Los conservadores del CGPJ fuerzan un pronunciamiento sobre las comisiones pactadas por el PSOE y los independentistas

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto este jueves un nuevo cap¨ªtulo en su enfrentamiento con el Gobierno y sus socios parlamentarios. Nueve de los 10 vocales propuestos por el PP para formar parte del ¨®rgano han registrado una petici¨®n para que se incluya en el orden del d¨ªa del pr¨®ximo pleno, previsto para el 21 de diciembre, un punto en el que se analice la ¡°legalidad de las comisiones parlamentarias de investigaci¨®n y deber de comparecencia de los jueces¡±. La petici¨®n responde a la reciente creaci¨®n en el Congreso de tres comisiones de investigaci¨®n pactadas entre el PSOE y los independentistas catalanes y en las que, seg¨²n el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Junts, podr¨ªa analizarse la existencia de casos de lawfare (persecuci¨®n judicial con fines pol¨ªticos). Ninguna norma prev¨¦ que el Consejo se pronuncie sobre la creaci¨®n de esas comisiones en el Parlamento, pero los conservadores pretenden que se analice su legalidad y, sobre todo, dar cobertura a los jueces para que rechacen acudir si el Congreso les cita.

El presidente suplente del ¨®rgano, Vicente Guilarte, es el ¨²nico de los vocales propuestos por el PP que no firma la petici¨®n, pero tendr¨¢ que aceptarla porque el reglamento del Consejo reconoce a los miembros del ¨®rgano su derecho ¡°a formular propuestas escritas y a su inclusi¨®n en el orden del d¨ªa de las reuniones del Consejo¡±. Es decir, si hay una petici¨®n oficial de que se incluya un tema en el orden del d¨ªa de un pleno, el presidente est¨¢ abocado a aceptarla.

El escrito registrado este jueves formula el nuevo punto que se quiere incluir en el orden del d¨ªa como ¡°examen de las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes Poderes del Estado: legalidad de las comisiones Parlamentarias de investigaci¨®n y deber de comparecencia de los Jueces¡±. El documento incluye una explicaci¨®n de por qu¨¦ es pertinente debatir este punto redactado con una enorme carga pol¨ªtica: ¡°El continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, se?alamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los Jueces y Magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, as¨ª como la creaci¨®n de diversas comisiones Parlamentarias de investigaci¨®n nombradas con la indisimulada intenci¨®n de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho¡±.

El objetivo del sector conservador del Consejo es adelantarse a la puesta en marcha de las tres comisiones a las que dio luz verde el Congreso el pasado martes, y que se centrar¨¢n en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017; el caso Pegasus, el espionaje que sufrieron dirigentes independentistas y miembros del Gobierno de Pedro S¨¢nchez con un programa inform¨¢tico israel¨ª solo al alcance de gobiernos; y las actividades en Catalu?a de la llamada brigada patri¨®tica, el grupo parapolicial surgido en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El pacto entre socialistas y Junts alud¨ªa a estas comisiones y se?alaba que en sus conclusiones ¡°se tendr¨¢n en cuenta en la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas¡±. Esta referencia levant¨® gran polvareda entre todos los operadores jur¨ªdicos y el grupo mayoritario del Consejo ha dirigido varios escritos a instituciones europeas denunciando que el Gobierno y sus socios pretenden perseguir a los jueces.

Amparo a los jueces

La petici¨®n de los conservadores pretende, adem¨¢s, que el pleno del CGPJ ampare a los jueces que puedan ser citados por esas comisiones y que decidan no acudir. Este planteamiento llega despu¨¦s de que se conociera que el Parlament de Catalu?a, siguiendo el procedimiento recogido en su reglamento, hab¨ªa llevado a la Fiscal¨ªa la negativa del juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas ¡ªel encargado del control judicial del CNI, y, por tanto, de autorizar los pinchazos telef¨®nicos¡ª de comparecer en la comisi¨®n de investigaci¨®n del caso Pegasus. La Fiscal¨ªa archiv¨® esta denuncia, como la presentada contra Pedro S¨¢nchez y otros dirigentes pol¨ªticos que se negaron a comparecer en esa comisi¨®n, entre ellos, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la exvicepresidenta Carmen Calvo; las vicepresidentas Nadia Calvi?o y Yolanda D¨ªaz; o el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz.

El magistrado Lucas, en su escrito de respuesta al Parlament tras ser citado, invoc¨®, entre otros argumentos, el art¨ªculo 399 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), que fija que las autoridades civiles y militares ¡°se abstendr¨¢n de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia¡±. Esta norma, seg¨²n las fuentes consultadas, servir¨¢ tambi¨¦n de base para el texto que pretenden aprobar los conservadores en el pleno para amparar a los jueces que sean citados por las comisiones del Congreso.