El Supremo avala la retirada a Franco de la medalla al trabajo al ser ¡°evidente¡± su papel en la represi¨®n

El Tribunal Supremo ha avalado la retirada de las medallas al M¨¦rito en el Trabajo al dictador Francisco Franco, de la que fue despojado en julio del a?o pasado en aplicaci¨®n del art¨ªculo 42 de la Ley de Memoria Democr¨¢tica, que permite revisar los premios y condecoraciones a quienes hubiesen formado parte del aparato represivo del viejo r¨¦gimen. El tribunal, en una sentencia conocida ahora, considera evidente que ¡°el ciudadano distinguido¡±, que se autoconcedi¨® en 1953 la Medalla de Oro Laureada al M¨¦rito y al Sacrificio en el Trabajo, ¡°particip¨® en la insurrecci¨®n militar de 1936, en la Guerra Civil y en el r¨¦gimen dictatorial posteriormente instaurado: lo evidente no necesita de demostraci¨®n alguna¡±. Pese a ratificar la decisi¨®n del Gobierno de quitarle la distinci¨®n, el Supremo tambi¨¦n rega?a al Ejecutivo por haber aprobado la revocaci¨®n en v¨ªsperas de las ¨²ltimas elecciones generales.

El proceso revocatorio fue iniciado por el Ministerio de Trabajo en octubre, centrado en las preseas que se otorgaron a l¨ªderes de la insurrecci¨®n militar de 1936. La Medalla al M¨¦rito en el Trabajo proviene de la dictadura de Primo de Rivera y en 1942 fue restablecida por el franquismo. El expediente de Franco afectaba tambi¨¦n al general Juan Yag¨¹e, Jos¨¦ Luis Arrese, Jos¨¦ Antonio Gir¨®n de Velasco, Jos¨¦ Solis Ruiz, el cardenal Enrique Pla y Deniel, Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez de Ladreda, Jes¨²s Romero Gorr¨ªa, F¨¦lix Huarte Go?i y Jos¨¦ Le¨®n Carranza y G¨®mez Pablos, destacados cargos, colaboradores e ide¨®logos de la represi¨®n franquista. En el caso del jefe del Estado, adem¨¢s, el galard¨®n fue creado de manera espec¨ªfica y con car¨¢cter extraordinario para Franco: era la Medalla de Oro Laureada al M¨¦rito y al Sacrificio en el Trabajo, otorgada el 18 de julio de 1953.

La retirada, que se concret¨® en el Consejo de Ministros del 11 de julio pasado (el decreto sali¨® en el BOE el 18 de julio, 70 a?os despu¨¦s del de la concesi¨®n), fue recurrida por la Asociaci¨®n Reivindicativa de la Memoria Hist¨®rica Ra¨ªces. El Supremo, en su primer argumento de rechazo, afirma que esta entidad carece de ¡°inter¨¦s leg¨ªtimo¡± para recurrir y agrega que sus alegaciones estaban ¡°condenados al fracaso¡± y ¡°ninguno habr¨ªa podido prosperar¡±.

Pero, adem¨¢s, el alto tribunal afirma que el art¨ªculo 42 de la ley de Memoria Democr¨¢tica era ¡°indudablemente aplicable al presente caso¡±, y, a?aden los magistrados, ¡°desde luego, no habr¨ªa sido necesario acreditar en el expediente administrativo que el ciudadano distinguido [como all¨ª se le llama] tuvo participaci¨®n en la insurrecci¨®n militar de 1936, en la Guerra Civil y en el r¨¦gimen dictatorial posteriormente instaurado: lo evidente no necesita de demostraci¨®n alguna¡±.

El tribunal aprovecha para darle un repaso al actual Gobierno, ya que, aunque rechaza el argumento de Ra¨ªces de que la revocaci¨®n fue aprobada por ¡°un gobierno en funciones¡±, afirma que quiz¨¢s la fecha elegida por Yolanda D¨ªaz para aprobar la medida no era la mejor. ¡°Y en el momento en que se aprob¨® el acto administrativo impugnado, las C¨¢maras estaban disueltas y las elecciones generales convocadas para pocos d¨ªas m¨¢s tarde [23 de julio]; pero ello no comporta, como es obvio, que se tratara de un Gobierno en funciones. Cuesti¨®n diferente, sobre la que esta Sala nada tiene que decir, es la oportunidad de adoptar una medida de esta naturaleza cinco d¨ªas antes de una jornada electoral¡±, indica la sentencia.