El Tribunal de Cuentas rechaz¨® que Puigdemont declarase por videconferencia porque tard¨® un a?o en solicitarlo

El Tribunal de Cuentas ha dictado un auto en el que explica por qu¨¦ rechaz¨® la declaraci¨®n de Puigdemont por videoconferencia en el juicio por los gastos del proc¨¦s. Puigdemont no pidi¨® declarar de esa manera hasta el pasado 13 de noviembre, un a?o despu¨¦s de admitida la diligencia para interrogarle y cuando s¨®lo faltaban cuatro d¨ªas para la vista oral. Unos d¨ªas antes de la solicitud de Puigdemont, el PSOE y Junts hab¨ªan sellado el pacto para apoyar la investidura de Pedro S¨¢nchez a cambio, entre otras cosas, de promover una ley de amnist¨ªa para los encausados del proceso independentista ilegal en Catalu?a. En paralelo a la solicitud de declarar por videoconferencia en la vista si llegaba a celebrarse, el l¨ªder de Junts plante¨® la posible suspensi¨®n del juicio, por considerar que el Tribunal de Cuentas deb¨ªa esperar a conocer la resoluci¨®n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el recurso presentado por los l¨ªderes independentistas contra la sentencia del Supremo que les conden¨® por sedici¨®n y malversaci¨®n.

El Tribunal de Cuentas descart¨® en noviembre pasado la pretensi¨®n de suspensi¨®n de la declaraci¨®n, considerando en una providencia que la impugnaci¨®n de la sentencia del Supremo ante el tribunal de Estrasburgo no tiene por qu¨¦ paralizar el procedimiento por presunta responsabilidad contable que se sigue en el ¨®rgano fiscalizador espa?ol. La defensa de Puigdemont ¡ªa cargo del letrado Gonzalo Boye¡ª recurri¨® la decisi¨®n de la consejera encargada del caso, Elena Hern¨¢ez, quien ahora ha rechazado esta impugnaci¨®n mediante un auto en el que explica que Puigdemont ten¨ªa autorizada la declaraci¨®n no presencial ¡ªa petici¨®n de las defensas de otros investigados¡ª desde el 16 de diciembre de 2022 y no la solicit¨® hasta el pasado 13 de noviembre, en v¨ªsperas de la vista oral, que tuvo lugar en el Tribunal de Cuentas el d¨ªa 17 del mismo mes.

La petici¨®n de declaraci¨®n por videoconferencia lleg¨® al tribunal cuatro d¨ªas despu¨¦s de que el PSOE y Junts hubieran acordado en Ginebra impulsar la ley de amnist¨ªa para los l¨ªderes del proc¨¦s. El pacto inclu¨ªa extender los efectos de esta ley no s¨®lo a las condenas penales impuestas por los jueces y tribunales de esta jurisdicci¨®n, sino tambi¨¦n a las responsabilidades administrativas y contables. Estas ¨²ltimas son las que investiga el Tribunal de Cuentas, que tras el juicio de noviembre ¨²ltimo tiene pendiente la sentencia relativa a las demandas de la Fiscal¨ªa y Sociedad Civil Catalana sobre el uso irregular de fondos para promover el proc¨¦s. La Fiscal¨ªa pide que los l¨ªderes independentistas sean condenados a devolver a las arcas p¨²blicas 3,4 millones de euros gastados con dicha finalidad, mientras que Sociedad Civil Catalana cifra en 5,3 millones de euros los fondos desviados.

En paralelo, la defensa de Oriol Junqueras ha pedido paralizar este procedimiento contable ante la pr¨®xima aprobaci¨®n de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa que se tramita ahora en el Congreso de los Diputados. El tribunal ha pedido informe a las partes sobre esta solicitud, y la Fiscal¨ªa ya ha enviado un informe en el que pide al Tribunal de Cuentas que no detenga las actuaciones ¨Cahora centradas en la preparaci¨®n de la sentencia, tras el juicio de noviembre pasado-, porque la citada proposici¨®n de ley todav¨ªa est¨¢ en fase de tramitaci¨®n parlamentaria. El texto de la Fiscal¨ªa afirma que el contenido y entrada en vigor de la ley de amnist¨ªa es ¡°un hecho futuro y relativamente incierto¡±.

La fecha de publicaci¨®n de la sentencia depende ahora de la rapidez con que las partes env¨ªen al tribunal sus conclusiones sobre este procedimiento contable. Lo habitual es que dichas conclusiones se expongan en el juicio, pero la consejera Hern¨¢ez ofreci¨® a defensas y acusaciones entregarlas por escrito, y as¨ª se convino y ratific¨® el pasado 17 de noviembre al t¨¦rmino de la vista en el Tribunal de Cuentas. Fuentes del ¨®rgano fiscalizador estiman que probablemente la sentencia tenga que dictarse, aunque luego se archive la causa, porque las sucesivas fases del debate parlamentario sobre dicha proposici¨®n de ley dar¨¢n tiempo a que se redacte la resoluci¨®n, sobre todo tras la reforma del reglamento del Senado, promovida por el PP para no aplicar el tr¨¢mite de urgencia al texto y retrasar de este modo su aprobaci¨®n.