La amnist¨ªa solo abarcar¨¢ al ¡®proc¨¦s¡¯, pero el PSOE y Junts abren la puerta a ampliarla a casos de ¡®lawfare¡¯ o ¡°judicializaci¨®n pol¨ªtica¡± denunciados por el independentismo

El acuerdo suscrito este jueves entre el PSOE y Junts contempla una ley de amnist¨ªa con la que, seg¨²n recoge el texto, se pretende ¡°procurar la plena normalidad pol¨ªtica, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato¡±. Esta ley ¡°debe incluir¡± tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y despu¨¦s de la consulta de 2014 y del refer¨¦ndum de 2017, ¡°han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos¡±. Del texto se deduce que la medida no alcanzar¨¢ inicialmente a los casos que el independentismo define como lawfare, pero el acuerdo abre la puerta a que puedan acabar bajo el paraguas de una amnist¨ªa. ¡°Las conclusiones de las comisiones de investigaci¨®n que se constituir¨¢n en la pr¨®xima legislatura se tendr¨¢n en cuenta en la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas¡±, se?ala el documento.

El texto firmado por los socialistas admite as¨ª la posibilidad de investigar en el Congreso si algunos tribunales han podido practicar una suerte de guerra judicial contra miembros destacados del independentismo. Es la primera vez que el PSOE se refiere de forma expl¨ªcita a este concepto que los secesionistas llevan a?os utilizando para denunciar la persecuci¨®n judicial por motivos pol¨ªticos que, aseguran, han sufrido muchos de sus miembros. La inclusi¨®n de esta referencia en el acuerdo entre los dos partidos ha provocado este jueves que las cuatro asociaciones judiciales emitan un comunicado conjunto de rechazo a esta medida, criticada tambi¨¦n en una nota publica por la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF).

El t¨¦rmino lawfare, una fusi¨®n de law (ley en ingl¨¦s) y warfare (guerra), es una expresi¨®n que desde finales del siglo XX se ha venido utilizando para referirse al uso abusivo de la justicia para perjudicar o desactivar a un oponente. El diccionario de lengua inglesa de Oxford lo define como ¡°acciones judiciales emprendidas como parte de una campa?a en contra de un pa¨ªs o grupo¡±. La Fundaci¨®n del Espa?ol Urgente, Fund¨¦u, explica que el t¨¦rmino se emplea en el ¨¢mbito de la pol¨ªtica para designar ¡°el uso de procedimientos judiciales con fines de persecuci¨®n pol¨ªtica, desacreditaci¨®n o destrucci¨®n de la imagen p¨²blica e inhabilitaci¨®n de un adversario pol¨ªtico¡±. De las tres opciones que da la Fund¨¦u para castellanizar este anglicismo, el acuerdo entre PSOE y Junts adopta la tercera, ¡°judicializaci¨®n de la pol¨ªtica¡±, con mucha menor carga peyorativa que las otras dos (¡±persecuci¨®n judicial¡± e ¡°instrumentalizaci¨®n de la Justicia¡±).

Fuentes conocedoras del pacto insisten en que la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa que se registrar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas solo va a abarcar los hechos ocurridos entre 2013 y la actualidad relacionados con la consulta del 9-N impulsada por el Govern de Artur Mas y la del 1-O del Ejecutivo de Puigdemont. Esto supone que el Estado renuncia a perseguir al expresidente y a los otros miembros de su Govern huidos con ¨¦l a Bruselas; que se extinguir¨¢ la condena de inhabilitaci¨®n que siguen teniendo que cumplir Oriol Junqueras y otros condenados por el Supremo y se borrar¨¢n sus antecedentes penales; o que nunca se juzgar¨¢ a los antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por los preparativos del refer¨¦ndum ilegal y la promoci¨®n internacional del proc¨¦s con fondos p¨²blicos que se investigan en juzgados de Barcelona.

Tambi¨¦n queda dentro de la amnist¨ªa la causa del Tsunami Democr¨¤tic que investiga el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n en la Audiencia Nacional y que afecta a Puigdemont y Marta Rovira, as¨ª como el procedimiento contra los CDR, sobre el que ya se hab¨ªa abierto juicio oral, tambi¨¦n en la Audiencia Nacional. El acuerdo alcanza adem¨¢s a las causas contables abiertas por el dinero p¨²blico desviado de forma irregular para las dos consultas independentista.

A falta de conocer la proposici¨®n de ley, el acuerdo implica dejar fuera de la medida de gracia los supuestos casos de persecuci¨®n judicial que denuncia el independentismo, pero no se descartan ¡°acciones de responsabilidad¡± o ¡°modificaciones legislativas¡± para amparar m¨¢s adelante a algunos de los encausados en estos procedimientos. El pacto vincula esta posible ampliaci¨®n a las conclusiones a las que lleguen las comisiones de investigaci¨®n sobre el supuesto espionaje del caso Pegasus y los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils acordadas por el PSOE y los independentistas en la negociaci¨®n que sirvi¨® para situar a la socialista Francina Armengol en la presidencia del Congreso.

Seg¨²n este acuerdo, la medida no ampara, de inicio, a algunos encausados en procesos judiciales que dif¨ªcilmente pueden enmarcarse en el proc¨¦s, como el responsable de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Llu¨ªs Alay, implicado en el llamado caso Volhov, o el exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro a?os y medio de prisi¨®n por contratar a un mosso d¡¯esquadra para que hiciera de escolta a Puigdemont cuando estaba en B¨¦lgica. La ley tampoco amnistiar¨¢ al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusado de blanquear capitales para el narco Sito Mi?anco, un proceso desvinculado del desaf¨ªo independentista salvo que se concluya que los jueces le han acusado sin pruebas por defender al expresidente catal¨¢n.