El Gobierno advierte a ERC y Junts de que actuar¨¢ contra iniciativas ¡°divisivas¡± sobre la independencia o el refer¨¦ndum

El futuro de Catalu?a no pasa ni por la independencia ni por acciones unilaterales como un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. La ley de amnist¨ªa, a la que todav¨ªa le quedan dos meses de tramitaci¨®n y le ha ocasionado un severo desgaste al Gobierno, es el punto y final del proc¨¦s y no la antesala de la reedici¨®n del desaf¨ªo secesionista al Estado. El Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez part¨ªa de esta premisa para resolver la crisis territorial en Catalu?a junto con una apuesta decidida por el autogobierno y la mejora de los servicios p¨²blicos, a los que la Generalitat no prest¨® la atenci¨®n debida al priorizar por encima de todo la independencia en los a?os ¨¢lgidos del desaf¨ªo soberanista. Las llamadas a la convivencia y el di¨¢logo han sido constantes por parte del Gobierno desde antes de que aprobase los indultos a los dirigentes del proc¨¦s encarcelados y las modificaciones del C¨®digo Penal de los delitos de sedici¨®n y malversaci¨®n. La ¨²ltima parada de esa estrategia es la medida de gracia, pero la convocatoria de elecciones el 12 de mayo ha abierto un escenario nuevo en el que ERC y Junts se han desatado en su pugna por la hegemon¨ªa en el independentismo.

En este contexto, en el que ambas formaciones han desempolvado discursos de anta?o, se entiende el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional, aprobado este martes en el Consejo de Ministros con el dictamen favorable del Consejo de Estado, de la admisi¨®n de una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia, que la mesa del Parlament tramit¨® el pasado 20 de febrero. La Moncloa manda de esta forma un mensaje n¨ªtido a seis semanas de unos comicios clave para la estabilidad del pa¨ªs: el Gobierno atajar¨¢ las iniciativas que vulneren la Constituci¨®n. Y en este apartado tambi¨¦n entra el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n.

¡°Hemos aprobado en el Consejo de Ministros la impugnaci¨®n del acuerdo de la Mesa del Parlament de Catalu?a para tramitar una proposici¨®n de ley que era una iniciativa legislativa popular para la declaraci¨®n de la independencia de Catalu?a (...) Es absolutamente coherente con la pol¨ªtica que llevamos a cabo; este recurso lo que protege precisamente es la Constituci¨®n, que es nuestro marco de di¨¢logo y de convivencia. Protege las instituciones de Catalu?a, el propio Estatut de Catalu?a y su autogobierno, que est¨¢n regulados en normas que esta proposici¨®n de ley tambi¨¦n tirar¨ªa abajo. Y protege el di¨¢logo, los acuerdos, que seamos capaces de entendernos¡±, ha esgrimido el ministro de Presidencia, F¨¦lix Bola?os.

El Gobierno basa los motivos de inconstitucionalidad en dos principios: el incumplimiento de la jurisprudencia del Constitucional en relaci¨®n con el acuerdo objeto de impugnaci¨®n; y la inconstitucionalidad del acuerdo adoptado por la Mesa del Parlament de Catalu?a. Sobre la primera cuesti¨®n, la iniciativa legislativa popular contiene una proposici¨®n de ley de declaraci¨®n de la independencia de Catalu?a ¡°que, en su conjunto, se caracteriza por una clara inconstitucionalidad, reproduciendo sustancialmente cuestiones ya resueltas por el Constitucional en distintas sentencias que se?alan la ruptura del orden constitucional, vulner¨¢ndose la Constituci¨®n y el propio Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a¡±, razona el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros. En cuanto a la segunda cuesti¨®n, ¡°es doctrina consolidada¡± del Constitucional que la admisi¨®n a tr¨¢mite de iniciativas parlamentarias que incumplen el deber de acatar cuestiones ya resueltas por el propio Tribunal de Garant¨ªas ¡°resulta claramente inconstitucional¡±.

La impugnaci¨®n se lleva a cabo, prosigue el Gobierno, ¡°para proteger tres bienes jur¨ªdicos esenciales¡±: la Constituci¨®n, doctrina del Constitucional y el Estatut de Autonom¨ªa y leyes propias de Catalu?a. En cuanto a la Ley Fundamental, ¡°se vulneran preceptos esenciales constitucionales¡±, como la soberan¨ªa del pueblo espa?ol, la unidad de Espa?a, y los principios de legalidad, seguridad jur¨ªdica o modelo territorial. Respecto a la doctrina del Constitucional, se act¨²a por que ¡°en reiteradas ocasiones ha anulado iniciativas similares¡±. Otro motivo para presentar el recurso es que no se habr¨ªan respetado las competencias del Parlament, como advirtieron sus propios letrados.

Bola?os ha incidido, adem¨¢s, en el rechazo del Gobierno a la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum. La semana pasada Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, afirm¨® que estaban negociando la consulta con el PSOE, un extremo negado por los socialistas. ¡°Estamos en campa?a electoral en Catalu?a y vamos a escuchar muchas cosas, algunas que no son ciertas, como esta¡±, ha remarcado Bola?os, frente a las ¡°f¨®rmulas antiguas, que llevaron a fracasos colectivos y generaron conflicto y enfrentamiento, que no conducen a ninguna parte¡±. ¡°A m¨ª lo que me extra?a es que haya todav¨ªa quien apueste por esas f¨®rmulas. Nosotros apostamos por grandes mayor¨ªas transversales¡±, ha apostillado uno de los pesos pesados del Gobierno, que discrepa de la lectura de que, con su recurso, el Ejecutivo contribuya a la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica. Las iniciativas legislativas populares no decaen cuando se convocan elecciones. En este caso, tras la aceptaci¨®n a tr¨¢mite por la Mesa, estaba a la espera a que se agendara el debate a la totalidad, que se producir¨ªa en los dos primeros meses de la pr¨®xima legislatura.

La decisi¨®n del Gobierno tiene un marcado simbolismo. El PSC interpuso un recurso contra la iniciativa legislativa, que sali¨® adelante en la Mesa del Parlamento con el voto favorable de Junts y la CUP y la abstenci¨®n de ERC. El recurso del Gobierno al tribunal de garant¨ªas tiene un efecto autom¨¢tico, ya que ¡°se paraliza de manera inmediata¡± la ¨²ltima propuesta en las instituciones del sector independentista que se mantiene en las posiciones del unilateralismo. ¡°No queremos ninguna pol¨ªtica aislacionista de Catalu?a, lo que queremos es que Catalu?a forme parte y sea el motor tanto de Espa?a como de la Uni¨®n Europea. Este recurso va en esa l¨ªnea, contra cualquier tramitaci¨®n de ley que sea divisiva, que fracture la sociedad, que genere tensi¨®n que genere una fractura social y pol¨ªtica como generar¨ªa la tramitaci¨®n de esta norma¡±, ha advertido Bola?os, que ha explicado que el Plan Anual Normativo contempla 198 normas, de las que 149 son reales decretos, 43 leyes ordinarias y 6 leyes org¨¢nicas.

La reacci¨®n del Govern catal¨¢n no se ha hecho esperar. Y lo que es m¨¢s inquietante para el Gobierno, evidencia las posturas maximalistas de ERC y Junts y c¨®mo se retroalimentan en plena precampa?a electoral. La reacci¨®n de la Generalitat ha sido furibunda. Su portavoz, Patr¨ªcia Plaja, ha afirmado que el Gobierno central ¡°ha aprendido poco o nada de estos ¨²ltimos a?os¡± tras confirmarse el recurso al Constitucional. ¡°Buscar coartar y limitar el debate parlamentario nunca ha sido una buena opci¨®n para nada¡±, ha sentenciado tras achacar a ¡°intereses electorales¡± el paso emprendido por La Moncloa. Todas las encuestas dan por segura la victoria del PSC de Salvador Illa el 12-M, por lo que una de las claves para la gobernabilidad de Catalu?a (y, por extensi¨®n, de Espa?a), es cu¨¢l de los dos partidos independentistas quedar¨¢ segundo. Es decir, cu¨¢l se impondr¨¢ entre los votantes independentistas. Otra inc¨®gnita fundamental ser¨¢ si ERC, Junts y la CUP suman los 68 diputados que otorgan la mayor¨ªa absoluta en el Parlament.

El PP tambi¨¦n ha criticado la presentaci¨®n del recurso, aunque por diferentes motivos. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, lo ha tildado de ¡°coartada¡± y de ¡°una cortina de humo¡±. ¡°Si ERC pide refer¨¦ndum, S¨¢nchez se lo dar¨¢. El independentismo exige y S¨¢nchez claudica. As¨ª ha pasado siempre¡±, ha zanjado, informa Virginia Mart¨ªnez.

La justicia espa?ola, ¡°al l¨ªmite¡± por el bloqueo del CGPJ

La renovaci¨®n pendiente del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace m¨¢s de cinco a?os, sigue siendo otro de los grandes puntos de fricci¨®n entre los dos grandes partidos. Bola?os ha responsabilizado impl¨ªcitamente al PP de la cancelaci¨®n de la reuni¨®n prevista este mi¨¦rcoles en Madrid con el comisario de Justicia, Didier Reynders, de ¨¢rbitro entre socialistas y populares. El PP defiende que los jueces elijan directamente, sin intervenci¨®n de las Cortes, a los 12 vocales jueces del consejo, formado por 20 componentes. Y exige al PSOE modificar la norma de manera ¡°simult¨¢nea¡± a la renovaci¨®n del ¨®rgano, mientras los socialistas insisten en que hay que renovar con car¨¢cter urgente el CGPJ y acto seguido iniciar un proceso de di¨¢logo sobre la elecci¨®n de sus miembros.

¡°La Comisi¨®n Europea inform¨® de que ni la Comisi¨®n Europea ni el Gobierno del PSOE ten¨ªan ning¨²n inconveniente en celebrar esa reuni¨®n. Lo ¨²nico que hago es reiterar lo que fuentes oficiales de la Comisi¨®n Europea informaron ayer sobre esa reuni¨®n¡±, ha se?alado el ministro de Presidencia, que representa al Gobierno en las negociaciones, en las que Esteban Gonz¨¢lez Pons participa por el PP. ¡°La situaci¨®n de la justicia es l¨ªmite, est¨¢ perjudicando al funcionamiento normal del servicio p¨²blico, pero desde aqu¨ª muestro una vez m¨¢s nuestra disposici¨®n para trabajar de la mano de la Comisi¨®n Europea para renovar el Consejo General de Poder Judicial cuando lo desee¡±, ha subrayado.

¡°Nuestra postura es la misma que manten¨ªamos con anterioridad sobre este asunto. Hemos sido totalmente claros. Nuestra voluntad de acuerdo es total, pero es evidente que hay dificultades porque es muy dif¨ªcil fiarse. Para tratar de tener un acuerdo, es algo capital [la reforma de la ley] y vamos a insistir en ello¡±, ha observado Tellado en una comparecencia en el Congreso.