El Gobierno rechaza el plan de Junts y ERC de fiscalizar a determinados jueces en el Congreso

La intenci¨®n de los partidos independentistas de llamar a comparecer en el Congreso a varios jueces a los que acusan de lawfare ¡ªguerra judicial al adversario pol¨ªtico¡ª ha abierto el primer frente de relieve, y cuyas consecuencias est¨¢n por verse, entre el Gobierno y sus socios, sin que apenas haya transcurrido un mes desde la reelecci¨®n de Pedro S¨¢nchez. Todo ello mientras el Ejecutivo se afana en pacificar la guerra con la justicia, con el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace m¨¢s de cinco a?os y la sensaci¨®n agravada en La Moncloa de que el sector m¨¢s conservador del mundo judicial se coordina con el PP en la oposici¨®n al Ejecutivo.

El Gobierno se opone a ese plan de Junts y ERC de fiscalizar a los jueces en el Parlamento, un escenario que acrecentar¨ªa la tensi¨®n entre el poder legislativo y el judicial y del que no escapa el Ejecutivo. ERC quiere negociar con Junts la posibilidad de citar en el Congreso a los jueces a los que Miriam Nogueras, portavoz del partido de Carles Puigdemont, se?al¨® la semana pasada como supuestos responsables de algunos casos de persecuci¨®n judicial contra el independentismo.

¡°Las comisiones de investigaci¨®n no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La ley tambi¨¦n establece que los jueces y magistrados no tienen obligaci¨®n de asistir a comisiones de investigaci¨®n. Adem¨¢s, no tendr¨ªa ninguna utilidad: todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos. Y es justo lo que la ley proh¨ªbe que se pueda revelar¡±, sentenci¨® el titular de Justicia, F¨¦lix Bola?os, tras el Consejo de Ministros. Bola?os, que hace unos d¨ªas llam¨® a los jueces aludidos por Nogueras para explicarles que el Gobierno rechaza sus ataques, fij¨® p¨²blicamente una posici¨®n muy clara que poco despu¨¦s remat¨® el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, en el corrillo de la habitual copa de Navidad con la prensa. S¨¢nchez descart¨® de plano que el PSOE vaya a aceptar las peticiones de comparecencias de jueces en las comisiones de investigaci¨®n pactadas con los independentistas. Si el PSOE se opone, esa idea no podr¨¢ prosperar, aunque est¨¢ por ver qu¨¦ consecuencias tiene esa decisi¨®n en las relaciones con los independentistas.

¡°Este debate, solo de la lectura de la Constituci¨®n, de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y del propio reglamento del Congreso, es un debate que se resuelve con mucha claridad¡±, apostill¨® Bola?os, contrario a las comparecencias de magistrados en alguna de las tres comisiones de investigaci¨®n aprobadas sobre la Operaci¨®n Catalu?a, los atentados del 17-A y el caso Pegasus. Fuentes gubernamentales confirman que el PSOE se opondr¨¢, aunque entienden que no ser¨ªa necesaria una votaci¨®n ni siquiera en la Mesa del Congreso. Las fuentes consultadas explican que, aparte de que la ley es clara, el Consejo General del Poder Judicial y los letrados del Congreso podr¨ªan elaborar sendos informes en los que argumentasen la imposibilidad de que un juez vinculado al proc¨¦s tenga que asistir a una comisi¨®n. Adem¨¢s, los socialistas entienden que los pactos con Junts y ERC no les obligan a aceptar estas peticiones de comparecencias.

¡°Las comisiones de investigaci¨®n en nuestro pa¨ªs est¨¢n muy claramente reguladas en la Constituci¨®n en el art¨ªculo 76 y tambi¨¦n en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial en relaci¨®n con los jueces y magistrados y en el propio reglamento del Congreso¡±, remach¨® Bola?os. El art¨ªculo citado de la Ley Fundamental establece que las conclusiones de las comisiones de investigaci¨®n en las Cortes ¡°no ser¨¢n vinculantes para los tribunales, ni afectar¨¢n a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigaci¨®n sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas¡±.

La portavoz de Junts, de la total confianza de Puigdemont hasta el punto de haber acudido a las negociaciones con el PSOE en Bruselas y en Ginebra, incendi¨® a la judicatura espa?ola el martes cuando afirm¨® en el atril del Congreso que ¡°en un pa¨ªs normalizado estos personajes [refiri¨¦ndose de forma expresa a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y, por tanto, del juicio del proc¨¦s; Pablo Llarena, instructor de la causa; y Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial] ser¨ªan cesados y juzgados¡±. Una estrategia que no fue casual: el mismo d¨ªa el portavoz de Junts en el Senado, Josep Llu¨ªs Cleries, tambi¨¦n emple¨® t¨¦rminos dur¨ªsimos y puso en cuesti¨®n la separaci¨®n de poderes. El impacto en el mundo de la justicia no se hizo esperar. El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Mar¨ªn-Cast¨¢n, cancel¨® al d¨ªa siguiente la reuni¨®n que ten¨ªa agendada con Bola?os, una primera toma de contacto que ambas partes esperan celebrar finalmente el jueves.

Bola?os se ha tenido que emplear a fondo desde entonces para aplacar los ¨¢nimos en el poder judicial y reconducir la relaci¨®n con el Gobierno, que ya de por s¨ª era dif¨ªcil. El ministro llam¨® ese mismo d¨ªa a Marchena, Llarena y Lesmes para asegurarles que el Gobierno defender¨¢ siempre la independencia judicial.

Pero la tormenta no amain¨®. Vicente Guilarte, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, advirti¨® ante Bola?os los d¨ªas posteriores del ¡°choque brutal¡± que supondr¨ªa la comparecencia de magistrados ¡°en una sede extravagante¡±, en alusi¨®n a las comisiones de investigaci¨®n en el Congreso. Con los ¨¢nimos muy caldeados, el ministro volvi¨® a insistir el lunes en el mensaje que viene lanzando desde que, la semana pasada, se disparara la tensi¨®n entre el Gobierno y el Poder Judicial azuzada por Nogueras. ¡°Este Gobierno defender¨¢ siempre a los jueces¡±, reiter¨® en la ceremonia de entrega de los despachos de los nuevos fiscales, ante la presencia de Guilarte y el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, que remarc¨® la importancia de la ¡°lealtad institucional¡±.