El juez Garc¨ªa-Castell¨®n ve indicios de delito de terrorismo en el ¡®caso Tsunami¡¯ por una manifestaci¨®n no comunicada en jornada de reflexi¨®n
El magistrado pide a la Fiscal¨ªa que ¡°reflexione¡± sobre su postura de calificar los hechos de des¨®rdenes p¨²blicos pese a ¡°la contundencia, cantidad y nitidez¡± de datos que seg¨²n ¨¦l apuntan al terrorismo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n insiste en seguir investigando como un delito de terrorismo el caso Tsunami Democr¨¤tic, pese a la oposici¨®n de la Fiscal¨ªa. En el auto con el que desestima el ¨²ltimo recurso del ministerio p¨²blico ¨Dpresentado contra la decisi¨®n de enviar una exposici¨®n razonada al Tribunal Supremo para este decida si investiga al expresidente catal¨¢n pr¨®fugo Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira (tambi¨¦n huida) y a otras 10 personas¨D, el magistrado se mantiene en sus posiciones. Garc¨ªa-Castell¨®n asegura que, lejos de desinflarse los indicios con el avance de la investigaci¨®n, la documentaci¨®n incorporada recientemente a la causa ha permitido ¡°consolidar [...] que la tesis de calificaci¨®n inicial [como delito de terrorismo] se vislumbra, en este momento inicial, como plausible¡±. El juez carga en su resoluci¨®n contra el ministerio p¨²blico por defender que, en realidad, la investigaci¨®n solo ha arrojado hasta ahora indicios de un delito de des¨®rdenes p¨²blicos agravados.
Garc¨ªa-Castell¨®n destaca como indicio de la existencia de un delito de terrorismo la convocatoria por parte de Tsunami de una acampada y una manifestaci¨®n no comunicadas a la que asistieron 7.000 personas durante la jornada de reflexi¨®n previa a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. El magistrado cree que con ambas movilizaciones este grupo buscaba ¡°subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones pol¨ªticas o de las estructuras econ¨®micas o sociales del Estado, u obligar a los poderes p¨²blicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo¡±, adem¨¢s de ¡°alterar gravemente la paz p¨²blica¡±. Por ello, cree que ambas acciones se ajustan a ¡°la definici¨®n de delito de terrorismo contenida en los tratados y acuerdos internacionales que Espa?a ha firmado¡±.
El magistrado tambi¨¦n detalla en su auto qu¨¦ documentos recientemente incorporados a la causa han reforzado, en su opini¨®n, la calificaci¨®n como terrorismo de las protestas convocadas por Tsunami Democr¨¤tic, algunas de ellas violentas, que tuvieron lugar en Catalu?a tras conocerse la sentencia del Supremo que conden¨® a varios l¨ªderes del proc¨¦s en octubre de 2019. En concreto, detalla tres atestados elaborados por los Mossos d?Esquadra sobre los sucesos del aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019, cuando una multitud colaps¨® la instalaci¨®n; as¨ª como las diligencias que un juzgado de L¡¯Hospitalet de Llobregat abri¨® a ra¨ªz del fallecimiento, en aquella jornada, de un viajero por un paro cardiaco, y los escritos de personaci¨®n en la causa de dos polic¨ªas que resultaron gravemente heridos en los altercados de cuatro d¨ªas m¨¢s tarde en Barcelona.
Los Mossos, en su respuesta al juzgado, detallaron al juez que no les constaba que se hubiera producido ning¨²n muerto a causa de los altercados en el aeropuerto de El Prat (uno de los hechos que el juez ha esgrimido desde noviembre para insistir en investigar los hechos como terrorismo); los servicios de emergencia desvincularon aquel fallecimiento de los disturbios; y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a inform¨® a la Audiencia Nacional de que no hubo una investigaci¨®n sobre el ¨®bito, ya que este se debi¨® a causas naturales. Pese a todo ello, Garc¨ªa-Castell¨®n recalca en el auto que esta documentaci¨®n le ha permitido apreciar ¡°la existencia de hechos delictivos que, desde la calificaci¨®n inicial, revisten car¨¢cter de delito de terrorismo¡±. E insiste, a continuaci¨®n, en considerar a Tsunami Democr¨¤tic, el grupo que instig¨® las protestas, como ¡°organizaci¨®n terrorista¡±.
El juez aprovecha su resoluci¨®n para lanzar una dura cr¨ªtica a la Fiscal¨ªa. As¨ª, le recuerda que el ministerio p¨²blico es el ¡°¨®rgano que tiene por misi¨®n promover la acci¨®n de la justicia en defensa de la legalidad¡±, y le reprocha que no vea delito de terrorismo en el caso Tsunami pese a ¡°la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificaci¨®n inicial¡± como tal. Por ello, invita a la Fiscal¨ªa a ¡°reflexionar¡±. Es un escal¨®n m¨¢s en la batalla que el magistrado mantiene con la Fiscal¨ªa por este caso desde principios de noviembre, momento en el que Garc¨ªa-Castell¨®n decidi¨® acelerar el caso en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro S¨¢nchez. Las pesquisas, iniciadas por el juez hace cuatro a?os, estuvieron desde el primer momento calificadas de terrorismo, pero solo hace dos meses el magistrado apunt¨® expresamente a Puigdemont y Rovira por este delito.
Entonces, Garc¨ªa-Castell¨®n cit¨® como imputadas a una docena de personas, entre ellas, a Puigdemont y Rovira, ambos pr¨®fugos. Tras un extenso informe aportado por la Guardia Civil, Garc¨ªa-Castell¨®n consider¨® que contaba con indicios suficientes para investigar por terrorismo a los sospechosos por su participaci¨®n en la gestaci¨®n del movimiento Tsunami Democr¨¤tic pese a que en dicho documento policial no se utilizaba la palabra terrorismo para referirse a las protestas. Tras esta resoluci¨®n del juez, dictada el 6 de noviembre, el ministerio p¨²blico present¨® un primer recurso dirigido a la Sala de lo Penal. El fiscal insist¨ªa en que no exist¨ªan suficientes indicios para imputar a los dirigentes independentistas y descartaba, adem¨¢s, el delito de terrorismo (al apreciar ¨²nicamente posibles des¨®rdenes p¨²blicos agravados). Si la causa perdiese la calificaci¨®n de terrorismo, Garc¨ªa-Castell¨®n y la Audiencia Nacional perder¨ªan la competencia y el caso deber¨ªa ser enviado a los juzgados de Catalu?a.
Sin embargo, antes de que la Sala de lo Penal se pronunciase, el magistrado orden¨® remitir la investigaci¨®n al Supremo, ya que dos de los se?alados eran aforados: Puigdemont, por ser eurodiputado; y Rub¨¦n Wagensberg, que es diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament. A esta ¨²ltima decisi¨®n la Fiscal¨ªa present¨® el recurso que ahora ha rechazado el juez.
En su escrito, la Fiscal¨ªa sosten¨ªa que el juez hab¨ªa elevado el caso al Supremo ¡°sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados¡± y sin que hubiera ¡°nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados¡± (Puigdemont y Wagensberg). Tambi¨¦n consideraba que Garc¨ªa-Castell¨®n hab¨ªa modificado su propia resoluci¨®n de 15 d¨ªas antes en la que afirmaba que a¨²n no proced¨ªa trasladar el caso al Supremo, vulnerando un precepto de la ley del Poder Judicial. En su auto de este jueves, el magistrado rechaza de plano todos estos argumentos de la Fiscal¨ªa, incluidos los de car¨¢cter procesal.
El contexto de la ley de amnist¨ªa
Garc¨ªa-Castell¨®n se?al¨® a Puigdemont y a Rovira por presuntos delitos de terrorismo justo cuando el PSOE impuls¨® ¡ªcon el objetivo de lograr el apoyo de Junts y ERC a la investidura de Pedro S¨¢nchez¡ª la ley de amnist¨ªa a los encausados del proc¨¦s. Esa amnist¨ªa no cubre ni los ¡°actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte¡± ni los delitos de terrorismo sobre los que haya reca¨ªdo sentencia firme. El resto de los delitos vinculados al proc¨¦s ¡ªincluidos los de terrorismo sin sentencia firme, es decir, el caso que salpica a Puigdemont y Rovira¡ª s¨ª ser¨ªan amnistiados. No obstante, ERC y Junts no se f¨ªan y quieren que quede m¨¢s claro en la ley que todos los delitos ligados al proc¨¦s, sin excepci¨®n y aunque no exista sentencia firme, ser¨¢n amnistiados.
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