨®n. Pero los letrados rese?an que el Constitucional no declar¨® ilegal, y pudo hacerlo, la ley de amnist¨ªa de 1977.

La mayor¨ªa progresista utiliz¨® en su favor el amplio trabajo elaborado sobre el indulto en Espa?a, del letrado del Congreso Jorge Villarino Marzo. El experto se pregunt¨®: ¡°?Qu¨¦ ocurre con la amnist¨ªa?¡±. Y se respondi¨®: ¡°Se trata de una f¨®rmula utilizada fundamentalmente en supuestos muy excepcionales de cambio brusco en un r¨¦gimen pol¨ªtico o bien de adopci¨®n de una nueva legislaci¨®n que suponga un giro de 180 grados respecto a delitos tipificados previamente¡±. ¡°Es obligado tambi¨¦n se?alar¡±, a?adi¨®, ¡°que no existe impedimento constitucional para su concesi¨®n. Eso s¨ª, la misma deber¨ªa venir articulada en forma de ley, fruto de una decisi¨®n de las Cortes Generales en cuanto representantes del pueblo soberano, en un marco de excepcionalidad absoluta, con un enorme consenso y con estricto respeto a los principios constitucionales, tales como el principio de igualdad y de proporcionalidad¡±. La ley de amnist¨ªa de 2023 arranca su camino en las Cortes este martes, es excepcional y se ha dibujado con el objetivo de encajar en la Constituci¨®n de 1978, pero no camina ni se acerca siquiera a un ¡°enorme consenso¡±.