El Gobierno recurre la ley del Parlament que replantea la independencia por estimar que incurre en una ¡°clara inconstitucionalidad¡±

El Gobierno va a recurrir este martes ante el Tribunal Constitucional la tramitaci¨®n de la iniciativa legislativa popular para reactivar el camino hacia la independencia de Catalu?a que la Mesa del Parlament admiti¨® a tr¨¢mite en febrero pasado porque la considera de una ¡°clara inconstitucionalidad¡±. El Ejecutivo estima que la citada iniciativa desborda las competencias de la c¨¢mara catalana, como ha resuelto reiteradamente el tribunal de garant¨ªas, porque con ello se pretende alterar el orden constitucional, en lugar de seguir las pautas legales obligadas para promover una reforma de la Constituci¨®n. El recurso se apoya en la abundante doctrina del Constitucional en este sentido, en sentencias que el Parlament conoce perfectamente, como demuestra el informe de sus servicios jur¨ªdicos sobre la tramitaci¨®n de la propuesta. La tesis central de la impugnaci¨®n es que la c¨¢mara catalana no puede contravenir nuevamente un mandato expl¨ªcito del Constitucional, y, por tanto, pide la nulidad ¨ªntegra de la iniciativa, es decir, de sus diez art¨ªculos y su disposici¨®n transitoria, as¨ª como su suspensi¨®n inmediata mientras el tribunal estudia su resoluci¨®n sobre el fondo del asunto.

Previamente, el Ejecutivo pidi¨® un dictamen muy urgente al Consejo de Estado sobre la procedencia del recurso. La comisi¨®n permanente del Consejo se reuni¨® este lunes por la ma?ana y aprob¨® por unanimidad un informe en el sentido de que existen diversos motivos ¡ªlos efectivamente expuestos en el recurso del Gobierno¡ª para impugnar ante el Constitucional la citada iniciativa legislativa.

En paralelo, ya ha sido registrado en el Constitucional otro recurso, en este caso de amparo, presentado por los diputados del PSC en la c¨¢mara catalana. Esta impugnaci¨®n plantea que la tramitaci¨®n de la citada iniciativa legislativa popular vulnera los derechos de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, establecido en el art¨ªculo 23 de la Constituci¨®n. El Gobierno, en cambio, va a cuestionar la constitucionalidad de la actuaci¨®n de la Mesa del Parlament por la v¨ªa establecida en el art¨ªculo 161 de la Constituci¨®n, que prev¨¦ la suspensi¨®n del acto recurrido por un plazo inicial de cinco meses, susceptible de prolongaci¨®n si en ese per¨ªodo no se hubiera dictado sentencia sobre el fondo del asunto.

Las iniciativas del Gobierno y del PSC est¨¢n coordinadas, por la obvia raz¨®n de que cada una de ellas responde a marcos normativos distintos, pero susceptibles de complementarse. Las noticias sobre la inquietud que el acuerdo de la Mesa del Parlament sobre la citada iniciativa legislativa popular hab¨ªa generado en el propio Constitucional llegaron al Gobierno en cuanto se aprob¨® su tramitaci¨®n. Esa preocupaci¨®n ha ido en aumento en el Ejecutivo y en el PSC tras la convocatoria de elecciones auton¨®micas anticipadas en Catalu?a y a la vista de las declaraciones de diversos l¨ªderes independentistas sobre el siguiente paso para enlazar con las reivindicaciones del proc¨¦s y del refer¨¦ndum ilegal del 1-O a favor de la independencia de Catalu?a. Los recursos presentados o de inminente formalizaci¨®n reflejan la voluntad de cortar las especulaciones sobre un posible refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n, seg¨²n fuentes de la instituci¨®n y la organizaci¨®n pol¨ªtica que los impulsan.

El Constitucional deber¨¢ examinar asimismo otro recurso de amparo ya formalizado, el presentado por los diputados de Ciudadanos en el Parlament de Catalu?a. Su portavoz, Carlos Carrizosa, anunci¨® la impugnaci¨®n de la admisi¨®n a tr¨¢mite de la iniciativa legislativa popular a favor de la independencia de Catalu?a en cuanto fue admitida a tr¨¢mite por la Mesa de la c¨¢mara. La solicitud de amparo de Ciudadanos persigue la nulidad del acuerdo de la Mesa, por afectar a los derechos de participaci¨®n pol¨ªtica de sus parlamentarios, en la medida en que quedaran afectados por la tramitaci¨®n de una iniciativa inconstitucional. El recurso presentado pide, por otro lado, que el Constitucional tome una medida cautelar consistente en la inmediata suspensi¨®n de la tramitaci¨®n de dicha propuesta. En las peticiones de amparo no suele acordarse, salvo que su no adopci¨®n pueda causar graves da?os irreparables, pero nada impide solicitarlo.