El presidente de UD Las Palmas, absuelto de fraude a Hacienda por declararse nula la instrucci¨®n del exjuez Alba

El presidente de la Uni¨®n Deportiva Las Palmas, el empresario Miguel ?ngel Ram¨ªrez, ha sido absuelto este lunes del proceso que lo juzgaba por haber supuestamente defraudado 36,66 millones de euros entre 2009 y 2017 a la Seguridad Social y Hacienda con su empresa Seguridad Integral Canarias, tras declararse nula la instrucci¨®n realizada por el exmagistrado Salvador Alba. Este ¨²ltimo se encuentra actualmente en prisi¨®n en la c¨¢rcel de Estremera (Madrid) por haber conspirado contra la juez Victoria Rosell. El fallo se extiende a la persona que le sucedi¨® como administrador de la firma, H¨¦ctor de Armas, y recoge el voto particular de uno de los tres magistrados que lo firman, M¨®nica Herrera.

El exmagistrado fue condenado en 2019 por maniobrar contra la exdiputada de Podemos cuando esta comenzaba su carrera pol¨ªtica. Alba fue quien retom¨® de Rosell la instrucci¨®n de la causa contra Ram¨ªrez que la magistrada hab¨ªa comenzado en 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias primero, y el Tribunal Supremo, despu¨¦s, consideraron probado que Alba actu¨® en 2016 de forma ilegal para favorecer una querella del entonces cabeza de lista del PP, el exministro Jos¨¦ Manuel Soria, contra Victoria Rosell (su rival electoral en aquel entonces). Con ello, el exdirigente popular canario pretend¨ªa apartar de la pol¨ªtica a la diputada de Podemos.

El 16 de marzo de aquel a?o, Ram¨ªrez acudi¨® al despacho del exmagistrado, en la Audiencia de Las Palmas, donde le expuso al empresario que le conven¨ªa ayudarle a demostrar que Rosell no era una juez imparcial. Y que la forma de demostrarlo era declarando que manten¨ªa relaciones comerciales con la pareja de la jueza, el empresario canario de medios de comunicaci¨®n Carlos Sosa, y aportando los documentos que lo demostraran. A cambio, Alba se compromet¨ªa a declarar la nulidad de las actuaciones por la supuesta falta de imparcialidad de Rosell o incluso a fallar sobre el fondo de caso a favor de los intereses de Ram¨ªrez. Este, sin embargo, estaba grabando de manera subrepticia toda la conversaci¨®n, unos audios que precipitaron la ca¨ªda del exjuez.

La Audiencia de Las Palmas considera en su fallo que ese comportamiento ¡°espurio¡± del juez Alba invalida la declaraci¨®n posterior y formal del empresario: si no es v¨¢lida, formalmente no existe y, si no existe, la Justicia no cumpli¨® con su obligaci¨®n de citarlo en los plazos legalmente previstos para darle la oportunidad de exponer su versi¨®n, asistido por su letrado. Y sin tal declaraci¨®n, dice la Sala, no es posible la delimitaci¨®n de la base punible, ni la acusaci¨®n posterior ¡°y, menos a¨²n, su condena, pues se les estar¨ªa exponiendo a una clara y determinante situaci¨®n de indefensi¨®n¡±.

El juicio a Ram¨ªrez es, probablemente, uno de los que m¨¢s atenci¨®n medi¨¢tica acumula en las islas en la historia reciente. Su instrucci¨®n comenz¨® hace diez a?os, se ha paralizado en tres ocasiones y en ella han participado cinco jueces: dos fueron imputados y uno acab¨® condenado. La Fiscal¨ªa, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO sosten¨ªan que entre 2009 a 2013, el empresario ¡°recurri¨® a una ficci¨®n consistente en disfrazar¡± de pago de dietas lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias que realizaban los trabajadores de SIC. El motivo de esta estrategia radica en que las dietas no se incluyen dentro de la obligaci¨®n de retenci¨®n que tiene cualquier empleador respecto al IRPF de sus trabajadores.

El fallo, sin embargo, concluye que no ha podido demostrarse esta pr¨¢ctica il¨ªcita y que ¡°lo ¨²nico que ha podido acreditarse en este caso es que la empresa concluy¨® acuerdos con sus trabajadores perjudiciales para los derechos de estos¡±, pero no que dejara de cotizar por ellos o que las ocultase a la Seguridad Social, ¡°como tampoco se ha podido probar que las mismas fueran una mera pantalla instrumental que enmascaraba otra realidad paralela¡±. El voto particular de M¨®nica Herrera, por el contrario, s¨ª sostiene que hubo cinco delitos contra la Hacienda p¨²blica entre 2009 y 2013 por parte de Miguel ?ngel Ram¨ªrez (adem¨¢s de otros dos de De Armas), lo que la lleva ¡°a la conclusi¨®n de que los acusados debieron ser condenados¡±.

Ram¨ªrez fue condenado en 2011 a tres a?os de c¨¢rcel por un delito urban¨ªstico, por lo que ser¨ªa indultado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy a condici¨®n de que derribase las obras ilegales que hizo en su casa. La inhabilitaci¨®n que llevaba aparejada, no obstante, le oblig¨® a dar un paso atr¨¢s y llevar a cabo, presuntamente, una ¡°simulaci¨®n¡±: colocar a H¨¦ctor de Armas Torrent como administrador ¨²nico, aunque la toma de decisiones segu¨ªa recayendo en Ram¨ªrez.

A finales de febrero, la Fiscal¨ªa Provincial de Las Palmas present¨® otra querella contra un grupo de cuatro personas, entre ellas el propio Ram¨ªrez. Estas personas est¨¢n vinculadas a dos sociedades mercantiles, y se les acusa de los delitos de malversaci¨®n y blanqueo de capitales, derivados de los ¡°cuantiosos ingresos¡± y no justificados obtenidos por la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias durante el periodo de crisis sanitaria de la covid 19 entre los a?os 2020 y 2021.