El Gobierno corteja a sus socios catalanes con resultado incierto
La divisi¨®n de ERC dificulta la oferta de los socialistas. El Fiscal se apoya en una sentencia del Supremo para defender la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa a todos los delitos
Los pol¨ªticos catalanes invocan su proclividad a apurar los plazos hasta el l¨ªmite para dejar puertas abiertas sobre si en ocho d¨ªas habr¨¢ un candidato con garant¨ªas, o incluso sin ellas, a presidir la Generalitat. A d¨ªa de hoy, el proceso de construir una mayor¨ªa en torno al candidato que gan¨® las elecciones catalanas, el socialista Salvador Illa, camina con enorme dificultad. La otra posibilidad, que sea Carles Puigdemont, candidato de Junts, a¨²n se vislumbra m¨¢s lejana. La opci¨®n del PSC, con el benepl¨¢cito sin matices ni tapujos del PSOE, de su m¨¢ximo l¨ªder y jefe del gobierno, Pedro S¨¢nchez, se mantiene invariable en conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El cortejo a ERC se practica a cara descubierta. El problema es m¨²ltiple. La primera cuesti¨®n es saber qui¨¦nes tienen capacidad de interlocuci¨®n y decisi¨®n en el partido republicano y soberanista para dar el s¨ª a la investidura de Illa.
Todos los interrogantes carecen de respuesta a corto plazo porque el proceso interno de ERC est¨¢ en sus comienzos. Ahora mismo no hay un criterio un¨ªvoco en el partido sobre si la primera decisi¨®n del proceso de reflexi¨®n abierto, tras la debacle electoral del pasado 12 de mayo, debe ser apoyar al PSC.
Ante esta incertidumbre, los socialistas observan los movimientos internos de ERC como si se tratara de un proceso propio. Les va el Gobierno catal¨¢n en su resultado. El marco en el que se mueven lo tienen bien definido: qui¨¦n gana en ERC y con qu¨¦ decisiones respecto al gobierno de la Generalitat y el central. No es f¨¢cil. Dentro de las bases republicanas, los partidarios de rechazar la opci¨®n de compartir destino con los socialistas no son pocos. ?Qui¨¦nes son m¨¢s? La respuesta no est¨¢ a¨²n definida, testada ni verificada. S¨ª saben en el PSC, tambi¨¦n en amplios sectores de ERC, que Junts per Catalunya les sigue muy de cerca, presto a denunciar ante la sociedad catalana af¨ªn al soberanismo su entrega al PSC, al PSOE, a Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, se ha implicado directa y personalmente para allanar el camino a la investidura de su amigo y l¨ªder del partido hermano, Salvador Illa. No pod¨ªa ser de otra manera, toda vez que las demandas de ERC solo pueden ser satisfechas por el Gobierno de Espa?a. La principal exigencia es la de una financiaci¨®n ¡°singular¡± para Catalu?a, cuyo apellido otorga munici¨®n de grueso calibre contra Pedro S¨¢nchez al PP, a sus comunidades aut¨®nomas y a alguna del PSOE.
El escollo no es peque?o. En ERC, los partidarios del no es no a apoyar a un socialista para que gobierne Catalu?a opinar¨¢n sobre el modelo de financiaci¨®n que se les pueda ofrecer, pero sin que haya relaci¨®n causa efecto con la investidura del pr¨®ximo presidente de la Generalitat. La otra variable est¨¢ en el campo del Gobierno de Espa?a: la propuesta que va a ofrecer ser¨¢ o no suficiente para que incluso los m¨¢s receptivos en el campo republicano puedan considerarla aceptable. Tampoco est¨¢ asegurado. La alternativa al bloqueo total ser¨¢ la repetici¨®n electoral en el mes de octubre, previa convocatoria a ¨²ltimos del mes de agosto. Solo le interesan elecciones a los de Junts, en absoluto a ERC. Y el PSC no las teme.
En el cesto de cerezas que entrelaza a la formaci¨®n del Govern en Catalu?a y la estabilidad del Ejecutivo central entra de lleno la aplicaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa. No solo Carles Puigdemont tiene muchas razones para pensar que su libre albedr¨ªo est¨¢ en entredicho a corto plazo, sino tambi¨¦n el dimitido l¨ªder de ERC, Oriol Junqueras, cuya inhabilitaci¨®n para ostentar cargo p¨²blico, previa recuperaci¨®n de su derecho a ser elegido, parece que seguir¨¢ vigente, por lo que trasciende de las posiciones que est¨¢n manteniendo las m¨¢s altas instancias judiciales competentes.
Sus argumentos dicen ser estrictamente jur¨ªdicos, al igual que los que sostiene el Fiscal General del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, quien defiende que los delitos a amnistiar abarcan la totalidad de los que pesan sobre los l¨ªderes del proc¨¦s . El Tribunal Supremo les conden¨® por malversaci¨®n y la propia sentencia se?ala que esta se produjo sobre recursos del Estado y no de la Uni¨®n Europea, que es uno de los argumentos de los fiscales del Supremo para rechazar la amnist¨ªa. La propia sentencia sobre el proc¨¦s servir¨¢ de apoyo argumental a ?lvaro Garc¨ªa Ortiz ante los fiscales que en su d¨ªa vieron delito de rebeli¨®n en los dirigentes independentistas juzgados donde el tribunal sentenciador vio y conden¨® por sedici¨®n.
Tampoco tiene dudas jur¨ªdicas el fiscal general de la correcci¨®n de su actuaci¨®n en el caso de la pareja de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso. La Fiscal¨ªa no difundi¨® ning¨²n dato personal sino que sali¨® al paso de una flagrante falsedad, sostendr¨¢ el Fiscal si es llamado a declarar judicialmente. Su certeza es tal que, pase lo que pase, incluido que le imputen, no dejar¨¢ su cargo. El Gobierno no le puede cesar. Ser¨¢ un nuevo Ejecutivo el que pueda relevarle, pero no habr¨¢ elecciones generales a medio plazo, a no ser que desde Catalu?a se haga zozobrar la nave del Estado.
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