PP y Vox entierran la oficina anticorrupci¨®n de Baleares: ¡°Es un invento¡±

Los grupos del PP y Vox en el Parlamento de Baleares han aprobado este martes ¡ªcon los votos en contra de los grupos de la izquierda del PSOE, M¨¦s per Mallorca, M¨¦s per Menorca y Podemos¡ª la Ley de Transparencia y Control de los Cargos P¨²blicos de Baleares, que contempla, en su disposici¨®n adicional primera, la liquidaci¨®n de la Oficina de Prevenci¨®n y Lucha contra la Corrupci¨®n, que se puso en marcha en 2016. Se trata de la primera comunidad aut¨®noma que elimina este ¨®rgano de control, extendido en otras regiones de Espa?a, que hasta ahora permit¨ªa formular denuncias an¨®nimas para investigar tanto presuntos delitos como posibles irregularidades administrativas en las instituciones. El Gobierno auton¨®mico del PP que preside Marga Prohens ha rechazado las peticiones de organizaciones como Transparencia Internacional Espa?a que, junto a una veintena de entidades, reclam¨® el mantenimiento de la oficina para favorecer el control de los cargos p¨²blicos. El PP ha argumentado que la oficina es ¡°un invento¡± del PSOE que ¡°nunca ha funcionado¡±. Los socialistas han acusado a Prohens de fomentar ¡°la opacidad¡± y han avanzado que se plantean recurrir el cierre ante el Tribunal Constitucional.

La nueva ley aprobada por el PP y Vox avanza en la ocultaci¨®n p¨²blica de las declaraciones de bienes y de patrimonio de sus altos cargos y en una rebaja de la transparencia. A pesar de contemplar la obligaci¨®n de que los cargos p¨²blicos presenten declaraciones patrimoniales y de bienes, el registro que se crear¨¢ a tal efecto tendr¨¢ car¨¢cter reservado y s¨®lo podr¨¢n tener acceso al mismo el Parlamento, los ¨®rganos judiciales, la Sindicatura de Cuentas o determinados ¨®rganos administrativos. De hecho, la ley no contempla ning¨²n tipo de r¨¦gimen sancionador que castigue el incumplimiento a la hora de publicar estas declaraciones. La norma tambi¨¦n cercena la opci¨®n de presentar denuncias an¨®nimas por parte de funcionarios o ciudadanos como amparaba hasta ahora la oficina.

Los 207 expedientes que actualmente est¨¢n en tramitaci¨®n ¡ª14 de ellos a lo largo de este a?o¡ª por parte de los funcionarios de la oficina pasar¨¢n, a trav¨¦s de la Inspecci¨®n General de Calidad, Organizaci¨®n y Servicios de la comunidad aut¨®noma, a las administraciones que sean competentes por raz¨®n del objeto de la denuncia. En la pr¨¢ctica, eso significa que ser¨¢ el Gobierno balear el que decidir¨¢ si sigue o no adelante con los expedientes y cu¨¢les se llevan a t¨¦rmino. Adem¨¢s, la ley declara la caducidad de los casos que lleven m¨¢s de nueve meses abiertos desde que se iniciaron las actuaciones. La nueva normativa contempla un plazo para el cierre de la oficina de seis meses y el cese de su director, Crist¨®bal Mil¨¢n, de forma inmediata a partir de la entrada en vigor de la ley.

¡°Es un desastre de ley, por decirlo finamente, un desastre desde un punto de vista pol¨ªtico, t¨¦cnico y jur¨ªdico¡±, ha dicho durante el pleno del Parlamento regional la diputada del PSIB-PSOE, Pilar Costa, que ha acusado al Gobierno de Prohens de actuar ¡°por venganza¡± para evitar que se investigara una presunta trama urban¨ªstica en el municipio mallorqu¨ªn de Campos que afecta a un socio de su padre. Para la portavoz de M¨¦s per Mallorca, Mar¨ªa Ram¨®n, el ¨®rgano que asumir¨¢ parte de las funciones que realizaba la oficina ¡ªla Inspecci¨®n General de Calidad¡ª ¡°no es independiente¡±. ¡°?C¨®mo investigar¨¢ un posible caso que afecte a la misma comunidad de Baleares, se investigar¨¢n entre compa?eros de trabajo o entre superiores jer¨¢rquicos?¡±, ha se?alado. El diputado Josep Castells, de M¨¦s per Menorca, ha criticado que la Inspecci¨®n General de Calidad, Organizaci¨®n y Servicios de la comunidad aut¨®noma tenga encomendada la gesti¨®n ¡°de esta documentaci¨®n altamente sensible¡± cuando considera que no es un organismo que pueda ¡°instruir un expediente por un problema de corrupci¨®n¡±.

Tanto el PP como Vox han hecho una defensa f¨¦rrea de su nueva ley. El diputado popular Mauricio Rovira ha defendido que sea la Inspecci¨®n General de Calidad la encargada de asumir los expedientes pendientes: ¡°La remisi¨®n a este ¨®rgano es la mejor y la m¨¢s independiente, desde luego mucho m¨¢s independiente que la actual oficina de lucha y persecuci¨®n de los contrarios pol¨ªticos del PSIB¡±. En la misma l¨ªnea se ha manifestado la diputada de Vox Patricia de las Heras, que ha celebrado el cierre ¡°de un chiringuito¡± que a su juicio pretend¨ªa dar ¡°apariencia de buen gobierno al gobierno m¨¢s corrupto¡±. El cierre de la oficina no estaba incluido en el programa electoral del PP, aunque el acuerdo que el PP suscribi¨® con Vox para garantizarse la investidura de Marga Prohens s¨ª contemplaba la eliminaci¨®n de los organismos p¨²blicos ¡°que no reporten beneficios claros para la ciudadan¨ªa y supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideol¨®gicos y garantizaremos la m¨¢xima eficiencia del gasto en aquellos que contin¨²en¡±. En los ocho a?os de funcionamiento, la oficina ha tramitado 522 denuncias.

La supresi¨®n llega cuando el Gobierno de Prohens se encuentra inmerso en un expediente para reclamar el dinero pagado por unas mascarillas a una empresa investigada por la Audiencia Nacional en el llamado caso Koldo. La presidenta del Govern, interrogada esta ma?ana en el Parlamento por el PSIB, ha insistido en que el expediente de reclamaci¨®n no ha caducado y ha argumentado que desistir no tiene que ver con los plazos sino con las dificultades de que prospere, precisamente por el certificado de conformidad firmado por el anterior Ejecutivo. ¡°Este certificado es la defensa de la empresa de la trama¡±, ha se?alado la presidenta. La l¨ªder del Govern ha reiterado que el Ejecutivo no se conforma con los 2,6 millones de la diferencia inicial, sino que opta por la nulidad del contrato para recuperar la totalidad del montante. ¡°Lo ¨²nico que ha caducado son las mascarillas¡±, ha concluido.