Lucha contra los bulos y despolitizaci¨®n: ideas para regenerar la democracia

Diciembre de 2017: el PP propone ¡°impulsar m¨¦todos para determinar la veracidad de informaciones¡±. Al PSOE no le gusta: ¡°Se desliza hacia un simple recorte de libertades y hacia la censura¡±. Noviembre de 2020: el Procedimiento de Actuaci¨®n contra la Desinformaci¨®n, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado en el BOE por orden del Ministerio de la Presidencia (en manos del PSOE), establece la posibilidad de que el Gobierno monitorice las redes a la b¨²squeda d...

Diciembre de 2017: el PP propone ¡°impulsar m¨¦todos para determinar la veracidad de informaciones¡±. Al PSOE no le gusta: ¡°Se desliza hacia un simple recorte de libertades y hacia la censura¡±. Noviembre de 2020: el Procedimiento de Actuaci¨®n contra la Desinformaci¨®n, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado en el BOE por orden del Ministerio de la Presidencia (en manos del PSOE), establece la posibilidad de que el Gobierno monitorice las redes a la b¨²squeda de noticias falsas para dar una ¡°respuesta pol¨ªtica¡±. Al PP no le gusta: ¡°No solo atacan a la prensa cr¨ªtica y se?alan a periodistas, sino que crean un orwelliano Ministerio de la Verdad. Un ataque intolerable a la democracia¡±, declara Pablo Casado. Y abril de 2024: el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro S¨¢nchez, denuncia el da?o que los ¡°pseudomedios¡± o ¡°m¨¢quina del fango¡± hacen al sistema y anuncia un plan de regeneraci¨®n democr¨¢tica que no concreta. El l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, responde: ¡°Nos quieren censurar¡±.

El problema es viejo, ha inquietado en distintos momentos a diferentes partidos - tambi¨¦n Vox present¨® en 2020 una ¡°proposici¨®n de ley de regulaci¨®n parcial de la verificaci¨®n de noticias falsas¡±- y es una de las patas de la regeneraci¨®n democr¨¢tica, ya que numerosos estudios, dentro y fuera de Espa?a, advierten de su impacto en la polarizaci¨®n, la crispaci¨®n pol¨ªtica y la desconfianza ciudadana en las instituciones. Pero al igual que ocurre con otras medidas de regeneraci¨®n - la transparencia, la despolitizaci¨®n de la justicia...- , aparecen como una ola en los programas electorales, en los plenos, en las comisiones del Congreso, y se quedan siempre en la orilla, sin concretar, bien porque a una formaci¨®n pol¨ªtica no le interesa lo mismo en la oposici¨®n que en el poder - el PP promet¨ªa en 2011 cambiar el sistema de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, pero con la mayor¨ªa absoluta se le olvid¨®-, bien porque ante la proximidad de unos comicios - y el pa¨ªs se ha instalado en un clima de campa?a permanente- cualquier pacto es visto como signo de debilidad, lo que fulmina los consensos necesarios para ponerlas en pr¨¢ctica. De hecho, S¨¢nchez ha explicado en este diario que pospone ese plan de regeneraci¨®n a despu¨¦s de las elecciones catalanas y europeas (9 de junio). Mientras, una docena de expertos de distintas disciplinas consultados por EL PA?S aportan ideas para mejorar el ecosistema pol¨ªtico. Estas son algunas de ellas.

1. Desinformaci¨®n: alfabetizaci¨®n y control de la publicidad institucional

La Oficina de Ciencia y Tecnolog¨ªa del Congreso, que elige anualmente temas para orientar a los diputados sobre posibles desarrollos legislativos, dedic¨® un informe exhaustivo al asunto en diciembre del a?o pasado. Espa?a, con un medio digital por cada 16.000 habitantes (mayores de 14 a?os), es decir, m¨¢s de 4.000, es el tercer pa¨ªs del mundo, solo por detr¨¢s de EEUU y Reino Unido, con mayor producci¨®n de art¨ªculos cient¨ªficos sobre el tema. El eurobar¨®metro y el Digital News Report, que coordina la Universidad de Oxford, muestran que la poblaci¨®n espa?ola se siente m¨¢s expuesta a la desinformaci¨®n que la de otros pa¨ªses del entorno. Paula Gori, secretaria general del Observatorio Europeo de Medios Digitales, destaca: ¡°Las principales narrativas de desinformaci¨®n desmentidas en 2023 ocurrieron durante las elecciones en nueve pa¨ªses europeos, entre ellos, Espa?a¡±. Ram¨®n Salaverr¨ªa, catedr¨¢tico de Periodismo de la Universidad de Navarra que lidera el proyecto europeo sobre desinformaci¨®n Iberifier, recuerda que, de acuerdo a todos esos sondeos, ¡°es la clase pol¨ªtica, por encima de los medios, la se?alada como principal productora de contenidos falsos¡±.

El diagn¨®stico est¨¢ claro. Las diferentes cepas del virus han sido identificadas: ¡°sesgo cognitivo¡± (la predisposici¨®n a creer determinadas cosas); ¡°curaci¨®n algor¨ªtmica¡± (cuando las redes, plataformas y motores de b¨²squeda ofrecen contenidos filtrados para obtener mayor atenci¨®n); ¡°jajaganda¡± (camuflar la desinformaci¨®n a trav¨¦s del humor; ridiculizar a instituciones p¨²blicas y pol¨ªticos); ¡°pseudomedios¡±, ¡°posverdad¡±... Faltan las vacunas, las soluciones. No son f¨¢ciles, como coinciden los expertos consultados, pero la Uni¨®n Europea y varios proyectos de investigaci¨®n en universidades espa?olas sugieren l¨ªneas de actuaci¨®n.

Para Salaverr¨ªa, ¡°la mejor manera de luchar contra la desinformaci¨®n es m¨¢s y mejor informaci¨®n, por eso la transparencia de la publicidad institucional, saber c¨®mo se financian los medios, es imprescindible¡±. Manuel Villoria, catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica, afirma que ¡°la opacidad en ese aspecto es brutal¡±. Jos¨¦ Julio Fern¨¢ndez Rodr¨ªguez, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, licenciado en Ciencias Pol¨ªticas y en Periodismo y responsable del proyecto de la Universidad de Santiago de Compostela titulado La manipulaci¨®n informativa como problema de seguridad y de calidad democr¨¢tica, considera que la desinformaci¨®n ¡°se ha convertido en un riesgo para la democracia porque el control democr¨¢tico se basa en un proceso de toma de decisiones informado, fundado en datos reales¡± y recuerda ¡°el paquete de regulaci¨®n europeo¡± del que Espa?a puede beneficiarse: ¡°Hay un reglamento de segmentaci¨®n de la publicidad pol¨ªtica, medidas para aumentar la transparencia en los medios y un proyecto de libertad de informaci¨®n que a¨²n no ha salido. De momento, saber qu¨¦ tipo de subvenciones o ayudas reciben los pseudomedios ayudar¨ªa mucho¡±. En primer lugar, a identificarlos como tales.

Preguntado por si las herramientas actuales sirven para atajar el problema, el magistrado Joaquim Bosch, que ha llevado muchos casos de este tipo en los juzgados, afirma: ¡°Sigue habiendo condenas por calumnias o injurias. Lo que ocurre es que hay mentiras muy da?i?as que no son necesariamente delitos y que ahora no tienen una respuesta adecuada porque la ley que regula el derecho de rectificaci¨®n es de principios de los ochenta y ha quedado totalmente desfasada. Ahora un medio difunde un bulo, vas al juez, hay una condena a la rectificaci¨®n, pero el bulo se ha difundido a tal velocidad que ese derecho apenas tiene ya efectos. La legislaci¨®n debe ampliarse para que haya un mayor control, siendo el par¨¢metro que la informaci¨®n se haya difundido con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Posteriormente, una vez que un juez ya ha hecho esa condena, un ¨®rgano gubernativo podr¨ªa imponer sanciones¡±.

Todos los estudios y expertos consultados coinciden, en todo caso, en que la herramienta m¨¢s ¨²til es lo que llaman ¡°alfabetizaci¨®n digital¡±. ¡°Podemos¡±, afirma Salaverr¨ªa, ¡°desarrollar tecnolog¨ªa para identificar contenidos desinformativos, como un radar, pero lo verdaderamente transformador es la educaci¨®n, que la gente sepa, por ejemplo, que las grandes plataformas basan su negocio en la interacci¨®n y que los contenidos falsos y de odio la aumentan. Que te ense?en a distinguir y contrastar fuentes y medios¡±. El catedr¨¢tico Fern¨¢ndez propone ¡°talleres para ni?os¡± en la escuela, pero recuerda que ¡°la educaci¨®n es otro campo de crispaci¨®n pol¨ªtica y seguramente ser¨ªa muy complicado que los partidos se pusieran de acuerdo¡±. La veterana periodista Rosa Mar¨ªa Calaf lo explica con un s¨ªmil: ¡°Igual que se vigila la calidad de los alimentos que comemos, se debe vigilar la informaci¨®n que consumimos porque si comes un producto t¨®xico vas al hospital y si consumes informaci¨®n t¨®xica es el cuerpo social el afectado. Hay que educar a la ciudadan¨ªa para que tenga sentido cr¨ªtico y a los pol¨ªticos que divulgan bulos o financian los medios que los difunden para que tengan sentido ¨¦tico¡±.

2. La Justicia: el Consejo General del Poder Judicial y la acusaci¨®n popular

Para Bosch, miembro de la asociaci¨®n Juezas y Jueces para la Democracia, la falta de renovaci¨®n del Consejo del Poder Judicial, con su mandato caducado desde hace cinco a?os, y ¡°los pronunciamientos que ha hecho siguiendo la estrategia del principal partido de la oposici¨®n¡± han provocado ¡°un enorme descr¨¦dito y desconfianza ciudadana¡±. Propone dos alternativas para ¡°regenerar la instituci¨®n¡±: ¡°Una es el sistema que propugna el Consejo de Europa, que no es un sistema donde los jueces eligen a los jueces, sino mitad y mitad: jueces y Parlamento. La otra es que sea un sistema de elecci¨®n parlamentaria de verdad, no un intercambio de cromos, vetos e imposiciones entre los dos grandes partidos, como ahora. Y que se refuercen las incompatibilidades de forma que juristas muy cercanos a las fuerzas pol¨ªticas no puedan estar en el Consejo¡±. Villoria propone ¡°un sorteo¡± con unos requisitos claros, un ¡°¨®rgano t¨¦cnico¡± para evaluar los m¨¦ritos, criterios de paridad y diversidad y ¡°hearings [examen a los candidatos] en el Congreso¡±.

Otro de los debates que ha resurgido estos d¨ªas a prop¨®sito de la denuncia de Manos Limpias contra la esposa de S¨¢nchez es la opci¨®n de limitar el papel de la acusaci¨®n popular. Bosch admite que ¡°los partidos pol¨ªticos y algunas asociaciones afines pueden tener la tentaci¨®n de usar los tribunales como campo de juego a todos los niveles, nacional, regional y municipal¡±, pero cree que el problema, en este caso, ¡°se ha exagerado porque el que decide es el juez de instrucci¨®n¡±. Si se deja fuera a partidos y sindicatos, como recog¨ªa uno de los anteproyectos de reforma legislativa, a?ade, otras organizaciones afines podr¨ªan intrumentalizar la justicia. ¡°Lo que debe cambiarse, y eso es m¨¢s complicado, es el sistema de investigaci¨®n penal para que los casos no se eternicen¡±.

Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional en Espa?a, recuerda que la acusaci¨®n popular est¨¢ recogida en la Constituci¨®n y a?ade: ¡°En otros pa¨ªses de la UE la acci¨®n penal est¨¢ reservada al ministerio p¨²blico. No obstante, en nuestro ordenamiento se podr¨ªan incorporar cautelas para evitar el uso espurio de la justicia¡±.

3. Colonizaci¨®n institucional y conflicto de intereses

La ley del Defensor del Pueblo, elegido por el Parlamento, dice que ¡°es incompatible con todo cargo pol¨ªtico o actividad de propaganda pol¨ªtica¡± y ¡°con la afiliaci¨®n a un partido pol¨ªtico¡±. A continuaci¨®n a?ade que si el elegido se encuentra en esa situaci¨®n, debe arreglarlo (darse de baja) en los diez d¨ªas siguientes a su nombramiento. Y eso es lo que hacen. El actual es ?ngel Gabilondo, exministro y excandidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid; entre 2012 y 2017 fue Soledad Becerril, exministra y exdiputada del PP y UCD; y antes de ella, ocup¨® el cargo el socialista Enrique M¨²gica. Bosch lo pone como ¡°ejemplo sintom¨¢tico de la colonizaci¨®n partidista de las instituciones¡±: ¡°Las fuerzas pol¨ªticas se han repartido los espacios que ten¨ªan que vigilarlas: El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el de Cuentas... Esta es una de las mayores debilidades de nuestro sistema institucional y se podr¨ªa regular para que ocupar un cargo de ese tipo fuera incompatible con haber sido diputado, ministro o miembro de la ejecutiva de un partido en los ¨²ltimos 20 a?os¡±.

El presidente del CIS, Jos¨¦ F¨¦lix Tezanos, form¨® parte de la ejecutiva del PSOE. Cuando el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar coloc¨® en 2000 al frente del organismo a Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, los socialistas reclamaron una reforma para ampliar el control parlamentario de la instituci¨®n. Feij¨®o calific¨® de ¡°obscenamente partidista¡± el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado del Constitucional, pero en 2012, a propuesta del PP, ingres¨® en el alto tribunal Andr¨¦s Ollero, diputado del partido durante cinco legislaturas. Los ejemplos agotar¨ªan este reportaje.

Para Bacigalupo, ¡°la calidad de la democracia depende tambi¨¦n de la cultura pol¨ªtica institucional de la sociedad¡±. ¡°En los pa¨ªses en los que esa cultura es alta, no hay un debate p¨²blico tan intenso sobre estas instituciones. Por ejemplo, en Alemania no existe una OfIcina de Conflicto de Intereses¡±, explica. En todo caso, cree habr¨ªa que ¡°revisar¡± los recursos con los que cuenta la espa?ola. Villoria critica que se trata ¡°de una oficina sin medios ni competencias reales y dependiente de un Ministerio¡± y propone ¡°disponer de una ley actualizada de conflicto de intereses y crear una verdadera agencia anticorrupci¨®n, similar a la italiana¡±. El Consejo de Transparencia le parece ¡°un tigre sin dientes, porque no puede sancionar¡±, y apuesta por una normativa nacional de lobbies y la publicidad de las agendas del presidente, los ministros, los secretarios de Estado, los directores generales y sus consortes. ¡°No digo que la esposa de S¨¢nchez haya hecho algo malo, pero es lo que llamamos un conflicto de inter¨¦s aparente¡±. Por ¨²ltimo, plantea una reforma del Reglamento del Congreso. ¡°Ahora, cualquier violaci¨®n del c¨®digo ¨¦tico es gratis¡±, lamenta.

Bacigalupo coincide: ¡°En nuestro estudio Integrity Watch Espa?a analizamos el cumplimoento de las declaraciones de los diputados y senadores y el resultado es francamente negativo. No llega a un 10% la publicaci¨®n de las reuniones distintas a las institucionales en ninguna de las C¨¢maras, y la Oficina de Conflictos de Inter¨¦s de las Cortes est¨¢ concebida como un organismo de almacenamiento de datos estad¨ªsticos, sin facultades de sanci¨®n¡±.