Al Gobierno se le pasa el a?o para crear la oficina estatal anticorrupci¨®n que quiere llevar fuera de Madrid

La corrupci¨®n ha retornado a la agenda y la disputa pol¨ªtica estos d¨ªas con el caso Koldo y uno de los instrumentos previstos para su combate, la ley aprobada hace justo un a?o para regular la protecci¨®n de las personas que informen sobre ese tipo de infracciones y la creaci¨®n de una oficina estatal con una autoridad independiente para investigar esa denuncias, sigue sin aplicarse. El plazo para nombrar al presidente de esa entidad, de reconocido prestigio y con mandato improrrogable de cinco a?os, se cumple este mi¨¦rcoles y ser¨¢ superado, seg¨²n fuentes gubernamentales implicadas en el proceso. El Gobierno a¨²n busca en este ambiente de confrontaci¨®n pol¨ªtica permanente a la personalidad que supere el examen parlamentario que se requiere con mayor¨ªa absoluta y persigue, adem¨¢s, que la oficina estatal anticorrupci¨®n se instale fuera de Madrid en su pol¨ªtica de descentralizar este tipo de instituciones.

La primera propuesta para impulsar una Ley Integral de Lucha contra la Corrupci¨®n y Protecci¨®n de los Denunciantes parti¨®, en 2016, de Ciudadanos, cuando a¨²n ten¨ªa representaci¨®n en el Parlamento. Entonces el grupo parlamentario socialista la fren¨® en 2017 con m¨¢s de 30 enmiendas porque quer¨ªa extender la protecci¨®n de los denunciantes de corrupci¨®n m¨¢s all¨¢ de los altos cargos, funcionarios y personal al servicio del sector p¨²blico. Hace un a?o, el 20 de febrero de 2023, se aprob¨® finalmente la Ley reguladora de la protecci¨®n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci¨®n, unos d¨ªas despu¨¦s se public¨® en el BOE y entr¨® en vigor oficialmente el 13 de marzo de ese a?o, pero una de sus medidas fundamentales permanece parada a la b¨²squeda de soluciones.

En su exposici¨®n de motivos, la norma destacaba la importancia de la colaboraci¨®n ciudadana como algo indispensable para la eficacia del Derecho, pero ya advert¨ªa: ¡°Esos loables comportamientos c¨ªvicos han generado consecuencias penosas para quienes han comunicado tales pr¨¢cticas corruptas y otras infracciones, como son las presiones por parte de los denunciados¡±. Y conclu¨ªa: ¡°Resulta indispensable que el ordenamiento jur¨ªdico proteja a la ciudadan¨ªa cuando muestra una conducta valiente de clara utilidad p¨²blica¡±. Y abogaba por ¡°asentar en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la ley y que no deben consentirse ni silenciarse los incumplimientos¡±. La finalidad de la ley era y es ¡°proteger a los ciudadanos que informan sobre vulneraciones del ordenamiento jur¨ªdico en el marco de una relaci¨®n profesional¡±. En el mundo anglosaj¨®n, donde est¨¢ muy implantado ese concepto, se les conoce como ¡°whistleblowers¡± (quien usa el silbato para dar alerta), por lo que la ley, que es la transposici¨®n obligatoria de una directiva europea, tambi¨¦n se conoce como la ley Whistleblowers.

En Espa?a se empez¨® a implantar parcialmente en algunas autonom¨ªas (Catalu?a, Comunidad valenciana, Baleares, Navarra, Asturias o Andaluc¨ªa) y desde 2018 funciona tambi¨¦n en el Ayuntamiento de Madrid, que nomin¨® para ese cargo independiente al exFiscal General del Estado, Carlos Granados, jubilado, que sigue en ejercicio en ese puesto. Los gobiernos auton¨®micos de la Comunidad valenciana y Baleares, surgidos de acuerdos entre el PP y Vox tras las ¨²ltimas elecciones locales de mayo pasado, le han puesto la proa a esas oficinas con recortes pese a ser territorios en los que durante muchos a?os camp¨® a sus anchas la corrupci¨®n. La Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC), que preside Miguel ?ngel Gimeno, sigue en funcionamiento y ha realizado varias denuncias de calado.

La ley estatal ya en vigor para la protecci¨®n de los llamados ¡°alertadores¡± o ¡°informantes¡± y establecer las normas m¨ªnimas de los canales de informaci¨®n en todo el Estado y que podr¨ªa afectar a cualquier administraci¨®n se estructura en 68 art¨ªculos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y doce disposiciones finales. Uno de sus art¨ªculos fundamentales es el que establece la creaci¨®n de la Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante, ¡°con personalidad jur¨ªdica propia y plena capacidad p¨²blica y privada, que actuar¨¢ con plena autonom¨ªa e independencia org¨¢nica y funcional respecto del Gobierno, de las entidades integrantes del sector p¨²blico y de los poderes p¨²blicos en el ejercicio de sus funciones¡±.

En el art¨ªculo 53 se fija que esa persona titular de la Presidencia de esa autoridad tendr¨¢ rango de subsecretario, ser¨¢ nombrada por real decreto en el Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Justicia, por un per¨ªodo de cinco a?os no renovable, ¡°entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ¨¢mbito de las materias competencia de la Autoridad, previa comparecencia ante la Comisi¨®n correspondiente del Congreso¡±, donde deber¨¢ ser acordada por mayor¨ªa absoluta.

La norma preve¨ªa en una de sus disposiciones (la und¨¦cima) que en el plazo de un a?o desde su entrada en vigor, es decir este 13 de marzo de 2024, el Consejo de Ministros deb¨ªa aprobar mediante real decreto, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Funci¨®n P¨²blica, el Estatuto de esa Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante con su organizaci¨®n, estructura y todos los aspectos para su buen funcionamiento. Ese l¨ªmite no se ha cumplido.

El Gobierno a¨²n est¨¢ en la b¨²squeda del perfil de la personalidad que pueda ostentar esa representaci¨®n y ese trabajo y concite el consenso de la mayor¨ªa absoluta de la C¨¢mara, pero fuentes implicadas en esa selecci¨®n adelantan que no solo no renuncian a aplicar la ley sino que est¨¢n en las ¨²ltimas semanas para culminar ese proceso. En el Ejecutivo, seg¨²n las mismas fuentes, quieren tambi¨¦n que esa autoridad no est¨¦ radicada en Madrid, como la mayor¨ªa de las instituciones, y se asiente fuera de la capital, en l¨ªnea con la pol¨ªtica de descentralizaci¨®n de otros organismos que se quiere llevar a cabo en este mandato.