Multa de dos millones a un polic¨ªa de Palma por alquilar como vivienda 68 trasteros min¨²sculos

La Consejer¨ªa de Vivienda del Gobierno de Baleares ha impuesto una sanci¨®n de dos millones de euros a la empresa propiedad de un polic¨ªa local de Palma que gestiona el alquiler como vivienda de 68 trasteros y habit¨¢culos sin las condiciones m¨ªnimas legales de habitabilidad. Se trata de cuartos ubicados en edificios de tres barrios diferentes de la capital balear que cuentan, en algunos casos, con menos de 15 metros cuadrados, sin luz natural, sin ventilaci¨®n y con un sistema el¨¦ctrico deficiente. Es la mayor sanci¨®n por explotaci¨®n de infraviviendas impuesta en las islas y cuadruplica el monto total de todas las sanciones dictadas antes por este tipo de infracciones. El polic¨ªa fue detenido por la comercializaci¨®n de estas infraviviendas el pasado mes de noviembre y qued¨® en libertad, a la espera de juicio, acusado de presuntos delitos de estafa, contra la integridad moral y de favorecer la inmigraci¨®n irregular.

Uno de los edificios que alberga las infraviviendas est¨¢ situado en la avenida Joan Mir¨® de Palma, en el barrio de Gomila. Es un inmueble de seis plantas, en cuyos bajos y s¨®tanos el polic¨ªa local ten¨ªa montada una red con m¨¢s de 30 infraviviendas, apenas cinco de ellas en el exterior y con acceso a ventilaci¨®n natural. Tras bajar unas escaleras, en los estrechos pasillos salpicados de tendederos con ropa colgada, cada puerta met¨¢lica de trastero se identifica con un n¨²mero pintado a mano. En el 5 vive Pilar, que prefiere no dar su apellido, pero accede a mostrar el interior de su casa. Se trata de una peque?a habitaci¨®n de unos 15 metros cuadrados a la que ha sacado el m¨¢ximo provecho, con varias torres de cajas y bolsas con todas sus pertenencias empaquetadas por si se tiene que marchar.

En una esquina, tiene un mueble con dos peque?os fuegos el¨¦ctricos y una nevera, que comparten espacio con una mesa, la cama y una lavadora. ¡°En el ba?o hicieron un desastre, pasaba la humedad desde la ducha por todo el suelo¡±, cuenta ense?ando el min¨²sculo ba?o. La habitaci¨®n no tiene ning¨²n tipo de ventilaci¨®n natural y solo tiene una peque?a ventana que da al pasillo de trasteros.

Pilar lleva tres a?os viviendo en este habit¨¢culo y paga una renta de 410 euros al mes, a lo que tiene que sumar los costes de luz. ¡°Hay meses que pagamos 60 o 70 euros de luz, en enero fueron 90. Por cada electrodom¨¦stico que ve en la habitaci¨®n te sube la luz¡±, denuncia Pilar, que explica que el modus operandi del propietario para cobrar pasa por quedar con los inquilinos de los trasteros para que entreguen la mensualidad en mano, sin retornar a cambio ning¨²n tipo de recibo ¡°para que no haya pruebas de que estamos pagando esas cantidades de dinero¡±.

Desde la detenci¨®n del polic¨ªa, los vecinos est¨¢n inquietos porque no saben qu¨¦ ser¨¢ de su futuro y cu¨¢ndo tendr¨¢n que dejar las habitaciones. Para Pilar, el escenario de marcharse es un problema porque ¡°no hay pisos para alquilar¡± y cree que ella y otros inquilinos terminar¨¢n ¡°viviendo en la calle¡±. ¡°Es normal que me quiera ir de la habitaci¨®n, estoy harta de las cucarachas, de todo. Pero nosotros tenemos ahora un problema porque si nos echan no tenemos d¨®nde ir, yo duermo con la intranquilidad de que no se sabe lo que va a pasar aqu¨ª¡±.

Sorteando los tendederos en el serpenteante pasillo de azulejos azules, una de las puertas de trastero est¨¢ totalmente tapiada. Pilar explica que, hace dos meses, el inquilino que viv¨ªa en ¨¦l desde hace a?os falleci¨® de muerte natural y fueron los vecinos los que se dieron cuenta por el olor. El juzgado orden¨® tapiar la puerta tras el levantamiento del cad¨¢ver para evitar problemas. En otra de las zonas del s¨®tano, frente al espacio en el que los vecinos han instalado un par de lavadoras y est¨¢ la fosa s¨¦ptica, vive en una habitaci¨®n min¨²scula R., una mujer cubana que vive sola y prefiere no ofrecer m¨¢s datos. Su trastero no mide m¨¢s de 10 metros cuadrados, en los que tiene la cama, una nevera, una peque?a vitrocer¨¢mica enchufable y un ba?o en el que casi no entra una persona.

Muestra un contrato de arrendamiento en el que figuran anotados, a bol¨ªgrafo, el precio mensual de 350 euros, el n¨²mero de su trastero y el precio de la fianza, de 150 euros. El contrato, en el que est¨¢ el sello de la empresa propiedad del polic¨ªa local, se establece que el inquilino se tiene que hacer cargo del mantenimiento y las reparaciones de la habitaci¨®n, incluidas las bombillas y luces. ¡°La renta pactada incluye 60 kW, siendo a cargo del arrendatario el abono del consumo restante¡±, reza el documento.

R. explica que cada mes el polic¨ªa mira el medidor de consumo el¨¦ctrico individual que hay instalado en la habitaci¨®n y le cobra la cantidad que considera oportuna, que va de los 60 euros a los 90 del mes de enero, por sobrepasar ese l¨ªmite. Los apagones, dice, son continuos. ¡°Entra en la habitaci¨®n y por cada electrodom¨¦stico que ve, sube el importe¡±, sostiene R. que asegura que en ning¨²n momento entrega facturas que justifiquen los importes. La mujer tambi¨¦n manifiesta su intranquilidad sobre su situaci¨®n y la de sus vecinos despu¨¦s de la sanci¨®n impuesta por la Consejer¨ªa de Vivienda.

¡°No hemos recibido ninguna orden de desahucio, pero si nos los dijeran, ?para d¨®nde vamos? Yo pago 350 euros m¨¢s la corriente, que es lo que a ¨¦l le da la gana¡± dice R. Tanto ella como Pilar y otros vecinos han dejado de pagar al polic¨ªa desde que trascendi¨® que hab¨ªa sido detenido por estafa, contra la integridad moral y otros delitos por la comercializaci¨®n de los trasteros. ¡°Desde hace dos meses ha mandado a otra persona a cobrar o ha citado a la gente en un bar para que les pagase¡±, dice Pilar.

En otro de los habit¨¢culos vive una mujer de origen colombiano, que prefiere mantenerse en el anonimato porque se encuentra en situaci¨®n irregular, con su marido y sus dos hijos menores, uno de ellos de apenas un a?o. Su trastero es uno de los m¨¢s grandes y han podido instalar una cama de matrimonio y una litera, adem¨¢s de una mesa y algunos muebles. El espacio est¨¢ impoluto y bien iluminado, a pesar de que no tienen ninguna ventana. La mujer cuenta que entraron al trastero hace dos meses y el propietario lleg¨® con la polic¨ªa cuando apenas llevaban cuatro d¨ªas instalados.

¡°Vino con la polic¨ªa, que lo mir¨® todo, vio la nevera llena y todo ordenado y dijeron que no nos pod¨ªan echar porque parec¨ªa que llev¨¢bamos tiempo viviendo all¨ª. ?l se fue y no le hemos vuelto a ver¡±, dice. Explica que se van a quedar en el habit¨¢culo hasta que les echen o encuentren una opci¨®n mejor, aunque es pesimista con su situaci¨®n personal y con la del mercado de la vivienda en la isla. Durante el recorrido por el s¨®tano, otros vecinos se acercan a explicar su situaci¨®n y el temor que tienen a tener que abandonar el ¨²nico sitio que, dicen, pueden pagar a d¨ªa de hoy.

La sanci¨®n impuesta al polic¨ªa local, y que le fue notificada a mediados de enero, contempla un periodo de un mes para plantear un recurso de reposici¨®n, que el agente a¨²n no ha interpuesto, y de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo. La Ley Balear de Vivienda contempla sanciones de entre 30.001 euros y 90.000 euros por infracciones muy graves como la que se atribuye al propietario de estas 68 infraviviendas y en este caso se le ha impuesto la m¨ªnima fijada en la normativa. La Consejer¨ªa de Vivienda explica que la resoluci¨®n de la sanci¨®n requiere al polic¨ªa el cese de la conducta que ha sido objeto de la multa, lo que podr¨ªa derivar en el desahucio de los inquilinos en un futuro.