El Supremo avala que el Gobierno mantenga bajo secreto el grueso del espionaje a Aragon¨¨s

Los tres documentos desclasificados parcialmente hasta ahora son suficientes. Los seis magistrados de la Secci¨®n Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo han rechazado la petici¨®n de la Generalitat de Catalu?a de levantar el secreto que pesa, entre otros documentos, sobre un informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el pasado diciembre sobre el espionaje al que someti¨® durante diez meses, entre 2019 y 2020, al entonces vicepresidente y actual presidente en funciones del Govern, Pere Aragon¨¨s (ERC), con el programa Pegasus. En un auto dictado el 28 de mayo al que ha tenido acceso EL PA?S, los magistrados avalan la decisi¨®n que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez tom¨® en enero de facilitar ¨²nicamente tres documentos al juez de Barcelona Santiago Garc¨ªa, que instruye la querella presentada por el propio Aragon¨¨s por esta intromisi¨®n.

Uno de estos tres documentos fue el auto judicial de julio de 2019 por el que el magistrado del Supremo Pablo Lucas, responsable de controlar las actividades del servicio secreto, daba luz verde a la intervenci¨®n telef¨®nica del dirigente independentista, que entonces era vicepresidente del Govern liderado por Quim Torra. El CNI hab¨ªa argumentado ante el juez que no pretend¨ªa espiar las comunicaciones institucionales del dirigente de ERC, sino las de un m¨®vil distinto al que ten¨ªa asignado de manera oficial por su cargo y que en el pasado hab¨ªa sido presuntamente utilizado por alguien para coordinar las acciones de los Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR), surgidos para defender la secesi¨®n tras el refer¨¦ndum ilegal del 1-O y que sobre el papel no ten¨ªan l¨ªderes. Entonces a¨²n faltaban meses para que el Supremo dictara la sentencia que llev¨® a la c¨¢rcel a los l¨ªderes del proc¨¦s y desat¨® una oleada de protestas, algunas violentas, en Catalu?a.

Los otros dos documentos desclasificados eran sendas resoluciones judiciales, de octubre de ese mismo a?o ¨Ccoincidiendo con las protestas en respuesta a la sentencia del Supremo¨C y de enero de 2020 ¨Cen plenas negociaciones para la investidura de S¨¢nchez¨C, que prorrogaron las escuchas a Aragon¨¨s hasta abril. En realidad, el juez de Barcelona reclamaba mucha m¨¢s informaci¨®n sobre aquella intromisi¨®n, ya que hab¨ªa requerido toda la documentaci¨®n de la que el CNI dispusiera sobre la compra y uso del software esp¨ªa de fabricaci¨®n israel¨ª Pegasus y sobre las ¡°concretas personas¡± que, en nombre del servicio secreto, lo hab¨ªan comprado. El Gobierno se neg¨® a facilitar estos datos con el argumento de que hacerlo podr¨ªa comprometer la seguridad de los agentes del servicio secreto.

La decisi¨®n ahora conocida del Supremo se produce despu¨¦s de que los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat presentaran el 18 de marzo un recurso contencioso contra el acuerdo del Consejo de Ministros que, el 16 de enero anterior, desclasific¨® ¨²nicamente estos tres documentos. La Generalitat reclamaba que el Gobierno ¡°completara el expediente administrativo con la inclusi¨®n del informe secreto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de fecha 26 de diciembre de 2023¡å. En el recurso, planteaba para superar la previsible reticencia de los magistrados a hacerlo que este documento quedara ¡°a disposici¨®n exclusiva del Tribunal Supremo, adoptando las medidas que se consideren oportunas para salvaguardar su car¨¢cter secreto¡±.

Ese informe supuestamente detalla no solo los indicios esgrimidos por el servicio secreto para espiar a Aragon¨¨s, sino tambi¨¦n a otros 17 l¨ªderes independentistas catalanes cuyos tel¨¦fonos m¨®viles fueron infectados con el programa Pegasus, como reconoci¨® Paz Esteban, exdirectora del CNI, el 5 de mayo de 2022 en su comparecencia ante la comisi¨®n de secretos oficiales del Congreso. Sin embargo, el Supremo rechaza de plano hacerlo porque considera que ¡°no hay ninguna raz¨®n para sostener que el referido informe secreto debiera formar parte del expediente administrativo¡± que desemboc¨® en la desclasificaci¨®n de los tres autos. Los magistrados recalcan que en este expediente ¡°no tiene por qu¨¦ recogerse la informaci¨®n clasificada, sino ¨²nicamente los tr¨¢mites y, en su caso, las razones que condujeron solo a decidir una desclasificaci¨®n parcial¡±.

El alto tribunal tambi¨¦n descarta aceptar la petici¨®n de la Generalitat de acceder a ¡°cualquier otra resoluci¨®n¡± del magistrado Pablo Lucas sobre la ¡°intervenci¨®n del n¨²mero telef¨®nico de titularidad del CTTI [Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci¨®] de la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n catalana [que en aquel momento usaba Aragon¨¨s] as¨ª como cualquier otra informaci¨®n sobre las actuaciones del CNI en relaci¨®n con dicho n¨²mero telef¨®nico¡±. Los magistrados concluyen que esta petici¨®n tampoco procede ¡°porque se trata de una solicitud gen¨¦rica¡± y critican que los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat no expliquen ¡°por qu¨¦ todo ello habr¨ªa debido formar parte del expediente administrativo¡±.

El caso Pegasus sali¨® a la luz a ra¨ªz de un informe realizado por Citizen Lab, un grupo ligado a la Universidad de Toronto (Canad¨¢) y especializado en ciberseguridad. Seg¨²n esa investigaci¨®n, al menos 63 pol¨ªticos, abogados y activistas independentistas hab¨ªan sufrido la infecci¨®n de sus tel¨¦fonos m¨®viles con el programa esp¨ªa en jornadas clave para el movimiento secesionista catal¨¢n tras 2017. Aquella revelaci¨®n dio lugar a m¨¢s de una decena de acciones judiciales por parte de los afectados, aunque la de Aragon¨¨s es la que m¨¢s ha avanzado.

En julio de 2022, el presidente catal¨¢n present¨® una querella contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y contra NSO Group, la empresa israel¨ª propietaria del sistema Pegasus. Esteban declar¨® como investigada ante el juez de Barcelona justo despu¨¦s de que el Gobierno declasificara en enero los tres documentos, aunque en aquella comparecencia no aport¨® dato alguno sobre el ataque con Pegasus al m¨®vil del president, escud¨¢ndose en que era informaci¨®n protegida por la ley de secretos oficiales.