Los tribunales arrancan la amnist¨ªa con el freno de mano puesto

Intu¨ªan que no iba a ser un camino de rosas. Que las causas judiciales contra ellos no iban a desaparecer de la noche a la ma?ana. Que tendr¨ªan que pelear y ganar la medida de gracia pese a que el redactado contempla ¡°a todas las personas sin excepci¨®n¡± que participaron en el proceso de independencia de Catalu?a y fueron objeto, por ello, de procesos judiciales. El pron¨®stico agorero de la mayor¨ªa de los posibles beneficiarios de la Ley de Amnist¨ªa (486 personas, seg¨²n los c¨¢lculos de la Fiscal¨ªa) se est¨¢ viendo confirmado con los primeros compases de su aplicaci¨®n, que por ahora no ha tenido consecuencias tangibles para ellos. Los amnistiables mantienen la esperanza, pero siguen recelosos.

Los primeros pasos dados por los jueces, en especial por los del Tribunal Supremo, no invitan al optimismo. M¨¢s bien acreditan el temor de que la amnist¨ªa se aplique, en lo que se refiere a las grandes causas que se ventilan en Madrid, al ralent¨ª, a rega?adientes, de forma restrictiva. O que incluso no llegue a aplicarse en absoluto en algunos casos. Los magistrados han arrancado el motor de la amnist¨ªa, pero han mantenido puesto el freno de mano, sin aclarar si pisar¨¢n el acelerador, aunque con pocas ganas de hacerlo. Su resistencia a actuar de oficio ha evidenciado una nueva guerra en la Fiscal¨ªa y, de rebote, produce efectos directos en el proceso de investidura del pr¨®ximo presidente de la Generalitat.

El juez Pablo Llarena, instructor de la causa del proc¨¦s en el Tribunal Supremo, es el que m¨¢s remiso se ha mostrado a la aplicaci¨®n de la ley. El martes, cinco horas despu¨¦s de que entrase en vigor con su publicaci¨®n en el BOE, dict¨® una resoluci¨®n que deja entrever sus dudas acerca de que el perd¨®n pueda aplicarse a los casos de Carles Puigdemont, Toni Com¨ªn o Llu¨ªs Puig, procesados por el refer¨¦ndum del 1-O pero nunca juzgados porque se marcharon al extranjero para eludir la acci¨®n de la justicia espa?ola. Llarena cita expresamente las exclusiones de la ley y, en particular, los delitos (en alusi¨®n a la malversaci¨®n) que ¡°afecten a los intereses financieros de la Uni¨®n Europea¡±. Y recuerda que ¨¦l y los suyos, o sea el ¡°poder judicial¡±, tienen la ¨²ltima palabra para identificar a las ¡°concretas personas¡± que vayan a beneficiarse de la ley.

Tras conocerse el texto definitivo pactado entre el PSOE y los grupos pol¨ªticos que respaldan la amnist¨ªa, empezaron las disquisiciones t¨¦cnico-jur¨ªdicas sobre su aplicaci¨®n por parte de los tribunales. Hab¨ªa un primer paso que parec¨ªa obvio para los miembros del poder judicial y juristas consultados a lo largo de estos meses, y es que los jueces tendr¨ªan que levantar las medidas cautelares vigentes. El redactado de la ley es pr¨ªstino sobre ese asunto. El ¨®rgano judicial que conozca una causa vinculada al proceso de independencia de Catalu?a ¡°proceder¨¢ a dejar sin efecto las ¨®rdenes de busca y captura e ingreso en prisi¨®n¡±, pero tambi¨¦n ¡°las ¨®rdenes nacionales, europeas e internacionales¡±. Y debe hacerlo de forma ¡°inmediata¡±.

Pero lo que parec¨ªa un automatismo no lo est¨¢ siendo en la pr¨¢ctica. Al menos, en esta primera fase. Llarena ha mantenido por ahora vigentes las ¨®rdenes de detenci¨®n y ha pedido a las partes presentes en el procedimiento (la Fiscal¨ªa, el resto de las acusaciones y las defensas) que se pronuncien sobre la necesidad de levantarlas. En su providencia llega a recordar a los cuerpos policiales que, hasta que no diga lo contrario, si alguno de los procesados pisa territorio espa?ol debe ser arrestado.

Por su repercusi¨®n en el imaginario colectivo y por sus consecuencias pol¨ªticas, la situaci¨®n de Puigdemont es la que suscita mayor inter¨¦s. El plazo de cinco d¨ªas dado por Llarena expira a principios de la semana que viene, por lo que el magistrado tiene tiempo de sobra, si quiere, para pronunciarse sobre el levantamiento de la orden de detenci¨®n antes del 25 de junio, cuando est¨¢ previsto el primer debate de investidura en el pleno del Parlament. De esa decisi¨®n puede depender que Puigdemont regrese a Catalu?a y opte (pese a que carece, sobre el papel, de los apoyos para ello) a la investidura. Pese a que ya ha anunciado otras veces un regreso que luego no se ha concretado, su abogado, Gonzalo Boye, subraya que esta vez s¨ª, que haya desaparecido o no el riesgo de detenci¨®n el expresident estar¨¢ en Barcelona para esa fecha.

El Tribunal Supremo ha activado el procedimiento previsto en la Ley de Amnist¨ªa en otros dos casos: la causa ya juzgada contra los l¨ªderes del proc¨¦s, amnistiados de la pena de c¨¢rcel pero pendientes de que se levante su inhabilitaci¨®n; y la parte referida a los aforados (Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg) del proceso sobre Tsunami Democr¨¤tic, el movimiento que organiz¨® las movilizaciones contra la sentencia del proc¨¦s en 2019 y a cuyos presuntos responsables se atribuye un delito de terrorismo. En todos los casos, los jueces han pedido a las partes que informen sobre si corresponde aplicarles la Ley de Amnist¨ªa.

Guerra de desgaste en la Fiscal¨ªa

La aplicaci¨®n de la ley tambi¨¦n ha topado con obst¨¢culos por el lado de la Fiscal¨ªa. Los fiscales del proc¨¦s creen que la medida de gracia no contempla la malversaci¨®n cometida por los dirigentes del 1-O, lo que ha obligado al fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, a darles una orden como superior jer¨¢rquico: ¡°Procede amnistiar las conductas y levantar las medidas cautelares a los encausados del proc¨¦s¡±. Pero los fiscales no se dan por vencidos y han forzado la convocatoria de una junta de fiscales de sala que se celebrar¨¢ este martes. Una guerra de desgaste, est¨¦ril, ya que en ¨²ltima instancia la decisi¨®n depende de los jueces.

Una de las ideas m¨¢s comentadas en los pasillos del Supremo durante las ¨²ltimas semanas es que no se aplicar¨ªa directamente la ley porque su encaje legal suscitaba dudas. Y que esos interrogantes se ventilar¨ªan remitiendo una cuesti¨®n prejudicial preferentemente ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) y no ante el Tribunal Constitucional, ahora en manos de una mayor¨ªa progresista. Aunque esa medida implicar¨ªa paralizar la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa, no afectar¨ªa a las medidas cautelares. Es la v¨ªa que por la que ha optado, en el terreno administrativo, el Tribunal de Cuentas. Pero en la v¨ªa penal hay una alternativa que, a la vista de los pasos dados por Llarena, va tomando cuerpo, y es que se rechace de plano la medida de gracia: que no se aplique y que, en consecuencia con esa negativa, ni siquiera se levanten las ¨®rdenes de detenci¨®n.

En ese escenario, los afectados deber¨ªan activar los mecanismos necesarios (recursos) para ser amnistiados. Esas resistencias son m¨¢s probables en las grandes causas de Madrid que en los juzgados de Barcelona, donde la amnist¨ªa puede circular a mayor velocidad y sin tantos contratiempos. No solo por una cuesti¨®n sociol¨®gica o de sensibilidad de los jueces, sino sobre todo por la naturaleza de los delitos que se investigan. Salvo la cusa que investiga el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona ¡ªcon una veintena de cargos de ERC y Junts investigados por malversaci¨®n en el 1-O¡ª hay casos que, siempre en principio, quedan fuera de toda duda. Son los que afectan a ciudadanos an¨®nimos. Como los encausados por des¨®rdenes p¨²blicos durante las protestas de 2019. O los polic¨ªas que se excedieron en el uso de la fuerza para reprimir las votaciones en el refer¨¦ndum ilegal. En resoluciones muy breves, neutras, sin connotaciones de ninguna clase, la mayor¨ªa de esos jueces ha dado diez d¨ªas a las partes para que se pronuncien sobre la amnist¨ªa antes de tomar una decisi¨®n.

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