El PSOE propone que la ley anticorrupci¨®n proteja a los denunciantes del sector privado
Los socialistas quieren elevar "elevar el list¨®n de exigencia" del proyecto presentado por Ciudadanos
El Grupo Parlamentario Socialista quiere extender la consideraci¨®n de denunciante, y por tanto de la protecci¨®n que comportar¨¢ en Ley Integral de Lucha contra la Corrupci¨®n y Protecci¨®n de los Denunciantes, m¨¢s all¨¢ de los altos cargos, funcionarios y personal al servicio del sector p¨²blico, como solo contempla la proposici¨®n impulsada por Ciudadanos. Los socialistas han registrado unas 30 enmiendas con el prop¨®sito de fortalecer las medidas del proyecto que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados.
El PSOE comparte en buena medida la proposici¨®n de ley que impuls¨® en 2016 Ciudadanos, pero mantiene conversaciones con esta formaci¨®n para "elevar el list¨®n de exigencia" de este instrumento legislativo que puede ser clave para combatir la corrupci¨®n, que constituye la segunda preocupaci¨®n de los espa?oles.
Para ello, ha registrado una bater¨ªa de enmiendas, algunas de la cuales tendr¨ªan efectos sobre el C¨®digo Penal y varias leyes como la de protecci¨®n de testigos y peritos en causas criminales o la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General (LOREG). Para esta, reclama que los condenados en firme sean inelegibles.
El objetivo, explica el ponente socialista, Artemi Rallo, es "lograr objetivos m¨¢s ambiciosos de la lucha contra la corrupci¨®n y establecer instrumentos efectivos" para que sean tambi¨¦n protegidos los denunciantes de corrupci¨®n, como personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas, que tengan o no relaci¨®n con la Administraci¨®n.
Esta enmienda, que amparar¨ªa a los denunciantes del sector privado que pudieran revelar informaci¨®n relevante, podr¨ªa incentivar denuncias entre los empleados en los casos constitutivos de delito o infracci¨®n administrativa contra la Administraci¨®n o Hacienda.
Rajoy no quiere un organismo independiente
El Partido Popular tambi¨¦n ha presentado sus enmiendas a la ley anticorrupci¨®n, pero con una clara intenci¨®n de rebajar la propuesta de Ciudadanos. Para empezar, no quiere que el ¨®rgano de nueva creaci¨®n encargado de tramitar las denuncias sobre posibles casos de corrupci¨®n en la Administraci¨®n sea independiente, como prev¨¦ la proposici¨®n de ley que tramita el Congreso.
En vez de una Autoridad Independiente de Integridad P¨²blica con personalidad jur¨ªdica propia y plena independencia org¨¢nica y funcional respecto de las Administraciones P¨²blicas, quiere un organismo con rango de direcci¨®n general adscrito al Ministerio de Hacienda. Tampoco le gusta que su responsable sea elegido por el pleno del Congreso, donde no tiene la mayor¨ªa, sino por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda.
El PSOE tambi¨¦n trata de extender la definici¨®n de lobby a cualquier actividad profesional o no (por tanto, tambi¨¦n a los grupos de presi¨®n pol¨ªticos) que busque influir sobre cargos o personal de la Administraci¨®n. Quedar¨ªan fuera las entidades que tienen reconocida de forma constitucional o legal su participaci¨®n en las instituciones para defender intereses de car¨¢cter general.
En ese sentido, propone otras enmiendas para habilitar canales internos de denuncia en el sector privado, as¨ª como la admisi¨®n de denuncias an¨®nimas y un reforzamiento de la confidencialidad de la identidad en la tramitaci¨®n de las denuncias. Con ese fin, plantea que el denunciante privado o p¨²blico disponga de asesoramiento legal, "y, en su caso, gratuito", en los procedimientos judiciales derivados o los que pudieran entablarse en contra.
Tambi¨¦n reclama para el denunciante, sea o no del sector p¨²blico, "indemnidad laboral" para garantizar su estatuto personal y carrera profesional, contemplando que pueda ser indemnizado por da?os y perjuicios cuando se produzcan como consecuencia de una denuncia. Incluso que disponga de asistencia psicol¨®gica o psiqui¨¢trica en caso de precisarla.
El paquete de enmiendas registradas tambi¨¦n incide en las atribuciones de la Autoridad Independiente de la Integridad P¨²blica (AIIP), el organismo que en la proposici¨®n tiene que controlar, y en su caso sancionar, el cumplimiento de las autoridades y personal de la Administraci¨®n central en los conflictos de intereses, incompatibilidades y buen gobierno. El Grupo Socialista formula que, adem¨¢s, tenga la facultad de perseguir, prevenir y erradicar el fraude de las instituciones p¨²blicas, as¨ª como impulsar la integridad y la ¨¦tica y fomentar una cultura de buenas pr¨¢cticas en la gesti¨®n de los recursos p¨²blicos. Tambi¨¦n proyecta extender la competencia de la AIIP al ¨¢mbito local y auton¨®mico (en comunidades sin organismos similares) y que asuma todas las competencias de buen gobierno que ahora tiene el Consejo de Transparencia.
Respecto a la designaci¨®n de la presidencia del organismo, que la proposici¨®n de Ciudadanos establece que sea "un candidato de reconocido prestigio" elegido por mayor¨ªa de dos tercios en el pleno, el PSOE a?ade un filtro previo mediante convocatoria p¨²blica y evaluaci¨®n de idoneidad.
Id¨¦ntico requisito demanda para presidir el Consejo de Transparencia en la adaptaci¨®n a la nueva ley de las normas de este organismo creado en 2014. En cuanto a su cometido, quiere fortalecer el sistema de infracciones y sanciones y dotarlo de las facultades de inspecci¨®n, evaluaci¨®n y control.
Los socialistas conf¨ªan en que sus enmiendas puedan concitar un amplio consenso para que la ley, incluso con la oposici¨®n del PP (al que un organismo como la AIIP genera escasas simpat¨ªas), pueda ser discutida y aprobada en un pleno en mayo o junio.
Denuncias an¨®nimas con garant¨ªas
El procedimiento de denuncia que recoge la proposici¨®n de ley presentada por Ciudadanos excluye la posibilidad de hacerlo de forma an¨®nima. Adem¨¢s, rescinde la capacidad de denunciar a los altos cargos, funcionarios y resto del personal de la Administraci¨®n central, a los que exige la identificaci¨®n personal para que la Autoridad Independiente de Integridad P¨²blica admita a tr¨¢mite la denuncia.
La enmienda del PSOE ampl¨ªa la medida al sector privado y, adem¨¢s, abre la puerta a denunciar tambi¨¦n desde el anonimato a trav¨¦s del mismo canal confidencial previsto en el texto original. La proposici¨®n de ley de Ciudadanos tampoco acepta denuncias que no puedan sostenerse en documentos o informaciones contrastadas. La enmienda solo exige al denunciante identificar los hechos, los presuntos responsables y los detalles que faciliten la investigaci¨®n. En un plazo de 30 d¨ªas, el organismo decidir¨¢ si inicia un procedimiento o no admite a tr¨¢mite la denuncia.
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