El Constitucional se dispone a quitar el delito de malversaci¨®n a Gri?¨¢n y su ¡®n¨²mero dos¡¯ en el caso de los ERE

El Tribunal Constitucional va a conceder amparo a la exconsejera de Hacienda de la Junta de Andaluc¨ªa, la socialista Carmen Mart¨ªnez Aguayo, en el caso de los ERE, lo que se traducir¨¢ en una nueva sentencia de la Audiencia de Sevilla que deber¨¢ exculparla del delito de malversaci¨®n por el que fue condenada en 2019, seg¨²n ha adelantado este lunes El Espa?ol y confirman fuentes jur¨ªdicas. Mart¨ªnez Aguayo recibi¨® una pena de seis a?os de c¨¢rcel por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, e ingres¨® en prisi¨®n en diciembre de 2022. Logr¨® el r¨¦gimen de semilibertad hace apenas dos semanas, tras pasar a?o y medio en la c¨¢rcel.

Por los mismos delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n fue condenado el expresidente de la Junta Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, que previsiblemente se ver¨¢ tambi¨¦n beneficiado ahora por esta interpretaci¨®n del Constitucional, seg¨²n confirman las mismas fuentes. Mart¨ªnez Aguayo fue viceconsejera de Hacienda cuando Gri?¨¢n era consejero y, posteriormente, pas¨® a ocupar la m¨¢xima responsabilidad de Hacienda.

La sentencia de 2019 de la Audiencia de Sevilla fue ratificada en 2022 por el Supremo, por lo que esta resoluci¨®n del Constitucional supone un fuerte varapalo para ambos tribunales. Se une, adem¨¢s, a la revisi¨®n que hizo tambi¨¦n el ¨®rgano de garant¨ªas la semana pasada respecto al delito de prevaricaci¨®n, planteando una sustancial rebaja en el caso de otra de las condenadas, la exconsejera Magdalena ?lvarez. Todo ello podr¨ªa vaciar pr¨¢cticamente de contenido las sentencias de la Audiencia sevillana y del Supremo, que dictaron fallos condenatorios para 15 procesados por el caso de los ERE.

La sentencia de los ERE concluy¨® que, entre los a?os 2000 y 2009, la entonces c¨²pula del PSOE andaluz, que gobernaba la Junta, urdi¨® un ¡°sistema fraudulento¡± dotado con 680 millones de euros que, en medio de un ¡°descontrol absoluto¡±, reparti¨® fondos a empresas en crisis para garantizar la ¡°paz social¡±. Cinco exaltos cargos de la Junta fueron inhabilitados por prevaricaci¨®n, y diez m¨¢s recibieron, adem¨¢s, penas de prisi¨®n por malversaci¨®n (entre ellos, el expresidente Gri?¨¢n, aunque este no lleg¨® a entrar en la c¨¢rcel por motivos de salud).

El Constitucional ya cuestion¨® la semana pasada aquella condena respecto a uno de los delitos, el de prevaricaci¨®n, argumentando que no puede cometerse ese delito en la aprobaci¨®n de una ley de Presupuestos (que inclu¨ªa las partidas para las ayudas fraudulentas de los ERE) porque una ley no es un ¡°acto administrativo¡±. Y este lunes fuentes del ¨®rgano de garant¨ªas han confirmado que la ponencia (borrador de sentencia) sobre la condena a Mart¨ªnez Aguayo la exculpa tambi¨¦n del delito de malversaci¨®n. Esa propuesta cuenta en principio con el apoyo de siete magistrados, todos ellos elegidos a propuesta del PSOE, y el voto en contra de los cuatro magistrados elegidos a propuesta del PP.

El argumento de la ponencia es que no pudo haber malversaci¨®n en la gesti¨®n de los responsables pol¨ªticos de la Junta de Andaluc¨ªa que no trabajaban directamente en el ¨¢rea de Empleo, encargada de adjudicar las ayudas a las empresas en crisis. Es exactamente la tesis que defendieron las dos magistradas del Supremo que en 2022 firmaron votos particulares (discrepantes con la sentencia) y que sostuvieron que la condena por malversaci¨®n a los altos cargos ajenos a la Consejer¨ªa de Empleo ¡ªincluido Gri?¨¢n¡ª era un ¡°salto al vac¨ªo¡± basado en ¡°datos no concluyentes¡±.

Aquel voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo argumentaba que una cosa es aprobar un sistema espec¨ªfico para agilizar la concesi¨®n y el pago de ayudas sociolaborales y otra muy distinta es que ¡°los acusados ajenos a la referida consejer¨ªa [la de Empleo] tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta por los funcionarios ejecutores del presupuesto¡±. El Constitucional ha partido de esa argumentaci¨®n para elaborar su postura a favor de quitar el delito de malversaci¨®n a varios condenados por los ERE.

Esa tesis ha sido compartida adem¨¢s en los ¨²ltimos a?os por especialistas en Derecho Penal, como el catedr¨¢tico Gonzalo Quintero Olivares, quien ha defendido en varios art¨ªculos que los actos que originaron la sentencia de los ERE no merec¨ªan las sanciones penales impuestas. ¡°Las sentencias ¡®inventan¡¯ una especie de ¡®acto administrativo presupuestario¡¯ (concepto jur¨ªdicamente inexistente) que luego transforman en ¡®acto prevaricador¡¯, todo claramente al margen del Derecho penal, infringiendo abiertamente el principio de legalidad¡±, escribi¨® Quintero Olivares. Y a?ad¨ªa: ¡°Pues solo as¨ª se puede mantener un dislate como decir, por ejemplo, que Carmen Mart¨ªnez Aguayo, viceconsejera de Econom¨ªa y Hacienda, ¡®prevaric¨®' por trabajar en la Consejer¨ªa en la preparaci¨®n del Proyecto de Ley de Presupuestos que luego se enviar¨ªa al Parlamento, y lo peor, y ah¨ª el desprecio al Derecho penal es a¨²n mayor, que con esa misma actividad administrativa ?tambi¨¦n malvers¨®! Otro tanto puede decirse de los dem¨¢s condenados que eran ajenos a la Consejer¨ªa de Empleo¡±.

El Constitucional ya anticip¨® en su ¨²ltimo pleno que la doctrina de la sentencia sobre Magdalena ?lvarez ser¨ªa tomada en consideraci¨®n en las siguientes resoluciones sobre el caso de los ERE, entre ellas las referidas a los recursos de los expresidentes Manuel Chaves (condenado por prevaricaci¨®n) y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (prevaricaci¨®n y malversaci¨®n). Fuentes del ¨®rgano de garant¨ªas explicaron que cada recurso tiene sus propias caracter¨ªsticas, pero se?alaron que los principios sentados en el fallo relativo a Magdalena ?lvarez se aplicar¨ªan al resto. Las mismas fuentes subrayan que todos los recursos fueron asignados a una misma ponente ¡ªla vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalb¨¢n¡ª precisamente para facilitar una visi¨®n de conjunto sobre la causa.