ERC y Junts exigir¨¢n explicaciones al PSOE por vetar que jueces comparezcan en el Congreso
El PSOE rechaza investigar a magistrados por supuesto ¡®lawfare¡¯, algo que tampoco agrada al PNV y que denuncian PP y Vox
ERC y Junts, dos de los socios de investidura del Gobierno de Pedro S¨¢nchez, contin¨²an firmes y adelante con su plan de pedir la convocatoria de determinados jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en las comisiones de investigaci¨®n que se acaban de aprobar en el Congreso y que relacionan con casos de lawfare o persecuci¨®n judicial contra l¨ªderes del proceso independentista en Catalu?a. El Gobierno y el PSOE descartan esa posibilidad y reafirman su intenci¨®n de rebajar la tensi¨®n con el poder judicial, con el que se han abierto varias v¨ªas de contactos para comunicarles que el Ejecutivo defiende su independencia. Los socios separatistas catalanes no renuncian a sus intenciones y reclamar¨¢n que ciertos jueces acudan a alguna de esas comisiones y avanzan que si el PSOE se opone y lo veta ¡°tendr¨¢n que explicar con qui¨¦n lo pactan y por qu¨¦¡±, pero no consideran de momento que esta divergencia pueda desencadenar una crisis de posible ruptura tras el acuerdo de investidura. PP y Vox catalogan esa posibilidad de investigar a magistrados en el Congreso como un ataque a la divisi¨®n de poderes. Al PNV tampoco le agrada nada y teme su repercusi¨®n ante la Uni¨®n Europea. El Reglamento del Congreso no contempla esa opci¨®n, citar a magistrados en ejercicio en comisiones de investigaci¨®n, pero tampoco la proh¨ªbe.
El veto que este martesanunci¨® el Gobierno a las intenciones de los partidos independentistas de citar a determinados jueces ante las distintas comisiones de investigaci¨®n ha abierto el primer frente de discrepancia del Ejecutivo con ERC y Junts sin que apenas haya transcurrido un mes desde la reelecci¨®n de Pedro S¨¢nchez. Si el PSOE se opone, esa idea no podr¨¢ prosperar, aunque est¨¢ por ver qu¨¦ consecuencias pol¨ªticas tiene.
El choque llega mientras el Ejecutivo hace esfuerzos diarios por mejorar su relaci¨®n con la c¨²pula judicial e intentar convencer al PP de Feij¨®o para renovar el Consejo General del Poder judicial, cuyo mandato lleva bloqueado por los populares m¨¢s de cinco a?os. Este ¨®rgano tiene en la actualidad mayor¨ªa absoluta de vocales conservadores que han levantado una trinchera contra el Gobierno de coalici¨®n y denuncian reiteradamente lo que consideran una persecuci¨®n ilegal por parte de los partidos que apoyan al Ejecutivo para acusar a los jueces de prevaricaci¨®n a trav¨¦s de las comisiones de investigaci¨®n reci¨¦n creadas tras los pactos firmados por el PSOE con Junts y ERC.
El Gobierno, seg¨²n indicaron ayer el presidente S¨¢nchez y su ministro de Justicia, F¨¦lix Bola?os, se opone a ese plan de Junts y ERC de fiscalizar a los jueces en el Parlamento, un escenario que acrecentar¨ªa la tensi¨®n entre el poder legislativo y el judicial y del que no escapa el Ejecutivo. En ERC y Junts admiten las graves diferencias con el PSOE. La formaci¨®n liderada desde Bruselas por Carles Puigdemont no precisa m¨¢s detalles de ese malestar, pero varios de sus portavoces y dirigentes han abundado en las ¨²ltimas horas en su determinaci¨®n de citar a diferentes jueces que incluyen en la categor¨ªa de lawfare contra el proceso independentista.
En ERC s¨ª reafirman que llamar¨¢n a esas comisiones a esos jueces, que pedir¨¢n explicaciones al PSOE sobre su oposici¨®n y que pondr¨¢n de manifiesto que los socialistas votar¨¢n con PP y Vox para vetar la citaci¨®n a los magistrados. Fuentes del partido republicano avanzan que han estudiado el Reglamento del Congreso y no observan ning¨²n art¨ªculo que proh¨ªba ese tipo de citaciones, por lo que adelantan que solicitar¨¢n un informe al respecto al Secretario General del Congreso. Tambi¨¦n abundan que si hasta ahora no hab¨ªa sucedido es sencillamente porque en las comisiones de investigaci¨®n aprobadas y desarrolladas los jueces no hab¨ªan tenido un papel determinante. El portavoz de ERC en la C¨¢mara, Gabriel Rufi¨¢n, ratific¨®: ¡°No quiero entrar en guerra con nadie con esto (...) pero seguro que no hay ning¨²n art¨ªculo del Reglamento que lo impida. Aqu¨ª no hemos citado antes a un juez porque no ten¨ªa sentido, pero si hacemos una comisi¨®n de investigaci¨®n en torno a su actuaci¨®n, tiene sentido, igual que han venido altos funcionarios en otros tipos de casos, y nosotros simplemente queremos poder hablar con aquellos comparecientes que consideremos oportuno¡±.
Fuentes de la Presidencia del Congreso reconocen que el Reglamento no indica nada al respecto y admiten que es el Consejo del Poder Judicial el que interpreta el art¨ªculo 399 de su ley org¨¢nica en el sentido de que est¨¢ prohibido que comparezcan. En la C¨¢mara baja, sin embargo, se recuerda el precedente del criterio planteado por el presidente de la Comisi¨®n de Investigaci¨®n sobre utilizaci¨®n partidista en el Ministerio del Interior cuando se llam¨® en abril de 2017 al magistrado Daniel de Alfonso, responsable de la oficina antifraude en Catalu?a. Pero en aquel momento De Alfonso no ejerc¨ªa y el Consejo le autoriz¨® a acudir con algunos l¨ªmites en sus exposiciones.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, precis¨® ante la prensa: ¡°No, yo ahora no lo veo¡±. Y pidi¨® cautela hasta que los grupos sepan exactamente qu¨¦ quieren hacer. Fuentes de esa formaci¨®n s¨ª apuntaron que la idea de ver a jueces siendo interrogados sobre asuntos de su competencia por diputados en el Congreso no les agrada y que puede ser negativa incluso para que la Uni¨®n Europea dude de la separaci¨®n de poderes en Espa?a.
¡°Las comisiones de investigaci¨®n no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La ley tambi¨¦n establece que los jueces y magistrados no tienen obligaci¨®n de asistir a comisiones de investigaci¨®n. Adem¨¢s, no tendr¨ªa ninguna utilidad: todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos. Y es justo lo que la ley proh¨ªbe que se pueda revelar¡±, sentenci¨® ayer el titular de Justicia, F¨¦lix Bola?os, tras el Consejo de Ministros. Bola?os llam¨® hace unos d¨ªas a tres de los jueces aludidos por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, para explicarles que el Gobierno rechaza esos ataques.
Nogueras, de la total confianza de Puigdemont hasta el punto de haber acudido a las negociaciones con el PSOE en Bruselas y en Ginebra, atac¨® a determinados jueces espa?oles el martes cuando afirm¨® en el atril del Congreso que ¡°en un pa¨ªs normalizado estos personajes [refiri¨¦ndose de forma expresa a Manuel Marchena, presidente de la Sala de Lo Penal del Supremo y, por tanto, del juicio del proc¨¦s; Pablo Llarena, instructor de la causa del proc¨¦s; y Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial] ser¨ªan cesados y juzgados¡±. Una estrategia que no fue casual: el mismo d¨ªa el portavoz de Junts en el Senado, Josep Llu¨ªs Cleries, emple¨® t¨¦rminos dur¨ªsimos y puso en cuesti¨®n la separaci¨®n de poderes.
¡°Este debate, solo de la lectura de la Constituci¨®n, de la ley org¨¢nica del Poder Judicial y del propio reglamento del Congreso, es un debate que se resuelve con mucha claridad¡±, apostill¨® Bola?os, contrario a las comparecencias de magistrados en alguna de las tres comisiones de investigaci¨®n aprobadas sobre la Operaci¨®n Catalu?a, los atentados del 17-A y el caso Pegasus.
Fuentes gubernamentales confirman que el PSOE se opondr¨¢ a que los jueces sean citados por la comisi¨®n, aunque entienden que no ser¨ªa necesaria una votaci¨®n ni siquiera en la Mesa del Congreso. ¡°Las comisiones de investigaci¨®n en nuestro pa¨ªs est¨¢n muy claramente reguladas en la Constituci¨®n en el art¨ªculo 76 y tambi¨¦n en la ley org¨¢nica del Poder Judicial en relaci¨®n con los jueces y magistrados y en el propio reglamento del Congreso¡±, remach¨® Bola?os. El art¨ªculo citado de la Ley Fundamental establece que las conclusiones de las comisiones de investigaci¨®n en las Cortes ¡°no ser¨¢n vinculantes para los tribunales, ni afectar¨¢n a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigaci¨®n sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas¡±.
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