El rastro del ¡®caso Koldo¡¯ y otros pufos de mascarillas en Canarias: tres operaciones con el Gobierno auton¨®mico est¨¢n bajo la lupa judicial

La emergencia sanitaria provocada por la covid llev¨® al Gobierno canario, como a otros, a acelerar la compra de material sanitario. Cuando estall¨® la pandemia, el archipi¨¦lago apenas ten¨ªa almacenados unos 40.000 cubrebocas FPP2, reservas que daban para un m¨¢ximo de un mes y medio. Por ello, se desembolsaron 81,9 millones de euros de forma directa y sin publicidad, al amparo de las normas de contrataci¨®n de emergencia dictadas en aquellas fechas. Tres de estas compras, cerradas con una veintena de proveedores, han acabado bajo la lupa judicial. ¡°De los 82 millones de euros destinados a la compra de material sanitario, 39,3 millones de euros est¨¢n inmersos en alguna de las tres investigaciones judiciales¡±, ha denunciado este mi¨¦rcoles el actual viceconsejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello (Coalici¨®n Canaria), quien reclama explicaciones ¡°contundentes¡±. Fuentes del anterior Ejecutivo sostienen que ¡°el Gobierno de Canarias solo es culpable de haber comprado mascarillas cuando hab¨ªa una escasez brutal, cuando los corredores log¨ªsticos estaban totalmente bloqueados, en una regi¨®n con especiales problemas de conectividad¡±.

¡®Caso Koldo¡¯

El Ejecutivo canario que presidi¨® el actual ministro de Pol¨ªtica Territorial y Memoria Democr¨¢tica, ?ngel V¨ªctor Torres (PSOE), abon¨® en abril de 2020 unos 12,3 millones de euros en tres operaciones distintas por 5,3 millones de mascarillas a la presunta trama corrupta del caso Koldo. Fuentes del anterior Ejecutivo defienden que esta operaci¨®n se llev¨® a cabo porque la empresa utilizada por la red (Soluciones de Gesti¨®n y Apoyo a las Empresas S. L.) ofrec¨ªa unas condiciones beneficiosas: aseguraba la entrega al d¨ªa siguiente de la firma por un producto a precio de mercado, no exig¨ªa dinero por adelantado y solo se desembols¨® dinero una vez validado el material. Y eso, con el aval de haber trabajado anteriormente con el Ministerio de Fomento. La Fiscal¨ªa Europea, con todo, investigar¨¢ estos contratos ¨Dy los de Baleares¨D ante la evidencia de que se hab¨ªan pagado con dinero procedente de los fondos comunitarios.

La empresa, relatan las fuentes, se puso en contacto v¨ªa correo electr¨®nico con el entonces responsable del Servicio Canario de Salud (SCS), Antonio Olivera, actual jefe de Gabinete en el ministerio de Torres, quien ha asegurado p¨²blicamente que el Ejecutivo nunca trat¨® con Koldo Garc¨ªa. En ella, la firma ofrec¨ªa cinco millones de mascarillas FFP2. ¡°Esta propuesta se traslad¨® autom¨¢ticamente, como marcaba el procedimiento habitualmente seguido en aquella ¨¦poca, a la Direcci¨®n General de Recursos Econ¨®micos, y se trat¨® escrupulosamente siguiendo los requisitos y pautas t¨¦cnicas establecidas¡±.

El Gobierno canario llev¨® a cabo tres encargos a Soluciones de Gesti¨®n y Apoyo a las Empresas: uno de 2,75 millones de mascarillas a un precio total de 6,87 millones de euros; otro de 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95 por 4,78 millones y un tercero de cinco millones por dos millones de mascarillas. Con los cubrebocas del primero de los encargos, sin embargo, surgi¨® un problema similar al que afronta el Govern balear: ¡°no llegaban a la calidad contratada¡± y carec¨ªan del certificado de convalidaci¨®n de los est¨¢ndares europeos.

La advertencia de los servicios de prevenci¨®n del SCS dej¨® en el aire un total de 837.800 mascarillas, con un coste de 2,09 millones. El Centro Nacional de Medios de Protecci¨®n (CNMP) certific¨® sus sospechas cuando en julio se le remiti¨® la mercanc¨ªa para su an¨¢lisis, aunque ofreci¨® una salida: las mascarillas no eran FFP2, pero estaban por encima de un nivel de filtrado FFP1. As¨ª, la empresa ofreci¨® al SCS venderle esas mascarillas al precio que ten¨ªan las quir¨²rgicas en abril: 0,845 euros por unidad hasta 707.518 euros, adem¨¢s de 555.000 mascarillas FFP2 de un modelo ya contrastado a 2,50 euros la unidad (1,38 millones, en total). El SCS opt¨® por aceptar la oferta tras valorar ¡°los tiempos de entrega de un nuevo pedido¡± frente a la ventaja de que ese material estuviera disponible para un uso inmediato.

¡°El Gobierno de Canarias ha sido, en todo caso, perjudicado por la trama¡±, sostienen las fuentes, ¡°nunca parte de ella, por mucho que el PP siga sacando de contexto documentos administrativos de diferentes expedientes en los que la Intervenci¨®n, la Audiencia de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y la propia justicia dan por v¨¢lidos y completamente legales¡±, aseguran. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalici¨®n Canaria), ha afirmado este mi¨¦rcoles que su Gobierno est¨¢ recabando toda la informaci¨®n posible de la Consejer¨ªa de Sanidad y de la Intervenci¨®n General.

Fraude fiscal

A finales de febrero, el Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Las Palmas admiti¨® a tr¨¢mite la querella de la Fiscal¨ªa Provincial contra cuatro empresarios que supuestamente defraudaron al fisco parte de los beneficios obtenidos por dos empresas radicadas en Madrid por venderle mascarillas al Servicio Canario de Salud por valor de 22,9 millones de euros. Entre los acusados se encuentran el actual presidente y propietario de la Uni¨®n Deportiva Las Palmas, Miguel ?ngel Ram¨ªrez, y Lucas Bravo de Laguna, exalcalde del municipio Santa Br¨ªgida, exconsejero del Cabildo de Gran Canaria en su etapa en el PP (1999-2017), y exdiputado por Unidos por Gran Canaria (2019-2023).

La Fiscal¨ªa Provincial de Las Palmas los acusa de los delitos de malversaci¨®n y blanqueo de capitales, derivados de los ¡°cuantiosos ingresos¡± no justificados obtenidos por la venta de material sanitario. Seg¨²n sostiene el ministerio, dos empresas de Madrid, convenientemente registradas, vendieron los productos al Ejecutivo insular entre 2020 y 2021. La primera de estas sociedades, Damco, factur¨® al SCS 15,89 millones de euros en 2020 y otros 2,78 millones en 2021. Tanoja Services, por su parte, ingres¨® 4,23 millones en 2021 por sus ventas al organismo p¨²blico.

Hasta ah¨ª todo parece correcto. De esa cantidad, 9,1 millones acabaron en los bolsillos de los imputados, a los que la Fiscal¨ªa considera meros intermediarios. Miguel ?ngel Ram¨ªrez aloj¨® supuestamente este monto en su empresa Tabaiba (sin actividad en los a?os previos a la pandemia), y reparti¨® esas ganancias con la empresa de Lucas Bravo de Laguna, que recibi¨® entre 2020 y 2021 m¨¢s de 2,3 millones de euros. Estas ganancias de Bravo de Laguna y Ram¨ªrez fueron declaradas al fisco acogi¨¦ndose al RIC, un incentivo fiscal canario que permite no tributar hasta el 90% de los beneficios netos, seg¨²n la Fiscal¨ªa. ¡°Ocultaron percepciones elevadas de rentas que no obedecen al desarrollo de una actividad econ¨®mica, sino a contactos personales de Miguel ?ngel Ram¨ªrez y Lucas Bravo¡±, se?ala la querella admitida a tr¨¢mite por la juez.

Este martes, la Fiscal¨ªa ha vuelto a solicitar otros seis a?os de c¨¢rcel para Ram¨ªrez por un presunto fraude a la Seguridad Social cometido por dos empresas de seguridad privada que considera que controlaba a trav¨¦s de personas de su confianza. La fiscal apunta que el empresario eludi¨® pagar cotizaciones de los trabajadores de las firmas Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novo Segur Seguridad Privada (previamente denominada Marseguir) por 791.572 euros, seg¨²n adelant¨® el diario Canarias 7.

Ram¨ªrez fue absuelto a finales del a?o pasado de la acusaci¨®n de cometer fraude a la Seguridad Social a trav¨¦s de la empresa Seguridad Integral Canaria entre 2014 y 2016. La Audiencia provincial concluy¨® en noviembre que no hay indicios para acreditar que durante esa etapa fuera el ¡°administrador de hecho¡± de la sociedad y, por tanto, responsable de las presuntas pr¨¢cticas fraudulentas.

¡®Caso mascarillas¡¯

En mayo de 2022, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Las Palmas anunci¨® una investigaci¨®n que ten¨ªa como centro, de nuevo, al Servicio Canario de la Salud. El sistema sanitario de las islas pag¨® cuatro millones a una empresa de compraventa de veh¨ªculos, RR7 United SL, por un pedido de un mill¨®n de mascarillas que nunca lleg¨®. El caso desemboc¨® en la imputaci¨®n del exdirector del SCS, Conrado Dom¨ªnguez, por delitos de prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias. Dom¨ªnguez dimiti¨® del cargo en noviembre de 2022, y el a?o pasado se vio salpicado por el caso Mediador. El dinero sigue sin aparecer, y la Fiscal¨ªa Europea ha asumido el caso, que sigue en proceso. En diciembre, el Tribunal de Cuentas archiv¨® el asunto de forma provisional pese a reconocer el da?o a las arcas p¨²blicas. El organismo recoge como acreditado que se hab¨ªa iniciado, por parte del Servicio Canario de Salud, el procedimiento para recuperar el dinero.

La Fiscal¨ªa apreci¨® diversas irregularidades de gravedad en la operaci¨®n que permiti¨® que, a diferencia de lo que sucedi¨® meses antes con la empresa usada en la presunta trama del caso Koldo, se le pagara por adelantado cuatro millones a una empresa sin experiencia en el sector. Sus pesquisas reconstruyen la forma en que, presuntamente, los empresarios entablaron relaciones con el responsable del SCS e, incluso, sostienen que d¨ªas antes hab¨ªa rechazado ofertas de empresas que ofrec¨ªan mascarillas FFP2 con disponibilidad inmediata porque ¡°ya hab¨ªa en cantidades aceptables para varios meses¡±.

Pese a ello, el contrato se cerr¨®, y RR7 trat¨® de importar una partida de un mill¨®n de mascarillas de la marca 3M, tra¨ªdas desde Etiop¨ªa, que resultaron ser falsas. Fueron interceptadas y destruidas por Aduanas. En junio de 2021, el Servicio Canario de Salud recuper¨® el contrato, que ya hab¨ªa sido resuelto en febrero por incumplimiento, y le dio una segunda oportunidad de cambiar el suministro del mill¨®n de mascarillas comprometidas por 1,2 millones de unidades de FFP3 de otra marca y modelo. Este segundo env¨ªo tampoco lleg¨®.

El propietario de la empresa, Rayco Rub¨¦n Gonz¨¢lez, se vali¨®, seg¨²n el fiscal, ¡°de un entramado societario radicado en Las Palmas de Gran Canaria, constituido con las empresas de sus familiares directos, para canalizar los il¨ªcitos flujos de dinero obtenido del Servicio Canario de Salud por la previa comisi¨®n de una actividad delictiva (estafa)¡±. Parte del dinero, supuestamente, ha acabado invertido en tres coches Lamborghini, un Bentley Bentayga y un Mercedes Benz.