La delgada l¨ªnea roja entre el castigo f¨ªsico y una dura instrucci¨®n militar
La denuncia de que uno de los soldados ahogados en Cerro Muriano llevaba como sanci¨®n una mina inerte en su mochila cuestiona la pervivencia de pr¨¢cticas te¨®ricamente abolidas en el Ej¨¦rcito
Carlos Le¨®n Rico, uno de los dos militares que murieron el pasado 21 de diciembre en un embalse de la base de Cerro Muriano (C¨®rdoba), cuando realizaban un cruce de curso de agua dentro de su plan de instrucci¨®n, llevaba una mina inerte en su mochila. Seg¨²n el abogado de su familia, Luis Romero, tanto ¨¦l como muchos de sus compa?eros cargaban desde d¨ªas antes del suceso con una simulaci¨®n de mina anticarro ¡°como castigo¡± por haber hecho mal un ejercicio.
Por su parte, el titular del juzgado togado militar n¨²mero 21, que ha imputado al capit¨¢n jefe de la compa?¨ªa, un teniente y un sargento supervisores del ejercicio por no haber tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los soldados, ha confirmado que varios de ellos ten¨ªan ¡°exceso de peso¡±, pues cargaban una mina de instrucci¨®n de 3,5 kilos. Eso, unido a que las mochilas adolec¨ªan de falta de estanqueidad y no flotaban como se supon¨ªa, pudo coadyuvar a que se hundieran al fondo del estanque, de tres metros de profundidad, arrastrando a sus portadores.
El juez no explica las razones por las que el teniente imputado orden¨® a los soldados que cargaran con una mina inerte, pero, si se confirma que se trat¨® de un castigo, tendr¨ªa que a?adir una nueva imputaci¨®n ¡ªabuso de poder o maltrato a inferior¡ª al delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte (homicidio imprudente) por el que ha decidido abrir un sumario.
El art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n consagra el derecho de los ciudadanos ¡°a la integridad f¨ªsica y moral, sin que, en ning¨²n caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes¡±; y el 25.2 proscribe los trabajos forzados. ¡°Cualquier infracci¨®n por la que un militar sea castigado debe estar prevista en la ley disciplinaria y tambi¨¦n la sanci¨®n correspondiente¡±, explica Javier de Le¨®n, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El c¨®digo disciplinario castrense, de 2014, incluye una bater¨ªa de sanciones que van desde la simple reprensi¨®n a la expulsi¨®n de las Fuerzas Armadas, pasando por la multa, el arresto o la p¨¦rdida de destino. Pero ninguna tiene que ver con unos castigos f¨ªsicos que ¡°han sido desterrados del sistema jur¨ªdico espa?ol¡±, explica este estudioso del Derecho militar. Y apostilla: ¡°Pocas instituciones est¨¢n tan reglamentadas como las Fuerzas Armadas, donde cualquier actividad est¨¢ sujeta a un protocolo¡±.
¡°Sobre el papel, los castigos f¨ªsicos est¨¢n erradicados en el Ej¨¦rcito¡±, confirma el subteniente I?aki Unibaso, secretario general de la Asociaci¨®n Unificada de Militares Espa?oles (AUME), una de las asociaciones profesionales que se sientan en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), ¨®rgano asesor del Ministerio de Defensa. Un antiguo suboficial ya retirado reconoce que, cuando estaba en activo, vivi¨® escenas propias de La chaqueta met¨¢lica, la pel¨ªcula de Stanley Kubrick ¡ªcomo ordenar a un recluta supuestamente patoso dar vueltas alrededor del patio, ponerse a reptar o recoger colillas¡ª, pero esos hechos se remontan a muchos a?os atr¨¢s y su asociaci¨®n no tiene noticia de que se produzcan ahora. ¡°Nos gustar¨ªa creer que ya no se dan¡±, apostilla el subteniente Unibaso.
¡°No nos podemos enga?ar, hay partes y denuncias¡±, responde Marco Antonio G¨®mez, presidente de la Asociaci¨®n de Tropa y Mariner¨ªa Espa?ola (ATME). En 2022, los tribunales militares impusieron cinco condenas por abuso de autoridad, seis por maltrato de obra y otras cuatro por trato degradante a inferior. No se sabe cu¨¢ntas de ellas se refer¨ªan a castigos f¨ªsicos. Por eso, el cabo G¨®mez quiere que, a trav¨¦s del Coperfas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ¡°clarifique si estas actuaciones se mantienen en las Fuerzas Armadas¡±. En su opini¨®n, la ¨²nica forma de conocer la realidad ser¨ªa realizar una encuesta an¨®nima entre los soldados.
Las dos asociaciones coinciden en que la falta de denuncias no implica necesariamente que estos hechos no se den. Aseguran que algunos soldados no se atreven a denunciar por temor a que ello repercuta en una calificaci¨®n negativa en su expediente (lo que implica la no renovaci¨®n del contrato temporal) o, en el peor de los casos, si la denuncia es archivada, puedan ser acusados de deslealtad. Por su parte, Francisco Jos¨¦ Dur¨¢n, vicepresidente de la Uni¨®n de Militares de Tropa (UMT), cree que los castigos f¨ªsicos han sido eliminados en el Ej¨¦rcito hace d¨¦cadas y que el acoso laboral, cuando se produce, toma formas m¨¢s sutiles.
El momento cr¨ªtico es el periodo de instrucci¨®n, justo el que estaban concluyendo los militares ahogados en el embalse de Sierra Morena. Los instructores no pueden imponer castigos f¨ªsicos a los soldados, explican las asociaciones, pero s¨ª ¡°reforzar¡± la instrucci¨®n de aquellos que est¨¢n menos en forma para ¡°endurecerlos¡± y que alcancen el nivel de los dem¨¢s. El objetivo es mejorar el rendimiento f¨ªsico, individual y colectivo. Sin embargo, la l¨ªnea que separa una instrucci¨®n f¨ªsica adaptada a las condiciones de cada soldado del ensa?amiento con los m¨¢s torpes puede llegar a ser muy delgada, advierten.
Miquel Pe?arroya, presidente de Asfaspro, una asociaci¨®n surgida en la escala de suboficiales, subraya que su organizaci¨®n consigui¨® que, en las marchas de unidad, se estableciera un tiempo m¨ªnimo, para evitar que los mandos compitieran entre s¨ª por ver cu¨¢l llegaba antes y dejaran exhaustos a los soldados. Despu¨¦s de que en los ¨²ltimos a?os varios militares fallecieran mientras hac¨ªan ejercicio, Pe?arroya sostiene que se ha extremado la vigilancia y ¡°ahora todo el mundo se tienta la ropa¡±. ¡°Sinceramente, no se dan las condiciones para que nadie se extralimite y, si lo hace, ser¨ªa un caso aislado¡±, apostilla. En su opini¨®n, el hecho de que algunos soldados de Cerro Muriano cargaran con minas inertes en las mochilas no implica necesariamente que se tratara de un castigo. ¡°Las minas forman parte del armamento colectivo de la unidad, igual que la ametralladora, y algunos soldados tienen que cargar con ella, no todos¡±, explica.
M¨¢s all¨¢ de la investigaci¨®n judicial, que la Justicia castrense reclama para s¨ª mientras las familias de los fallecidos quieren mantener en el juzgado civil, las asociaciones de militares ponen el dedo en algunas incoherencias. Por ejemplo, que a los soldados se les haga cruzar un embalse de aguas heladas donde no hacen pie cargados con su equipo de combate cuando, para ingresar en el Ej¨¦rcito, nadie les pregunt¨® si sab¨ªan nadar.
Mariano Casado, presidente del Observatorio de la Vida Militar, un organismo dependiente de las Cortes que eval¨²a la situaci¨®n del personal de las Fuerzas Armadas, subraya que la dureza de la instrucci¨®n y el adiestramiento al que se somete a los soldados tiene dos l¨ªmites: el respeto a la dignidad de la persona y la salvaguarda de su salud y seguridad. Esas son, advierte, las l¨ªneas rojas que no se pueden cruzar.
Las familias recelan de que el juez militar tome ventaja
La muerte de dos militares durante unos ejercicios en el embalse de la base de Cerro Muriano (Córdoba) ha dado lugar a un insólito solapamiento de investigaciones entre la justicia castrense y la ordinaria. El juzgado togado militar territorial de Sevilla se ha adelantado a elevar las diligencias a la condición de sumario e imputar a tres mandos –un capitán, un teniente y un sargento—cuando todavía no está claro que sea suya la competencia. El juzgado de instrucción número 4 de Córdoba se ha inhibido en favor del juez togado, pero el auto no es firme, ya que las acusaciones que representan a las familias de los fallecidos han anunciado que van a recurrirlo e insisten en que sea la Justicia civil la que investigue. Los abogados de los padres y la viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez, los letrados Francisco José Pérez y Antonio Granados, consideran que el juez militar “se extralimitó en sus competencias y se infralimitó en sus acusaciones”, al no pedir responsabilidades a los mandos por encima del capitán, por lo que recurrirán también su decisión.
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