La reforma de la ley del CGPJ que reclama el PP complica el acuerdo sobre la renovaci¨®n
El Gobierno y sus aliados vetaron en el Congreso hace siete meses la propuesta de Feij¨®o para cambiar el sistema de elecci¨®n de los vocales jueces del Poder Judicial. El PSOE se opone a que los 5.000 jueces elijan un ¡°poder del pueblo¡±
El acuerdo entre el PSOE y el PP para sentarse a negociar la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales llevan m¨¢s de cinco a?os con el mandato caducado, pende de un hilo. La amenaza se esconde en la segunda parte de esa negociaci¨®n: la reforma legal que defiende el PP para que, en renovaciones futuras, los jueces elijan directamente, sin intervenci¨®n de las Cortes, a los 12 vocales jueces del CGPJ. El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, y el l¨ªder de la oposici¨®n, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, anunciaron el pasado viernes que van a sentarse a negociar por fin para desbloquear el ¨®rgano de gobierno de los jueces, pero las declaraciones de unos y otros en los ¨²ltimos meses, y este mismo martes, sobre la reforma legal apuntan a que ese segundo aspecto ¡ªque para el PP es una condici¨®n necesaria para cerrar el primero: el cambio de los vocales¡ª ser¨¢ muy dif¨ªcil de llevar adelante.
Alfonso G¨®mez de Celis, secretario de Pol¨ªtica Municipal del PSOE y vicepresidente del Congreso, declar¨® este martes a TVE: ¡°Nos basamos en un principio fundamental que establece la propia Constituci¨®n, que dice que todos los poderes emanan del pueblo. No puede ser que 2.000 o 3.000 personas que han aprobado una oposici¨®n [en referencia a los jueces, que son en realidad m¨¢s de 5.000] elijan a un poder del pueblo, como es en este caso el Poder Judicial, como tampoco entender¨ªamos que los funcionarios p¨²blicos eligieran al Gobierno de Espa?a¡±.
Esta postura expresada por G¨®mez de Celis es la que mantuvo el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados hace s¨®lo siete meses, cuando se discuti¨® en pleno la proposici¨®n de ley que el PP present¨® para que los jueces eligieran directamente a los 12 vocales de procedencia judicial de los 20 que componen el CGPJ. En aquella ocasi¨®n, la iniciativa legislativa del PP fracas¨®, con 176 votos en contra de los mismos grupos parlamentarios que ahora han apoyado la investidura de Pedro S¨¢nchez.
La diferencia es que ahora el PSOE ha aceptado negociar con el PP, con la intermediaci¨®n de un representante de la Comisi¨®n Europea, un cambio futuro en el sistema de elecci¨®n de los vocales jueces. El PP ve con buenos ojos para esa labor al comisario de Justicia, Didier Reynders, quien ha defendido en reiteradas ocasiones que hay que renovar ya el CGPJ con la ley vigente y a continuaci¨®n cambiar el sistema de elecci¨®n, una ¡°reforma que cumpla la recomendaci¨®n del Consejo de Europa, que es que la mayor¨ªa de miembros del consejo de jueces sean elegidos por sus pares¡±. Fuentes del PP se?alan que el acuerdo para la renovaci¨®n pasa por garantizar la reforma de la Ley para cambiar el sistema de elecci¨®n de los vocales jueces y a?ade: ¡°El Gobierno ten¨ªa que convencer antes al PP, ahora tambi¨¦n tiene que convencer a Europa dado que ha aceptado su supervisi¨®n. Europa piensa lo mismo que nosotros sobre la necesidad de reformar el sistema de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial¡±.
Sin embargo, el presidente Pedro S¨¢nchez mantiene su veto a un cambio del modelo de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial vigente con ligeros retoques desde 1985 con el aval del Tribunal Constitucional. ¡°El Gobierno apuesta por el modelo democr¨¢tico, no corporativo, el mismo modelo que se pacto con el PP en 2001 y en 2013, teniendo el PP mayor¨ªa absoluta y estando el PSOE en la oposici¨®n¡±, se?alaron a EL PA?S fuentes del Ejecutivo.
El¨ªas Bendodo, vicesecretario de Coordinaci¨®n Auton¨®mica y Local, se?al¨® este martes: ¡°Lo que la Comisi¨®n Europea ha pedido en los ¨²ltimos meses es una despolitizaci¨®n de los ¨®rganos judiciales. Estamos dispuestos a negociar ese pacto de Estado de la Justicia donde s¨ª se renueve el ¨®rgano de gobierno de los jueces pero al mismo tiempo se apruebe una f¨®rmula de nueva forma de elecci¨®n de los magistrados que van a formar parte del ¨®rgano de los jueces, tal y como pide la Uni¨®n Europea. Lo que ha conseguido el se?or Feij¨®o es sacar al se?or S¨¢nchez de la trinchera, sentarlo ante la Uni¨®n Europea y que la Uni¨®n Europea le diga a la cara que no pueden meter la mano en todas las instituciones del Estado. Hay ¨®rganos del Estado, como el de los jueces, que necesitan ser independientes, eso es lo que dice el PP haciendo suyas las palabras de la Uni¨®n Europea¡±.
Antes de la votaci¨®n que el PP perdi¨® en el Congreso en mayo pasado para cambiar el sistema de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, Feij¨®o y S¨¢nchez rozaron un acuerdo para la renovaci¨®n, roto por el PP al conocer que el Gobierno tramitaba paralelamente una reforma penal, pactada con ERC, para derogar el delito de sedici¨®n. Aquel acuerdo aceptaba la renovaci¨®n del CGPJ con la ley vigente y, a la vez, asum¨ªa la elaboraci¨®n por parte de ese ¨®rgano de una propuesta de reforma del sistema de elecci¨®n de los vocales de procedencia judicial en un plazo m¨¢ximo de seis meses. Esa propuesta deb¨ªa ser avalada luego por tres quintos del CGPJ y trasladada al Gobierno, al Congreso y el Senado para que el poder legislativo, bas¨¢ndose en esa idea, sometiera a la consideraci¨®n de las Cortes una proposici¨®n de ley de reforma del sistema de elecci¨®n de los vocales judiciales.
En el debate del Congreso, dos de los grupos que ahora han votado la investidura de S¨¢nchez propusieron una salida al bloqueo del CGPJ. Tanto Junts como EH Bildu invitaron al Gobierno a aprobar una reforma legal por la que cesaban autom¨¢ticamente al terminar su mandato los vocales, dejando al frente de ese ¨®rgano a ¡°tres miembros para tareas administrativas b¨¢sicas sin que pudieran hacer ning¨²n nombramiento¡±. El PSOE rechaz¨® esta f¨®rmula para acabar con el bloqueo y tambi¨¦n la propuesta por su socio de coalici¨®n, Unidas Podemos, consistente en rebajar las mayor¨ªas necesarias para aprobar la renovaci¨®n ¡ªde forma que no fuera necesario contar con el PP¡ª en el caso de que no fuera posible en un primer intento.
Casi 500 nuevos jueces, sin opciones de formar parte del CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió a las Cortes en septiembre de 2018 una lista con los 51 jueces candidatos a formar parte del órgano de gobierno de los jueces en la siguiente renovación. Esa relación recogía los nombres seleccionados por las asociaciones judiciales o que habían recogido el aval de sus compañeros, y de ahí deben salir los 12 vocales jueces que elijan el Congreso y el Senado si hay acuerdo político para desbloquear el órgano. Pero los cinco años que han pasado desde que se elaboró esa lista pueden conllevar problemas legales en el futuro, según han advertido algunos juristas, que consideran que existe un riesgo de que la próxima renovación sea recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Los principales perjudicados de una renovación basada en el procedimiento abierto en 2018 serían los miembros de las cuatro promociones de jueces que se han incorporado a la carrera en los últimos cinco años. En total, 484 nuevos jueces (a los que se sumarán otros 161 durante el primer trimestre de 2024, según datos del CGPJ) que no podrán formar parte del nuevo Consejo porque no pudieron participar en aquel proceso y, por tanto, no están en la lista de preseleccionados. Juristas advierten de que alguno de ellos podría recurrir en amparo al Constitucional por considerar que se ha vulnerado su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (artículo 23.2 de la Constitución).
En la última negociación entre el PSOE y el PP, en noviembre de 2022, los dos partidos llegaron a plantearse la posibilidad de instar al CGPJ a que reiniciara el proceso con las asociaciones y los jueces interesados en formar parte del órgano y se elaborara una nueva lista de candidatos. Pero el CGPJ, cuando se ha planteado esta posibilidad, siempre ha defendido que eso requeriría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) porque, con la redacción actual, la norma no contempla la caducidad del procedimiento, por lo que no hay base jurídica para desechar la lista y hacer una nueva. Siguiendo este criterio, el PSOE y el PP acordaron basar la renovación en el listado elaborado en 2018.
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