Las comunidades discrepan del reparto obligatorio de menores migrantes pactado entre el Gobierno y Canarias

El acuerdo entre el Gobierno central y el de Canarias para cambiar la ley de extranjer¨ªa y establecer un reparto obligatorio de menores extranjeros no acompa?ados en casos de emergencia migratoria ha levantado ampollas en los gobiernos auton¨®micos, sobre todo del PP. Tras el anuncio este lunes de que el cambio legislativo, en caso de ser respaldado por las Cortes, obligar¨¢ a una reubicaci¨®n inicial de 2.500 menores (que saldr¨¢n de las islas y de Ceuta), varias comunidades han mostrado su preocupaci¨®n en p¨²blico y en privado. ¡°Todos nos asustamos nada m¨¢s escucharlo y empezamos a llamar¡±, explica una fuente auton¨®mica.

El torrente de declaraciones no se hizo esperar. Catalu?a (con un gobierno de ERC) ha criticado que no se tiene en cuenta sus necesidades ni sus costes de acogida; Andaluc¨ªa (PP) ha lamentado la falta de lealtad y de informaci¨®n; Madrid (PP) y Baleares (PP) han pedido que se acuerden las condiciones del reparto y se han quejado de la unilateralidad; y La Rioja (PP), que bas¨¢ndose en los criterios con los que se trabajan pasar¨ªa de acoger de 11 menores migrantes a 296, ha defendido que ese cupo es ¡°inconcebible¡±. Este lunes, durante la comisi¨®n sectorial de juventud e infancia donde se re¨²nen el ministerio del ramo y las comunidades aut¨®nomas, el asunto se ha impuesto al orden del d¨ªa con los respectivos representantes de cada comunidad pidiendo explicaciones. El ministro de Pol¨ªtica Territorial, ?ngel V¨ªctor Torres, que lidera la negociaci¨®n con las islas, ha instado a que las reclamaciones y propuestas se lleven a las Cortes, donde debe votarse la modificaci¨®n legal.

Las conversaciones con Canarias, donde gobierna Coalici¨®n Canaria y el PP, se hab¨ªan intensificado en las ¨²ltimas semanas. Las islas necesitan una soluci¨®n r¨¢pida y estructural a la saturaci¨®n de su red acogida de menores migrantes cada vez que se produce un repunte de llegadas. Desde enero de 2023, cientos de cayucos han tra¨ªdo al archipi¨¦lago unas 55.000 personas dejando en los centros de acogida a unos 5.500 menores que son responsabilidad de la comunidad aut¨®noma. Est¨¢n desbordados, es m¨¢s del 42% de todos los menores extranjeros no acompa?ados que hay en Espa?a. Es un escenario (aunque ahora con cifras mucho mayores) que ya han sufrido varias veces Ceuta y Melilla, as¨ª como Andaluc¨ªa en 2018, pero hasta ahora no se hab¨ªan logrado m¨¢s que repartos voluntarios que se eternizan y no resuelven el problema. Este mi¨¦rcoles, de hecho, se ha definido en la Comisi¨®n un nuevo cupo de reparto de 400 menores para 2024 cuando los traslados de 2023 est¨¢n lejos de completarse. Coalici¨®n Canaria, que se juega parte de su capital pol¨ªtico en esto, ya no quer¨ªa depender de la buena voluntad de otras regiones as¨ª que condicion¨® su apoyo a la investidura de Pedro S¨¢nchez a una soluci¨®n permanente y obligatoria de reubicaci¨®n. Y ha logrado algo que ni el ahora ministro de Pol¨ªtica Territorial consigui¨® siendo presidente de Canarias con su propio partido en el Gobierno central.

Aunque a¨²n hay letra peque?a por negociar, tanto Torres como el presidente canario, Fernando Clavijo, han consensuado lo fundamental. Se debe cambiar el art¨ªculo 35 de la ley de extranjer¨ªa para que en caso de ¡°contingencia migratoria¡± pueda activarse un reparto obligatorio. El cambio legal est¨¢ ahora pensado para las islas, Ceuta y Melilla, territorios perif¨¦ricos y aislados, muy expuestos a la entrada de inmigrantes irregulares, pero se aplicar¨ªa en cualquier comunidad que vea sobrepasada su capacidad de acogida en un 150%. La distribuci¨®n se decide bas¨¢ndose en un modelo que tiene en cuenta la poblaci¨®n, la renta, la tasa de paro, la dispersi¨®n territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza en la acogida de menores migrantes. Aunque ahora varias comunidades, como Baleares y Catalu?a, cuestionan la idoneidad de esos criterios, son los mismos que todos los territorios acordaron en 2022 para un modelo de reparto voluntario con el que se trabaja actualmente. Est¨¢ por ver a¨²n si se presentar¨¢ mediante real decreto ley, como quiere Canarias, o con una proposici¨®n de ley, como pide el Gobierno. En cualquier caso, deber¨¢ ser respaldado en el Congreso y en el Senado.

El conflicto se ha planteado una vez que las comunidades han visto qu¨¦ cuotas les corresponder¨ªan en el caso de aprobarse el nuevo modelo. M¨¢s o menos satisfechas con un reparto modesto de 400 ni?os y adolescentes, se rebelan con cifras que les obligar¨¢n a hacer un esfuerzo much¨ªsimo mayor. Y lo hacen, independientemente, de los 125 millones de euros que el Gobierno pretende destinar a compensar la acogida. ¡°Esperamos que no salga adelante porque por mucho que nos obliguen no podr¨ªamos dar una respuesta adecuada en tan poco tiempo, necesitamos que siga siendo de forma coordinada¡±, mantienen fuentes de Castilla la Mancha (PSOE). ¡°Nos inquieta que sea un traslado obligatorio porque hasta ahora ofrecemos plazas en funci¨®n de nuestra capacidad. Para dar calidad en la estancia necesitamos un recurso habilitado y tener una financiaci¨®n estable no solo para el primer a?o porque los menores no vienen un a?o y se van¡±, a?ade.

Es una queja compartida. Catalu?a y Andaluc¨ªa, segunda y cuarta comunidad a la que m¨¢s menores le corresponder¨ªan, coinciden en otra cuesti¨®n que conlleva la acogida de este colectivo y que no parece tener en cuenta la propuesta de reparto y financiaci¨®n. La inversi¨®n de muchas comunidades aut¨®nomas no termina cuando cumplen 18 a?os, sino que hay programas de acompa?amiento a la vida adulta que tambi¨¦n financian los gobiernos regionales y que evitan que cientos de chavales se queden en la calle de la noche a la ma?ana.

En general, las comunidades han mostrado su malestar por enterarse del acuerdo con Canarias por la prensa y, en concreto, al comprobar, seg¨²n los c¨¢lculos que public¨® EL PA?S, las cuotas que les corresponder¨ªan. Aunque fuentes del Ministerio de Juventud y Pol¨ªtica territorial han insistido en que esos n¨²meros son solo una propuesta de reparto con la que se trabaja, es el resultado de aplicar los criterios de distribuci¨®n que se pretenden adoptar. En La Rioja, contrariados con el cupo de casi 300 menores que les corresponder¨ªa, han reclamado de una ¡°preocupante descoordinaci¨®n entre ministerios y la falta de una pol¨ªtica clara estatal¡± en materia de inmigraci¨®n. ¡°Hoy les hemos pedido informaci¨®n sobre el ¡®supuesto¡¯ reparto que ayer [por el martes] sal¨ªa publicado en algunos medios y no nos han confirmado nada. Es inconcebible que a La Rioja pueda asign¨¢rsele ese cupo. Seguimos pendientes de las pertinentes aclaraciones por parte del ministerio¡±, han afirmado fuentes de la consejer¨ªa de Pol¨ªticas Sociales.

Hay otro reproche que comparten, al menos p¨²blicamente, Andaluc¨ªa y Madrid. En los ¨²ltimos meses, estas comunidades (y muchas otras) han recibido cientos de menores en sus centros de acogida que fueron trasladados como si fuesen adultos desde Canarias. Las deficiencias en la identificaci¨®n de estos ni?os, han permitido que desde el a?o pasado, el Ministerio de Migraciones haya derivado a la Pen¨ªnsula cientos de migrantes llegados a las islas como si fuesen adultos cuando en realidad no lo eran. Al identificarlos en los centros de acogida y someterles a las pruebas de determinaci¨®n de la edad, la Fiscal¨ªa debe ordenar su ingreso en centros para menores de la comunidad donde est¨¦n y esta tiene la obligaci¨®n de acogerlos.