El Constitucional da amparo a un hombre que sufri¨® graves torturas tras ser extraditado por Espa?a a Marruecos
Informes de Naciones Unidas apoyaron las denuncias de Al¨ª Aarr¨¢ss, que ahora podr¨¢ reclamar hasta tres millones de euros de indemnizaci¨®n al Estado espa?ol
El Tribunal Constitucional ha concedido amparo al ciudadano de origen marroqu¨ª y nacionalizado belga en 1989 Ali Aarrass, que fue extraditado por Espa?a a Marruecos en 2008, donde sufri¨® graves torturas, seg¨²n informes de Naciones Unidas. El tribunal ha estimado que a causa del procedimiento de extradici¨®n, tras ser reclamado por Marruecos como presunto yihadista, y a la vista de las consecuencias de su entrega, Aarrass sufri¨® una violaci¨®n de sus derechos fundamentales, en concreto por no haber contado con una tutela judicial efectiva y haber sufrido, en cambio, torturas y tratos inhumanos o degradantes, proscritos por la Constituci¨®n Espa?ola.
La decisi¨®n para la concesi¨®n de este amparo implica la nulidad de varias decisiones de la jurisdicci¨®n ordinaria en Espa?a, lo que permitir¨¢ al demandante solicitar al Estado una indemnizaci¨®n de alrededor de tres millones de euros. El recurso ha prosperado por seis votos a favor y cinco en contra (los magistrados Enrique Arnaldo, Concepci¨®n Espejel, Ricardo Enr¨ªquez y C¨¦sar Tolosa, del sector conservador, y el de la magistrada Laura D¨ªez, del grupo progresista). Estos magistrados expusieron que los informes de Naciones Unidas no eran concluyentes o no se han considerado vinculantes para las autoridades nacionales en ocasiones anteriores.
De hecho, en el tribunal se discutieron dos proyectos de sentencia ¡ªuna estimatoria del recurso y otra no¡ª porque la materia es relativamente novedosa, al referirse a los efectos jur¨ªdicos de las resoluciones de Naciones Unidas sobre casos de torturas y tratos inhumanos o degradantes. En el caso de Al¨ª Aarr¨¢s, el Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU ya advirti¨® del riesgo que corr¨ªa de recibirlos. Su entrega se produjo despu¨¦s de que en Espa?a se lo investigara por su presunta relaci¨®n con los atentados que tuvieron lugar en Casablanca en 2003, una causa que fue archivada.
En 2008 fue nuevamente detenido y extraditado a Marruecos en 2010 a petici¨®n de las autoridades de este pa¨ªs. En diciembre de este segundo a?o denunci¨® haber sido torturado en prisi¨®n mediante descargas, violaci¨®n con objetos y ahogamiento, entre otros procedimientos. El citado Comit¨¦ de Derechos Humanos de Naciones Unidas elabor¨® en 2014 un informe que daba cuenta de la denuncia formulada y de que la Audiencia Nacional no la hab¨ªa tomado en consideraci¨®n. El informe subrayaba la existencia de dichas pr¨¢cticas en diversos casos, considerando que no se trataba de hechos aislados.
En 2011, Ali Aarrass fue condenado en Marruecos a 15 a?os de prisi¨®n por el delito de pertenencia a organizaci¨®n terrorista. La pena fue rebajada dos a?os despu¨¦s a 12 a?os de c¨¢rcel. En 2013 se conoci¨® otro informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenci¨®n Arbitraria en el que se daba cr¨¦dito a las denuncias de Aarrass. El informe incluy¨® la petici¨®n de que el condenado fuera puesto en libertad al estimarse que su condena se hab¨ªa basado en supuestas confesiones conseguidas bajo tortura. Todo ello llev¨® a que el Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU concluyese que Espa?a no hab¨ªa evaluado adecuadamente el riesgo de que Aarrass fuera sometido a torturas cuando se acord¨® su extraidici¨®n. Dicho comit¨¦ estim¨® que la entrega hab¨ªa supuesto, por tanto, una ¡°violaci¨®n¡± del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos.
En vista de todos estos datos, el Constitucional ha acordado la concesi¨®n del amparo, que lleva aparejada la nulidad de diversas decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo por las que se rechazaron las reclamaciones efectuadas por Aarrass a lo largo de los ¨²ltimos a?os. La orden del tribunal de garant¨ªas es que este largo proceso vuelva a sus primeros pasos en la Audiencia Nacional para que dicte una resoluci¨®n ¡°respetuosa con el derecho fundamental¡± vulnerado, es decir, acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva.
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